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‘Fintech’ en México: el alcance de su regulación (I)

‘Fintech’ en México: el alcance de su regulación (I)

por Romina Fernández
publicado el03/07/2018
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La innovación y la evolución de las tecnologías financieras han hecho que estas se logren posicionar con gran fuerza en el mercado, transformando el mundo y marcando el inicio de un nuevo milenio. Fintech, no es más que la unión de las palabras Financial Technology, en referencia a la interacción de los sistemas financieros y la tecnología.

La desconfianza que dejó la crisis de 2008 dio inicio a alternativas financieras que pudieren atender las necesidades de los consumidores, beneficiándose del desarrollo de nuevos medios de interacción y contratación, así como de pago e inversión. Se puede decir que las empresas fintech cubren lagunas existentes en la banca tradicional: con la apertura del financiamiento de proyectos, empresas o sectores disgregados; el fácil acceso de pagos locales y transfronterizos; la desintermediación, eficiencia y bajos costos de las transacciones financieras, entre otras.

Ante la tendencia a regular la captación de recursos y la inversión de los mismos mediante la tecnología, México se ha visto obligado a legislar sobre los servicios financieros de una manera menos rígida y a competir con otras legislaciones. Hoy cuenta con importantes startups en el sector que han florecido y escalado de forma significativa.

Este rápido crecimiento provocó que las autoridades mexicanas tuviesen que revisar más de cerca a las fintech, para trabajar en la regulación apropiada y bajo el modelo de otros países, adaptando así la legislación financiera mexicana a la realidad de las tecnologías financieras.

Así, se promovió la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como ley Fintech. Su objetivo es concentrar y regular a los agentes involucrados en la industria -sector bancario, emprendedores y capital privado- sobre la base de proteger la inclusión y la estabilidad financiera. Además, previene el fraude, las operaciones de lavado de dinero o pagos móviles mediante el uso de criptodivisas, protege a los consumidores y mantiene la competencia.

El marco regulatorio previo a la ley Fintech

El crecimiento e incorporación de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofom) y de sociedades financieras populares (Sofipos) -modelo bajo los cuales operaban algunas de las empresas de tecnología financiera en México- convirtió al país en el mayor mercado en América Latina, con tan sólo 140 startups de servicios financieros. Dentro de las actividades más comunes se encuentran: las de crowdfunding, el otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas, asesoría financiera, pagos y remesas, gestión de finanzas personales y empresariales, educación financiera y ahorro, operaciones en mercados y de cambio de divisas y manejo de criptomonedas.

El problema residía en la falta de regulación en temas de fondeo colectivo, depósitos, pagos y cambio de divisas, bajo los supuestos no previstos en la ley del Mercado de Valores y la ley de Instituciones de Crédito, entre otras. Asimismo, la falta de supervisión de los servicios financieros o de protección del consumidor, generaba incertidumbre para los consumidores.

Previo a la ley Fintech, las disposiciones vigentes eran las del marco legal en materia de comercio electrónico, legislación que no fue suficiente. Esta falta de regulación generó incertidumbre jurídica en las startups mexicanas, motivo por el cual el gobierno federal promulgó la ley Fintech. Sin embargo, el texto de la ley conlleva ciertos obstáculos que serán enfrentados por las instituciones de tecnología financiera (ITF) y que probablemente favorezca a las entidades del sector financiero.

Las fintech reguladas

La Ley se encarga de regular a dos tipos de ITF: (i) las instituciones de financiamiento colectivo, conocidas como crowdfunding y (ii) las instituciones de fondos de pago electrónico. Asimismo, se encarga de regular a los activos virtuales, valores no respaldados por una institución bancaria. La división de las actividades reguladas deja fuera áreas importantes como son el riesgo de crédito y las actividades de seguros entre otras.

El financiamiento colectivo es definido como las actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante operaciones realizadas a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio digital.

Las actividades de financiamiento colectivo se dividen en cinco, de las cuales la Ley regula únicamente tres: (i) el financiamiento colectivo de deuda, en el que el financiamiento es otorgado a los solicitantes mediante recursos de diversos inversionistas; (ii) el financiamiento colectivo de capital, en el cual los inversionistas adquieren cierta participación en la persona moral que actúa como solicitante; (iii) el financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, por el cual se celebran asociaciones en participación o convenios en el que el inversionista adquiere una parte alícuota o participación en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas de los proyectos de un solicitante. Las últimas dos actividades de financiamiento colectivo, el de donaciones y el de obtención de recompensas, no se encuentran reguladas dado que no es necesario el otorgamiento de una licencia para realizar sus actividades.

Los servicios que realicen las instituciones de fondos de pago electrónico con el público, consisten en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico bajo los mismos medios señalados en las actividades de financiamiento colectivo.

Dentro de las actividades que podrán realizar se encuentran la de abrir cuentas de fondos de pago electrónico por cada cliente. En estas se podrán recibir cantidades en moneda nacional, extranjera, ciertos activos virtuales y realizar transferencias de pago electrónico, o entregar ciertas cantidades en moneda nacional, moneda extranjera o de activos virtuales, en caso de que se contara con la autorización del Banco de México. Sin embargo, del saldo acumulado en las transacciones anteriormente señaladas, no se pagarán intereses, rendimientos o cualquier otro beneficio monetario, salvo disposición en contrario determinada por el Banco de México.

Cabe señalar la inclusión de los activos virtuales y la moneda extranjera en lo que respecta a las actividades de recepción y transferencia de las instituciones de fondos de pago electrónico. Las operaciones que deseen realizar las instituciones de financiamiento colectivo con éstos mismos, requerirán autorización por parte del Banco de México.

Como características en ambas ITF, se identifican la necesidad de contar con una licencia para operar y que los recursos utilizados por los clientes en esas operaciones no serán garantizados por el gobierno federal ni la administración pública.

Próximamente publicaremos una segunda parte como ampliación a este artículo de opinión.

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