Fecha de publicación: 08/12/2015
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Oro, plata, bronce, reliquias coloniales y piedras preciosas son parte de la carga material del Galeón de San José, hundido frente a Cartagena (Colombia) hace tres siglos, y cuya posesión se disputan entes de al menos tres países. Desde que el hallazgo de la nave fuera confirmado el pasado sábado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, su carga legal se hizo más pesada que la física.
España, Colombia y Estados Unidos han reclamado la posesión sobre el botín. Por ejemplo, España indicó que el tesoro del galeón es suyo ya que, según José María Moncasi de Alvear, descendiente directo del almirante Diego de Alvear y quien estuvo al mando de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en el siglo XIX y de bandera española, “la bandera del buque de Estado prevalece sobre cualquier otro argumento.”
Para Moncasi de Alvear, existen paralelismos entre el caso de esta fragata y del Galeón de San José, ya que las circunstancias en las cuales ambas naves fueron halladas es muy similar. Fueron encontradas por compañías dedicadas al hallazgo y extracción de tesoros y, en ambos casos, se necesita del concurso de expertos legales y de un juicio para determinar a quién le pertenecen en realidad los restos.
Mientras España podría, como en el caso de la fragata, reclamar que el tesoro es parte de su herencia cultural, el primer mandatario de Colombia aseguró que es “patrimonio de todos los colombianos y protegerlo debe ser un propósito nacional” mientras se mantienen “reservas de ley” sobre este por varios motivos.
Por ahora, el gobierno español, en la voz de su secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, exigió a su contraparte colombiana que dé información precisa sobre el hallazgo y, ante todo, sobre la legislación en la que se fundamentan sus argumentos de posesión para determinar posteriormente cuáles actuaciones tomar.
Mientras Lasalle aseveró públicamente que su gobierno pedirá detalles a Santos “acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta la intervención sobre un pecio español”, la empresa Sea Search Armada, de Estados Unidos, sostiene un litigio con el estado suramericano para obtener la propiedad del tesoro ante varias cortes internacionales desde 1982 cuando aseguró que había encontrado los restos.
En ese momento, el gobierno neogranadino negó que esto fuera así y desde 1984 hasta 2011 Sea Search Armada demandó y apeló ante varios tribunales la decisión hasta que la Corte Suprema de Justicia dio, en ese año, la razón a la nación latinoamericana.
Compañía de EE. UU. reclama su parte
La situación de la compañía estadounidense es semejante a la de Odissey (que encontró el botín de la fragata de Las Mercedes) y, actualmente, las predicciones de ciertos expertos permiten inferir que la conclusión en este caso será la misma que la de su homólogo: un tribunal determinará, tarde o temprano, que el tesoro debe ser devuelto a su legítimo dueño. En este caso, España. Siempre y cuando el curso de las investigaciones y probables demandas derive en el mismo punto que el caso de la fragata.
En aquella ocasión, durante la pelea judicial que siguió al encuentro del botín de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, el jurista español Carlos Pérez Vaquero argumentó que “según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario”, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la pérdida o el sitio en el cual se rescaten los restos.
Sin embargo, el abogado en Colombia de la empresa, Danilo Devis, aseguró que esta tiene derecho a la posesión de 50% del tesoro ya que en el caso debe prevalecer la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2007) que determina que todo patrimonio cultural sumergido con valor económico debe repartirse a partes iguales entre la empresa de exploración y el Estado.
Devis resaltó que el hallazgo del gobierno colombiano ocurrió en las áreas denunciadas por Sea Search Armada, lo que significa que, según la cosa juzgada, lo que está sumergido allí está embargado, ya que la empresa pidió ante la Corte que lo que se extrajera de las zonas denunciadas por ella fuera objeto de embargo y se depositara en el Banco de la República de Cartagena.
Sobre la sentencia de 2011, el abogado indicó que se trató de “pleitos secundarios” que no se referían a la propiedad sino a la lucha contra una prohibición de acceso al tesoro que le causó a la empresa pérdidas en contratos de equipos y personal técnico.
El hallazgo, un “asunto de Estado”
Considerado “uno de los yacimientos más importantes de la historia de la arqueología”, los restos del galeón fueron encontrados al amanecer del 27 de noviembre, cuando expertos en arqueología submarina del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a bordo de un buque propiedad de la Armada de Colombia, confirmaron que se trataba de la nave hundida en 1708.
Sin embargo, a pesar de la importancia del descubrimiento, el presidente Santos ha tratado la información sobre este como “un asunto de Estado, por lo que está bajo reserva de ley” todo lo referente al caso.
Cabe destacar que en 2013, Santos sancionó la Ley 1675 que permite dividir a medias lo que se extraiga de los hundimientos entre la nación y las empresas que actúen en los trabajos de exploración y rescate. Esto acerca a las costas colombianas a decenas de compañías de cazatesoros a la espera de que les concedan en licitación permiso de navegación y extracción.
Sobre las posibles reclamaciones, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Ernesto Montenegro, dijo que hay que consultar con los abogados si esta ley contempla la devolución del tesoro ya que su objetivo principal es salvaguardar y recuperar el patrimonio cultural sumergido en Colombia.
