Con la justificación de combatir la inflación, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió una serie de impuestos, a pocos meses de disputar las elecciones presidenciales de este año. Los cambios en las tasas impositivas y las fórmulas de cálculo desencadenaron una guerra legal en la federación brasileña, ya que los cambios afectaron principalmente al Impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios de transporte (ICMS), la principal fuente de ingresos de los gobiernos estatales de Brasil.
El principal punto de discordia fue la ley sancionada por Bolsonaro, aprobada en el Congreso, que creó un tope del 17 % o 18 % a la tasa del ICMS sobre las ventas de combustibles, gas natural y electricidad. Los gobiernos estatales reaccionaron, ya que perdieron miles de millones en ingresos, pero Bolsonaro trata la medida como una solución al costo internacional del combustible.
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El impasse será juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Al menos cuatro casos sobre la recaudación del ICMS están en la agenda de la Corte Suprema.
“Lamentablemente, estamos viviendo un año de populismo fiscal. Algunas medidas son inocuas. La reducción del impuesto a los combustibles puede no llegar al consumidor. Pero hay mucho alarde respecto de un candidato que 'ha reducido ese impuesto', destaca el profesor Lucas Bevilacqua, coordinador del Observatorio Macrocontencioso Fiscal del Instituto Brasilero de Enseñanza.
Detrás de tantos cambios fiscales está la preocupación de Bolsonaro por mejorar sus posibilidades en la elección presidencial, según los expertos. La investigación cualitativa muestra que la inflación aleja a los votantes del presidente. Por eso, Bevilacqua critica la motivación electoral de Bolsonaro al promover tanta confusión con los impuestos.
“La novedad de este año es la combinación de estrategias fiscales para obtener ventaja electoral, lo que está expresamente prohibido por la legislación electoral”, argumentó Bevilacqua.
IPI, PIS, Cofins y CSLL también cambiaron
Antes de los cambios al ICMS, Bolsonaro ya había publicado un decreto en el que reducía el cobro del Impuesto sobre los productos industrializados (IPI) a los productos, supuestamente para incentivar la economía. El decreto terminó parcialmente suspendido por el STF.
Bolsonaro también ha reducido la recaudación del Impuesto a los ingresos brutos (PIS) y la Contribución de Financiamiento de la Seguridad Social (Cofins) sobre el diésel y el gas de cocina. Para compensar esta pérdida de ingresos, aumentó el peso de la Contribución Social (CSLL) en las instituciones financieras.
“Es difícil diseñar un escenario de seguridad jurídica en el ámbito tributario con este tratamiento, con paliativos y cambios de conveniencia política. Esto para el empresario, para el inversionista, es terrible, porque demuestra que en el sistema tributario todo puede cambiar abruptamente. Estamos viviendo un momento de retroceso en términos de seguridad jurídica”, critica Alessandro Cardoso, socio de Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso Advogados.
Beneficios fiscales prohibidos
El abogado Hendrick Pinheiro, de Manesco, Ramires, Pérez, Azevedo Marques Advogados, señala que la legislación prohíbe la promoción de beneficios fiscales en año electoral. "El año electoral es el peor de todos para los cambios de impuestos", dijo.
Cardoso lamenta que el Gobierno trate la gestión tributaria de una "manera casuística, fuertemente influenciada por intereses electorales".
“Es un año electoral con un escenario macroeconómico dificilísimo y el Gobierno no tiene margen de maniobra, salvo cambiar los impuestos. La tributación se ha convertido en la panacea para todo y eso es muy malo”, evalúa Cardoso.
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Aunque la legislación prohíba los beneficios fiscales en año electoral, el STF y el Tribunal Superior Electoral (TSE) todavía tendrán que precisar qué conductas pueden efectivamente ser consideradas "abuso de poder" al promover estos cambios fiscales.
“En 2014, el TSE estableció una interpretación de que los gobernadores podían otorgar incentivos fiscales siempre que no constituyera abuso de poder. La cuestión ahora es definir qué es abuso”, explicó Bevilacqua.
Si se enmarca como un abuso de poder, la conducta de los gobernantes puede ser sancionada con la remoción del mandato.
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