Luchar contra la normativa ESG ha sido para Ron DeSantis, gobernador del estado de Florida, una divisa y con ese fin no solo estampó su firma en una ley que restringe en ese estado la conservación del planeta desde el sector corporativo, sino que también se ha convertido en el abanderado de una alianza de gobernadores republicanos para “proteger a las personas de la ideología woke y las normativas ESG”, a las que consideran una amenaza para la economía de Estados Unidos.
La polémica ley prohíbe a bancos, compañías de tarjetas de crédito y financiadoras en general a discriminar a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, garantizar que todas las decisiones de inversión sean sustentadas en factores pecuniarios y prohibir la consideración de factores ESG para tomar decisiones de orden financiero. Estas medidas contradicen todo el conjunto de normas que vienen siendo aplicadas a escala global, con la idea de apuntalar el cuidado del ambiente y el armamentismo, entre otros puntos.
Como era de esperarse, analistas, inversores y financistas han objetado la ley, que es vista desde los grandes centros financieros como una medida más movida por la política que por una realidad económica, aunque, en la práctica, ha sido acatada por los sectores involucrados, quizás temerosos de perder una de las plazas económicas más importantes de Estados Unidos. Solo en presupuesto administrativo para este año, Florida maneja más de 115.000 millones de dólares.
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Qué dice la ley
Enmarcada en un conjunto de leyes que buscan consolidar los criterios republicanos en el plano económico, la norma, motivada por el 'activismo gubernamental y corporativo' prohíbe cualquier asomo de involucrar los lineamientos ESG (siglas en inglés de environmental, social y governance), asegurando que van en contra de los intereses no solo del gobierno federal, sino de los contribuyentes floridanos, por restarles posibilidades de obtener mejores rendimientos en inversiones gubernamentales y personales.
Entre otras cosas, los aspectos más destacados de la ley son:
- Prohibir a los gestores de fondos de la Junta Estatal de Administración (SBA) que consideren los factores ESG al invertir el dinero del Estado.
- Prohibir el uso de factores ESG por parte de los gobiernos estatales y locales al emitir bonos.
- Prohibir que las agencias de calificación utilicen estos criterios para calificar los bonos del emisor.
- Prohibir a todas las entidades estatales y locales considerar o dar preferencia a los criterios ESG como parte del proceso de adquisición y contratación.
- Prohibir a los bancos que participan en activismo corporativo mantener depósitos públicos como Depositarios Públicos Calificados (QPD).
- Prohibir a las instituciones financieras discriminar a los clientes por sus creencias religiosas, políticas o sociales, incluido su apoyo para asegurar la frontera, poseer un arma de fuego y aumentar la independencia energética.
- Prohibir que el sector financiero considere las llamadas “Puntuaciones de Crédito Social” en las prácticas bancarias y crediticias que tienen como objetivo impedir que los floridanos obtengan préstamos, líneas de crédito y cuentas bancarias.
- Ordenar al fiscal general, al director financiero y al comisionado de regulación financiera estatal que hagan cumplir estas disposiciones con todo el peso de la ley, so pena de acciones pecuniarias.
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La política va por delante
El rechazo de Ron DeSantis a todo asomo de criterios ESG en cualquier asunto financiero en su estado es directo y ya sea con una finalidad eminentemente “presidencialista” o como una línea partidista. En esta cruzada no está solo, también los gobernadores de Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming han impulsado normas parecidas.
Esto significa que en una veintena de estados en Estados Unidos se oponen tajantemente a que estos criterios sean tomados en cuenta en los límites de los territorios que gobierna, entre los que se encuentran varios de los fértiles estados del medio-oeste, que sustentan la producción agrícola del mayor productor y exportador de alimentos del mundo.
Considerada por analistas y por el partido demócrata como uno de los esfuerzos más amplios de los republicanos contra la inversión sostenible, es opinión compartida que la ley de Florida y las aplicadas en otros estados de la nación norteamericana no tienen bases económicas que las sustenten.
En su análisis, Luis Burgueño, socio de la firma mexicana Von Wobeser y Sierra, observa que no existen indicios relevantes que respalden la afirmación de que la adopción de criterios ESG esté reñida con el lucro y la búsqueda de ganancias y asegura que estos parámetros han enriquecido el análisis de los inversionistas, que ahora tienen en cuenta evaluar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las empresas.
