En Argentina, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle, discutió -en la octava reunión ordinaria del Consejo Asesor- el proyecto de la Ley Federal para la Industria y la Producción Audiovisual, elaborado por el Espacio Audiovisual Nacional e introducido, en diciembre pasado, en la Cámara Baja del Senado con el apoyo de 21 diputados. Este proyecto reemplazaría a la Ley de Cine Nº 17.741.
El proyecto, con contexto federal, 16 capítulos y 61 artículos, actualizará la Ley de Cine por considerar que sus fundamentos son caducos al excluir todos los desarrollos tecnológicos actuales.
Entre sus principales propuestas se encuentran modificar la estructura de conducción del Incaa e incluir en este profesionales en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales de toda Argentina; ampliar el concepto de “cuota de pantalla” y ampliar el catálogo de programación con producciones nacionales; derivar al Fondo de Fomento de la ley parte del gravamen por concepto de IVA que pagan actualmente las productoras y distintas plataformas; incluir nuevos criterios que tomen en cuenta nuevas producciones narrativas e interactivas (como los videojuegos) y los nuevos métodos de comercialización de estas obras, y establecer un fondo específico de 25 % de la masa de fomento para la producción audiovisual de parte de empresas privadas y públicas.
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Adicionalmente, establece subsidios para el desarrollo de proyectos audiovisuales, con adjudicación directa para los guionistas presentantes; introduce la perspectiva de género y crea un fondo para el fomento de producciones audiovisuales de directoras; establece que el crédito a la producción pueda gestionarse ante los bancos públicos o privados y modifica la antigua concepción de fomentar únicamente la producción para incluir toda la cadena del proceso de la industria audiovisual (proyecto, lanzamiento y difusión).
En la aplicación de esta nueva ley, el Incaa (ente público no estatal continuador del Incaa de la Ley Nº 17.741) tendrá un papel central, debido a que será el ente encargado del fomento y regulación de la producción, distribución, promoción y exhibición de los proyectos audiovisuales nacionales, además apoyará a la Cinemateca Nacional, formará profesionales y técnicos, administrará los recursos, aranceles y multas dispuestos en la Ley y promoverá la federalización de las artes audiovisuales, entre otras obligaciones.
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