Lo que queda claro, por ahora, es que se dará inicio a una fase de estudios de suelo y profundidad y que, una vez extraído el botín, se construirá un museo en Cartagena de Indias donde se exhibirá parte de lo rescatado que, según Santos, la nación colombiana pretende mantener en sus fronteras.
España, Colombia y Estados Unidos han reclamado la posesión sobre el botín. Por ejemplo, España indicó que el tesoro del galeón es suyo ya que, según José María Moncasi de Alvear, descendiente directo del almirante Diego de Alvear y quien estuvo al mando de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en el siglo XIX y de bandera española, “la bandera del buque de Estado prevalece sobre cualquier otro argumento.”
Para Moncasi de Alvear, existen paralelismos entre el caso de esta fragata y del Galeón de San José, ya que las circunstancias en las cuales ambas naves fueron halladas es muy similar. Fueron encontradas por compañías dedicadas al hallazgo y extracción de tesoros y, en ambos casos, se necesita del concurso de expertos legales y de un juicio para determinar a quién le pertenecen en realidad los restos.
Mientras España podría, como en el caso de la fragata, reclamar que el tesoro es parte de su herencia cultural, el primer mandatario de Colombia aseguró que es “patrimonio de todos los colombianos y protegerlo debe ser un propósito nacional” mientras se mantienen “reservas de ley” sobre este por varios motivos.
Por ahora, el gobierno español, en la voz de su secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, exigió a su contraparte colombiana que dé información precisa sobre el hallazgo y, ante todo, sobre la legislación en la que se fundamentan sus argumentos de posesión para determinar posteriormente cuáles actuaciones tomar.
Mientras Lasalle aseveró públicamente que su gobierno pedirá detalles a Santos “acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta la intervención sobre un pecio español”, la empresa Sea Search Armada, de Estados Unidos, sostiene un litigio con el estado suramericano para obtener la propiedad del tesoro ante varias cortes internacionales desde 1982 cuando aseguró que había encontrado los restos.
En ese momento, el gobierno neogranadino negó que esto fuera así y desde 1984 hasta 2011 Sea Search Armada demandó y apeló ante varios tribunales la decisión hasta que la Corte Suprema de Justicia dio, en ese año, la razón a la nación latinoamericana.
Compañía de EE. UU. reclama su parte
La situación de la compañía estadounidense es semejante a la de Odissey (que encontró el botín de la fragata de Las Mercedes) y, actualmente, las predicciones de ciertos expertos permiten inferir que la conclusión en este caso será la misma que la de su homólogo: un tribunal determinará, tarde o temprano, que el tesoro debe ser devuelto a su legítimo dueño. En este caso, España. Siempre y cuando el curso de las investigaciones y probables demandas derive en el mismo punto que el caso de la fragata.
En aquella ocasión, durante la pelea judicial que siguió al encuentro del botín de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, el jurista español Carlos Pérez Vaquero argumentó que “según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario”, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la pérdida o el sitio en el cual se rescaten los restos.
Sin embargo, el abogado en Colombia de la empresa, Danilo Devis, aseguró que esta tiene derecho a la posesión de 50% del tesoro ya que en el caso debe prevalecer la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (2007) que determina que todo patrimonio cultural sumergido con valor económico debe repartirse a partes iguales entre la empresa de exploración y el Estado.
Devis resaltó que el hallazgo del gobierno colombiano ocurrió en las áreas denunciadas por Sea Search Armada, lo que significa que, según la cosa juzgada, lo que está sumergido allí está embargado, ya que la empresa pidió ante la Corte que lo que se extrajera de las zonas denunciadas por ella fuera objeto de embargo y se depositara en el Banco de la República de Cartagena.
Sobre la sentencia de 2011, el abogado indicó que se trató de “pleitos secundarios” que no se referían a la propiedad sino a la lucha contra una prohibición de acceso al tesoro que le causó a la empresa pérdidas en contratos de equipos y personal técnico.
El hallazgo, un “asunto de Estado”
Considerado “uno de los yacimientos más importantes de la historia de la arqueología”, los restos del galeón fueron encontrados al amanecer del 27 de noviembre, cuando expertos en arqueología submarina del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a bordo de un buque propiedad de la Armada de Colombia, confirmaron que se trataba de la nave hundida en 1708.
Sin embargo, a pesar de la importancia del descubrimiento, el presidente Santos ha tratado la información sobre este como “un asunto de Estado, por lo que está bajo reserva de ley” todo lo referente al caso.
Cabe destacar que en 2013, Santos sancionó la Ley 1675 que permite dividir a medias lo que se extraiga de los hundimientos entre la nación y las empresas que actúen en los trabajos de exploración y rescate. Esto acerca a las costas colombianas a decenas de compañías de cazatesoros a la espera de que les concedan en licitación permiso de navegación y extracción.
Sobre las posibles reclamaciones, el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Ernesto Montenegro, dijo que hay que consultar con los abogados si esta ley contempla la devolución del tesoro ya que su objetivo principal es salvaguardar y recuperar el patrimonio cultural sumergido en Colombia.
Lo que queda claro, por ahora, es que se dará inicio a una fase de estudios de suelo y profundidad y que, una vez extraído el botín, se construirá un museo en Cartagena de Indias donde se exhibirá parte de lo rescatado que, según Santos, la nación colombiana pretende mantener en sus fronteras.
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