Aunque de momento cree que, pese a su rigidez, la ley recién entrada en vigencia no tendrá grandes repercusiones en el mundo financiero del más sureño de los estados de la Unión, Burgueño no descarta que a mediano plazo las nuevas regulaciones puedan afectar la decisión de ciertos capitales para escoger a Florida como destino, tomando en cuenta que muchos inversionistas institucionales fuera del estado han adoptado criterios de elegibilidad basados en factores ESG.
“Consideramos que el principal problema que Florida podría enfrentar proviene de sus relaciones con los bancos y fondos de inversión que incorporan medidas ESG en sus operaciones. Estas instituciones financieras podrían percibir estas iniciativas como hostiles hacia sus intereses, lo que podría llevarlas a tomar medidas para reducir su actividad de inversión en el estado de Florida”, dice el experto.
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Sin cambios, por ahora
De momento, la nueva normativa impulsada por DeSantis no parece haber tenido incidencia alguna en el mercado financiero floridano, ni siquiera en las instituciones públicas, más allá de un importante movimiento previo a la existencia de la ley, relacionado con el retiro que, a finales de 2022, hizo público el gobierno de Florida de 2.000 millones de dólares de la firma de gestión de activos BlackRock, debido a discrepancias con sus políticas ESG.
Al respecto, Elías Jalife, asociado de Von Wobeser, señala que no cree que las medidas sean lo suficientemente significativas como para provocar un cese de inversiones o, incluso, la relocalización o éxodo de inversionistas y empresas hacia otros estados o el extranjero; pero no descarta disrupciones en el futuro.
“Si bien Florida tiene un peso económico considerable y es un cliente importante para bancos y fondos de inversión, existe la posibilidad de que llegue un punto en el que estas instituciones financieras decidan responder a los discursos políticos negándose a gestionar fondos públicos o realizar inversiones significativas en el estado. Esto, a su vez, podría llevar a que algunos inversionistas institucionales y fondos de inversión opten por invertir en otros estados”, señala el experto.
Las normas ESG nacen en 2005 como una iniciativa del entonces secretario general de la ONU, el ghanés Kofi Annan, quien propuso a los presidentes de los 50 bancos más grandes del mundo tomar en cuenta criterios de sostenibilidad en el manejo de los asuntos relacionados con el mercado de capitales. Desde entonces, cada vez más instituciones crediticias vienen asumiendo estos criterios para medir diferentes parámetros del hecho financiero, con el objetivo de ayudar a cumplir con la agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio.
De momento, opina, los bancos y otras instituciones financieras actuarán con cautela frente a la normativa de Florida para evitar ser señaladas por discriminación, pero ello no significará que estas normas dejarán de ser tomadas en la evaluación de los préstamos, manteniéndolos sin hacer referencia explícita de ellos y sin comprometer sus políticas.
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¿Tiene efectos internacionales?
Aunque se cree que las normas aplicadas en Florida y otros estados que prohíben la utilización de reglas ESG tendrán una incidencia limitada a lo local, los analistas creen que -de expandirse a otras regiones- el gran mercado de capitales estadounidense, el más importante del mundo, pudiera sentir algún tipo de efectos.
Sin embargo, desde Von Wobeser se recuerda a clientes actuales o potenciales que la entrada en vigencia de la normativa en Florida no tiene porqué limitarse en ningún aspecto y menos en lo relativo al rendimiento.
“Es posible que tengan efecto limitado, por lo que, si quisieran que su portafolio de inversión considere parámetros sociales, lo más recomendable es que busquen otra jurisdicción para invertir”, acota Juan Pablo Estrada, también asociado de la firma mexicana.
Agrega Estrada que, por ser un tema político, es difícil predecir si el actual patrón anti-ESG se intensificará o apaciguará y por cuánto tiempo, un aspecto que debe ser tomado en cuenta por inversores que deseen mantener el flujo y mejores rendimientos de sus capitales, recordando, además, que por su reciente puesta en marcha, estos criterios sufren cambios en períodos muy cortos y, por tanto, es imprescindible estar atentos a esas innovaciones.
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