Hasta el 15 de junio, la administración del presidente Donald Trump había separado al menos a 2.300 menores de edad de sus padres –migrantes ilegales– en varios puntos de la frontera de Estados Unidos con México.
La noticia recorrió con rapidez el planeta y, junto con ella y con la misma velocidad, diversos organismos (como el Migrant Center for Human Rights) y profesionales se movilizaron hasta los centros de retención para atender a los migrantes, entre ellos, varios abogados de DLA Piper, quienes lograron reunir hace un par de semanas a dos niños brasileños con sus padres, luego de ser separados por las autoridades estadounidenses.
El trabajo de DLA Piper se centró en presentar una moción para una orden judicial preliminar que exigía la reunión de los hermanos (de 16 y 9 años) retenidos en Chicago, mientras sus padres estaban en un centro de retención en Nuevo México. El trabajo de los abogados fue parte de las miles de horas que dedican a trabajo pro bono anualmente.
La familia había entrado a Estados Unidos en busca de asilo, su separación duró seis semanas.
La audiencia en la cual el juez del Tribunal Federal de Distrito, Edmond Chang, ordenó la reunión familiar ocurrió el 5 de julio. La orden fue reunir a los niños con sus padres en no más de 72 horas, sin embargo, la reunificación familiar ocurrió el 12 de julio, una semana después. Primero, el pequeño de 9 años y su padre se encontraron en Pensilvania, luego, padre e hijo de 16 años se reencontraron en Texas, finalmente, todos fueron liberados.
John Wellschlager, socio, indicó que para él y sus compañeros es muy importante dedicarse al trabajo pro bono “en asuntos de importancia nacional”.
Los abogados que defendieron a esta familia fueron los socios John Wellschlager (Baltimore) y Amy Rubenstein (Chicago), la abogada Leeanne Mancari (Los Ángeles) y los asociados Katie Hausfeld (Chicago) y Peter Farrell (Minneapolis)
Junto a ellos trabajaron Karen Hoffmann de ALDEA - El Centro de Justicia Popular-; Bridget Cambria y Jackie Kline (socios), de Cambria & Kline P.C.; Amy Maldonado (socia), de la Oficina de Abogados de Amy Maldonado, y Thomas P. Yardley (shareholder) de Robbins, Salomon & Patt Ltd.
El problema, destacan muchos, es que se separa a las familias y se violan sus derechos (avalados por leyes internacionales y nacionales), pues se le niega a los migrantes la petición de asilo mientras se les procesa por delitos menores, como la entrada ilegal a territorio estadounidense.
Mientras tanto, la emergencia crece en la medida en que los mecanismos de rastreo y reunificación no son afinados, lo que hace que cientos de migrantes ya hayan perdido la pista de dónde y con quién están sus hijos, sin saber siquiera si los volverán a ver.
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