La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la República Bolivariana de Venezuela y de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en una demanda que interpuso el país en noviembre pasado, cuando solicitó que definiera, a la luz de la Ley de Inmunidad de Soberanías, cuándo un gobierno extranjero puede ser demandado por expropiar activos de empresas estadounidenses establecidas en su territorio, a propósito de la incautación de 11 taladros durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, denunciada por la estadounidense Helmerich & Payne International Drilling Co.
De acuerdo con la decisión, signada con el Nº 15-423 del pasado 1° de mayo, en 2015 un tribunal de primera instancia -el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia- permitió, erróneamente, la demanda desconociendo la inmunidad de Venezuela.
“Los jueces dictaminaron, 8 a 0, que un tribunal de primera instancia que había dado el visto bueno para la demanda debe reconsiderar si las reclamaciones hechas por la empresa, con sede en Oklahoma, pueden continuar”, dijo Reuters en un reporte.
“Como resultado de esta decisión, el caso será devuelto a las cortes de instancias inferiores para que se determine, aplicando los principios establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, si los reclamos deben ser dejados sin efecto en su totalidad”, señaló PDVSA en su sitio web.
La compañía estaba presente en el país latinoamericano desde 2007, y prestaba servicios como contratista de PDVSA que acumuló con ellos una deuda de USD 100 millones, lo cual provocó que en 2009 la estadounidense desmontara sus equipos en el país. En 2010 el gobierno venezolano decidió expropiar los taladros de la compañía alegando que estaban ociosos.
Este es el segundo caso en el que tribunales estadounidenses fallan a favor de Venezuela en los últimos días. También el 1° de mayo la Corte Federal en el estado de Delaware desestimó una demanda que intentó la minera canadiense Crystallex International Corp. contra Pdvsa, en la cual objetó el pago de dividendos por parte de Citgo, filial de PDVSA en EE. UU., al impedir la ejecución de un laudo arbitral contra Venezuela. Crystallex fue afectada por la expropiación de la mina Las Cristinas, que mantenía en concesión, por parte del Gobierno venezolano en 2008.
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