Fecha de publicación: 02/03/2016
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ordenó a Venezuela pagar a Tidewater una cuota de 27,4 millones de dólares, como parte de una compensación por la expropiación de varios de los activos de la compañía estadounidense, ocurrida en 2009.
De esta manera el Centro desestimó una solicitud venezolana para suspender la ejecución del laudo arbitral que obligaba al gobierno suramericano a compensar a Tidewater por la nacionalización de 11 de sus buques, ejecutada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Luego de que Tidewater acudiera al Ciadi para obtener una indemnización por esta expropiación, y luego de que el Centro estableciera que la nacionalización fue legal, el tribunal del Banco Mundial fijó el monto de la compensación en 46,4 millones de dólares, bajo el concepto de “cuentas por cobrar” por servicios que la empresa norteamericana prestó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Poco después de esta decisión (tomada en marzo de 2015), Venezuela interpuso la solicitud de suspensión de ejecución del laudo y ejecución del pago, en julio de ese año. Sobre esta solicitud es que el tribunal mundial se ha pronunciado esta semana: continúa la suspensión del pago por concepto de compensación, por 18,9 millones de dólares, y por reembolso parcial de los costos, por 2,5 millones de dólares, pero deben pagarse los 27,4 millones de dólares de la suma no controvertida.
Por su parte, Tidewater indicó que tiene la intención de tomar las medidas apropiadas para hacer cumplir la sentencia de Ciadi pero que reconoce que “incluso con el levantamiento parcial de la suspensión de la ejecución, la empresa reconoce que el cobro de la compensación puede presentar desafíos prácticos significativos (...) debido a que el procedimiento de anulación está pendiente.”
Venezuela se retiró de Ciadi en 2012, pero debe responder a una veintena de demandas ante el Banco Mundial, todas por montos millonarios. Esta es la segunda sentencia que obliga a la nación suramericana a pagar una indemnización por expropiación en menos de un mes.
De esta manera el Centro desestimó una solicitud venezolana para suspender la ejecución del laudo arbitral que obligaba al gobierno suramericano a compensar a Tidewater por la nacionalización de 11 de sus buques, ejecutada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.
Luego de que Tidewater acudiera al Ciadi para obtener una indemnización por esta expropiación, y luego de que el Centro estableciera que la nacionalización fue legal, el tribunal del Banco Mundial fijó el monto de la compensación en 46,4 millones de dólares, bajo el concepto de “cuentas por cobrar” por servicios que la empresa norteamericana prestó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Poco después de esta decisión (tomada en marzo de 2015), Venezuela interpuso la solicitud de suspensión de ejecución del laudo y ejecución del pago, en julio de ese año. Sobre esta solicitud es que el tribunal mundial se ha pronunciado esta semana: continúa la suspensión del pago por concepto de compensación, por 18,9 millones de dólares, y por reembolso parcial de los costos, por 2,5 millones de dólares, pero deben pagarse los 27,4 millones de dólares de la suma no controvertida.
Por su parte, Tidewater indicó que tiene la intención de tomar las medidas apropiadas para hacer cumplir la sentencia de Ciadi pero que reconoce que “incluso con el levantamiento parcial de la suspensión de la ejecución, la empresa reconoce que el cobro de la compensación puede presentar desafíos prácticos significativos (...) debido a que el procedimiento de anulación está pendiente.”
Venezuela se retiró de Ciadi en 2012, pero debe responder a una veintena de demandas ante el Banco Mundial, todas por montos millonarios. Esta es la segunda sentencia que obliga a la nación suramericana a pagar una indemnización por expropiación en menos de un mes.
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