Fecha de publicación: 16/08/2016
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Glencore International Plc inició un procedimiento de arbitraje internacional de acuerdo a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL por sus siglas en inglés) en contra de Bolivia para exigir una indemnización por la nacionalización de tres de sus plantas, expropiadas por el gobierno del presidente de esa nación, Evo Morales.
La notificación de arbitraje fue presentada este 19 de julio. En la disputa, Glencore International Plc. es asesorada por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en Washington, D.C. y Nueva York, mientras que Bolivia es representada por la Procuraduría General del Estado Boliviano.
Sobre la notificación, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, precisó a través de un comunicado que Glencore es una empresa que “tenía la posibilidad de solicitar el Tratado Bilateral de Protección de inversiones (TBI) entre Bolivia y Suiza, pero que decidió ampararse en un TBI suscrito por Bolivia con el Reino Unido". Igualmente, calificó el proceso de “infundado”.
Medios internacionales indicaron que la empresa “entregó al Estado más de 70 millones de dólares en impuestos y otros pagos” y que “pretendía invertir más de 160 millones de dólares en los próximos cinco años en Bolivia", de los que más de 80 millones serían destinados a Colquiri.
El gobierno boliviano ejecutó la expropiación de las plantas de fundición de estaño y antimonio del Complejo Metalúrgico Vinto a través de la emisión del decreto N° 29026, con fecha del 7 de febrero de 2007. Luego, el decreto N° 0499 emitido el 1° de mayo de 2010, dio la potestad de la planta de antimonio Vinto al Estado de Bolivia.
Finalmente, en 2012, mediante el decreto supremo N° 1264, se determinó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asumiera el control del centro minero Colquiri.
Freshfields indicó a LexLatin que “luego de numerosas reuniones a lo largo de casi una década, Glencore y Bolivia no pudieron resolver la controversia de manera amigable” y que “hasta la fecha no se ha pagado indemnización por parte de Bolivia para estas nacionalizaciones, lo que violó la ley internacional”, motivo por el cual la empresa suiza decidió recurrir al arbitraje para la solución del conflicto.
Por ahora, el Estado boliviano tiene plazo hasta el 18 de agosto de este año para presentar su respuesta a la demanda, mientras que la procuraduría de ese país prevé argumentar que existieron ciertas irregularidades en la subasta, venta y transferencia de esos activos a la administración boliviana.
Glencore International Plc. es uno de los mayores grupos de explotación de recursos naturales del mundo, con oficinas principales en Baar, Suiza, y un portafolio de incluye materias primas y alimentos, desde cobre hasta trigo y cebada. La empresa cotiza en las bolsas de Londres y Hong Kong y emplea unas 110.000 personas en 50 países.
Glencore es también el primer accionista de la firma anglo-suiza Xstrata, y ambos participan en unas 35 minas de Carbón en Colombia, África y Australia, representando así 10 % del suministro mundial que se transporta por vía marítima.
Asesores del Estado Plurinacional de Bolivia:
Procuraduría General del Estado Boliviano: Procurador Héctor Enrique Arce Zaconeta.
Asesores de Glencore Internacional Plc.:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socios Nigel Blackaby (Washington, D.C.) y Noiana Marigo (Nueva York). Asociada senior Natalia Zibibbo (Washington, D.C.)
La notificación de arbitraje fue presentada este 19 de julio. En la disputa, Glencore International Plc. es asesorada por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en Washington, D.C. y Nueva York, mientras que Bolivia es representada por la Procuraduría General del Estado Boliviano.
Sobre la notificación, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, precisó a través de un comunicado que Glencore es una empresa que “tenía la posibilidad de solicitar el Tratado Bilateral de Protección de inversiones (TBI) entre Bolivia y Suiza, pero que decidió ampararse en un TBI suscrito por Bolivia con el Reino Unido". Igualmente, calificó el proceso de “infundado”.
Medios internacionales indicaron que la empresa “entregó al Estado más de 70 millones de dólares en impuestos y otros pagos” y que “pretendía invertir más de 160 millones de dólares en los próximos cinco años en Bolivia", de los que más de 80 millones serían destinados a Colquiri.
El gobierno boliviano ejecutó la expropiación de las plantas de fundición de estaño y antimonio del Complejo Metalúrgico Vinto a través de la emisión del decreto N° 29026, con fecha del 7 de febrero de 2007. Luego, el decreto N° 0499 emitido el 1° de mayo de 2010, dio la potestad de la planta de antimonio Vinto al Estado de Bolivia.
Finalmente, en 2012, mediante el decreto supremo N° 1264, se determinó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asumiera el control del centro minero Colquiri.
Freshfields indicó a LexLatin que “luego de numerosas reuniones a lo largo de casi una década, Glencore y Bolivia no pudieron resolver la controversia de manera amigable” y que “hasta la fecha no se ha pagado indemnización por parte de Bolivia para estas nacionalizaciones, lo que violó la ley internacional”, motivo por el cual la empresa suiza decidió recurrir al arbitraje para la solución del conflicto.
Por ahora, el Estado boliviano tiene plazo hasta el 18 de agosto de este año para presentar su respuesta a la demanda, mientras que la procuraduría de ese país prevé argumentar que existieron ciertas irregularidades en la subasta, venta y transferencia de esos activos a la administración boliviana.
Glencore International Plc. es uno de los mayores grupos de explotación de recursos naturales del mundo, con oficinas principales en Baar, Suiza, y un portafolio de incluye materias primas y alimentos, desde cobre hasta trigo y cebada. La empresa cotiza en las bolsas de Londres y Hong Kong y emplea unas 110.000 personas en 50 países.
Glencore es también el primer accionista de la firma anglo-suiza Xstrata, y ambos participan en unas 35 minas de Carbón en Colombia, África y Australia, representando así 10 % del suministro mundial que se transporta por vía marítima.
Asesores del Estado Plurinacional de Bolivia:
Procuraduría General del Estado Boliviano: Procurador Héctor Enrique Arce Zaconeta.
Asesores de Glencore Internacional Plc.:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socios Nigel Blackaby (Washington, D.C.) y Noiana Marigo (Nueva York). Asociada senior Natalia Zibibbo (Washington, D.C.)
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