Hoet Peláez & Castillo Duque (HPCD) anunció la incorporación de Hildamar Fernández como nueva consultora del área de práctica penal, que está dirigida por el socio Carlos Domínguez y conformada por cinco profesionales.
Actualmente, la firma cuenta con ocho socios, cuatro asociados, cinco consultores, y 19 abogados.
La firma venezolana explicó a LexLatin que “el delito informático ha venido en aumento” lo que establece como retos para esta área -y las restantes- “poder brindar una atención efectiva y eficaz a todos nuestros clientes”.
En ese sentido, la incorporación de Fernández, especialista en derecho de altas tecnologías y derecho informático, “obedece a una política de atención y servicio al cliente, brindando apoyo global en la mayor cantidad de áreas posibles”.
Sobre su trayectoria
Hildamar Fernández es abogada penalista con formación en Derecho de Alta Tecnología y posee amplia experiencia en redacción e implantación de políticas de seguridad. Cuenta con una trayectoria profesional de 15 años, en la que se ha especializado en investigaciones en el área de delitos informáticos e incidentes telemáticos.
También cuenta con gran experiencia en pruebas electrónicas; protección de datos, implementación y uso de firma electrónica, y delincuencia organizada, entre otras áreas.
Ha dictado numerosas conferencias internacionales en derecho de alta tecnología, certificación electrónica, seguridad informática y delitos informáticos.
Durante el año 2015 fue subdirectora del Despacho de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.
En el año 2000 integró el equipo técnico del Ministerio Público encargado de la elaboración del Manual de Manejo de Evidencias y Cadena de Custodia. Hasta 2004 se desempeñó como Fiscal 7ª del Área de Salvaguarda del Patrimonio Público (actualmente Contra la Corrupción).
También fue representante del Ministerio Público en la Reunión de Expertos Gubernamentales en Delitos Cibernéticos en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C. Hasta 2008 ejerció como Fiscal 17ª del Área Delitos Comunes.
Se desempeñó como asesora externa de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, y representante de dicha entidad ante la Comisión Europea - Certificación en Cybercrimen y Evidencias Electrónicas, del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación.
Egresó como abogada de la Universidad Central de Venezuela. Cursó un Postgrado en Derecho Penal Especial en la Universidad de Salamanca, en España; una Especialización en Derecho Penal en la Universidad Santa María; y una actualización en Derecho Informático en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa una Especialización en Derecho de Alta Tecnología en la Universidad Católica Argentina.
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