Este martes 15 de septiembre se cumplió la fecha límite para iniciar el proceso de consulta ciudadana que propone juzgar a los últimos cinco expresidentes de México. Si bien Andrés Manuel López Obrador estaba esperando que esta consulta fuera iniciada por la ciudadanía -que recolectó 1,8 millones de firmas, por debajo del mínimo requerido- decidió enviar la propuesta al Senado.
El Senado, a su vez, en su rol de Cámara de origen, turnó la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo que procede es que en el plazo de 20 días naturales la SCJN resuelva si la consulta es constitucional o no.
La consulta se hará “en el marco de la legalidad”, aseguró AMLO. En el documento se detalla que la investigación involucrará a los expresidentes que hayan asumido a partir de 1988, es decir: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En contexto, de los once ministros miembros de la SCJN, ocho fueron propuestos al Senado por expresidentes: uno por Vicente Fox Quesada, cinco por Felipe Calderón y dos por Enrique Peña Nieto. En la administración de Andrés Manuel López Obrador, han ingresado apenas tres ministros.
En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de septiembre la reforma que acota el fuero presidencial. Aunque aún requiere la aprobación del Senado, el proyecto de ley establece que los miembros del Ejecutivo mexicano serán considerados para efectos de responsabilidad penal, como cualquier ciudadano. En caso de que se inicie un proceso de juicio político, no tendrían inmunidad ni protección alguna.
Esta es la cuarta vez que la Cámara de Diputados aprueba esta iniciativa. Se espera la pronta revisión del Senado y su envío a los congresos estatales, como se trata de una reforma constitucional, al menos 17 de ellos deberán aprobar.
En contexto, el 6 de junio del año próximo se llevarán a cabo las elecciones federales. Ese mismo día ha sido propuesto por el presidente para que se lleve a cabo la consulta popular. Esto implicaría que, por primera vez durante el actual Gobierno, se tome en cuenta la participación del Instituto Nacional Electoral (INE).
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