Fecha de publicación: 07/08/2016
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Este 25 de julio se registró una solicitud de arbitraje contra Venezuela presentada por Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., Inica Latinoamericana, S.L., Proyefa Internacional, S.L. y Verica Atlántica, S.L., todas empresas españolas (pertenecientes al Grupo Agroinsumos) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI).
La disputa que sostienen las empresas es referida a la expropiación de Agroisleña, llevada a cabo por el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, el 3 de octubre de 2010. Las cuatro empresas eran propietarias de las acciones de Agroisleña y no recibieron la compensación correspondiente.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP asumió la representación de Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., Inica Latinoamericana, S.L., Proyefa Internacional, S.L. y Verica Atlántica, S.L., en Washington D.C. y Nueva York, mientras que Baker & McKenzie asesoró a las empresas en Caracas.
Venezuela también es representada por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
Previo a su expropiación, Agroisleña había sido una de las empresas de mayor presencia en Venezuela en el sector alimentario y agropecuario. Su red de tiendas era la más extensa de Venezuela, gestionaba el programa de siembra y cultivo más importante del país y generaba productos para proteger los cultivos, incluido abonos y pesticidas fabricados. También diseñaba tuberías y sistemas de riego, proporcionándole apoyo técnico a los productores agrícolas.
La expropiación de la empresa fue arduamente criticada y considerada por variedad de expertos como una violación del debido proceso. Por su lado, el gobierno venezolano acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250 %, y de emprender acciones monopólicas. Según el decreto presidencial 7.700, publicado en Gaceta Oficial 39.523, que ordenó la expropiación, la acción se llevaba a cabo con el propósito de "garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación".
Este no es el único arbitraje que una empresa agroalimentaria basada en Venezuela lleva ante el CIADI. En mayo de este año se conoció sobre el arbitraje que los dueños (empresarios ibero-venezolanos) de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. iniciaron para obtener una compensación por la expropiación de los activos de ambas compañías, también ejecutado por el gobierno chavista.
En esa oportunidad, los demandantes alegaban que habían perdido sus inversiones y habían acumulado deudas luego de que una junta interventora tomará las instalaciones de Frisa y Dole. Aunado a esto, el dueño de ambas compañías también enfrenta varias disputas en Venezuela y Estados Unidos en las que se le exige el pago de deudas de las que es garante y que no ha podido honrar debido a la expropiación.
Asesores de Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., Inica Latinoamericana, S.L., Proyefa Internacional, S.L. y Verica Atlántica, S.L.:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Washington D.C. y Nueva York): Socios Nigel Blackaby y Noiana Marigo. Asociada senior Natalia Zibibbo.
Baker & McKenzie (Caracas): Socios Eugenio Hernández Bretón, Álvaro Posada, María Eugenia Reyes y Alfonso Porras.
Asesores de República Bolivariana de Venezuela:
Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela: Procurador Manuel Enrique Galindo.
La disputa que sostienen las empresas es referida a la expropiación de Agroisleña, llevada a cabo por el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, el 3 de octubre de 2010. Las cuatro empresas eran propietarias de las acciones de Agroisleña y no recibieron la compensación correspondiente.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP asumió la representación de Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., Inica Latinoamericana, S.L., Proyefa Internacional, S.L. y Verica Atlántica, S.L., en Washington D.C. y Nueva York, mientras que Baker & McKenzie asesoró a las empresas en Caracas.
Venezuela también es representada por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela.
Previo a su expropiación, Agroisleña había sido una de las empresas de mayor presencia en Venezuela en el sector alimentario y agropecuario. Su red de tiendas era la más extensa de Venezuela, gestionaba el programa de siembra y cultivo más importante del país y generaba productos para proteger los cultivos, incluido abonos y pesticidas fabricados. También diseñaba tuberías y sistemas de riego, proporcionándole apoyo técnico a los productores agrícolas.
La expropiación de la empresa fue arduamente criticada y considerada por variedad de expertos como una violación del debido proceso. Por su lado, el gobierno venezolano acusó a Agroisleña de vender insumos con sobreprecios de hasta 250 %, y de emprender acciones monopólicas. Según el decreto presidencial 7.700, publicado en Gaceta Oficial 39.523, que ordenó la expropiación, la acción se llevaba a cabo con el propósito de "garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación".
Este no es el único arbitraje que una empresa agroalimentaria basada en Venezuela lleva ante el CIADI. En mayo de este año se conoció sobre el arbitraje que los dueños (empresarios ibero-venezolanos) de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. iniciaron para obtener una compensación por la expropiación de los activos de ambas compañías, también ejecutado por el gobierno chavista.
En esa oportunidad, los demandantes alegaban que habían perdido sus inversiones y habían acumulado deudas luego de que una junta interventora tomará las instalaciones de Frisa y Dole. Aunado a esto, el dueño de ambas compañías también enfrenta varias disputas en Venezuela y Estados Unidos en las que se le exige el pago de deudas de las que es garante y que no ha podido honrar debido a la expropiación.
Asesores de Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., Inica Latinoamericana, S.L., Proyefa Internacional, S.L. y Verica Atlántica, S.L.:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Washington D.C. y Nueva York): Socios Nigel Blackaby y Noiana Marigo. Asociada senior Natalia Zibibbo.
Baker & McKenzie (Caracas): Socios Eugenio Hernández Bretón, Álvaro Posada, María Eugenia Reyes y Alfonso Porras.
Asesores de República Bolivariana de Venezuela:
Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela: Procurador Manuel Enrique Galindo.
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