CMS Grau - Perú refuerza equipos de reestructuraciones e inmobiliario

CMS Grau – Perú anunció la promoción de tres nuevos socios. Se trata de Victor Farro Cuya, en el área de reestructuraciones e insolvencia, y de Juan Pulgar-Vidal y Roberth Rojas Montes, ambos en las áreas inmobiliaria y construcción.

De acuerdo con Farro, la recesión económica generada por la pandemia y la sensación de inestabilidad provocada por los cambios a nivel político vienen afectando la viabilidad de diferentes negocios, lo que se manifiesta con el incumplimiento de obligaciones, falta de liquidez y la necesidad de arribar a acuerdos de refinanciamiento o de reestructuración de deuda. Pese a ese escenario, espera que haya una recuperación paulatina de los sectores productivos en 2022, en función de varios estudios económicos.

Señaló que ese contexto es un área de oportunidad para poder hacer contacto con los directorios y gerencias de los negocios que vienen afrontado situaciones de crisis y ofrecerles herramientas para prevenir situaciones de insolvencia o para encarar situaciones de falta de liquidez y cesación de pago de obligaciones, mediante el diseño de estructuras de refinanciamiento o reestructuración, ya sea que se ejecuten en el ámbito privado o siguiendo Ley General del Sistema Concursal.

Farro considera que el desafío más interesante en el área del derecho concursal es conocer las particularidades de cada negocio, el sector en el que se desenvuelve, así como el perfil del deudor o acreedor a quien se va a asesorar para poder ofrecerles instrumentos, modelos, estructuras y estrategias acordes con sus necesidades, bien para prevenir la crisis o para revertirla.

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“Mi aporte al área consiste en poner a disposición de los clientes una experiencia de más de 20 años involucrado con casos de derecho concursal, conociendo tanto la perspectiva de la autoridad competente, toda vez que tuve la oportunidad de prestar servicios en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por más de una década, así como la perspectiva de la empresa en crisis, pues fui parte, durante cinco años, del equipo gerencial de una gran empresa del sector minero y metalúrgico que atravesó tanto por una etapa de reestructuración patrimonial como por otra de liquidación en marcha”, expresó.

Reformas necesarias

Farro participó en el proceso de reforma integral de la actual Ley General del Sistema Concursal, a petición del Indecopi. Hoy la modificación legal está en evaluación. Las propuestas consisten, entre otras, en facilitar el acceso al procedimiento concursal preventivo, regulado para deudores en situación de falta de liquidez y cesación de pagos mas no de insolvencia, que buscan lograr acuerdos de refinanciamiento de sus obligaciones con acreedores. También incluyen normas para salvaguardar el valor del patrimonio del deudor declarado en concurso antes de que se produzca el denominado desapoderamiento del deudor, en los casos de procedimientos concursales ordinarios.

Para el nuevo socio de CMS Grau – Perú, una reforma pendiente, muy necesaria e importante en la legislación concursal peruana consiste en agregar un capítulo referido a insolvencias transfronterizas a efectos de facilitar la cooperación entre autoridades de diferentes países, especialmente de la región, cuando un deudor es declarado insolvente en el extranjero, pero tiene bienes y acreedores en el Perú y a la inversa. “Considero que todas estas reformas son necesarias para fortalecer y modernizar el sistema concursal peruano”, expresó.

Mencionó la experiencia de Chile y Colombia, que han acogido la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), para manejar casos de insolvencia transfronteriza de manera más célere y equitativa tanto para acreedores nacionales como extranjeros, facilitar planes de reestructuración de grupos económicos con operaciones globales y de esa manera mantener la inversión de estos grupos en sus respectivos países, beneficiándose de las normas de acceso, reconocimiento de concursos extranjeros, la aplicación de medidas de protección del patrimonio y la cooperación y coordinación entre autoridades

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Ha atendido casos en las industrias de hidrocarburos, retail, minería, construcción, bancos, textil, pesca y servicios de educación universitaria, los cuales -estima- tienen sus propias características y enfrentan cada uno situaciones particulares referidas a fluctuación de los precios internacionales de insumos y materias primas, volatilidad del tipo de cambio, aspectos laborales y regulatorios y, recientemente, los efectos de la paralización intempestiva de actividades provocada por la emergencia sanitaria.

Los retos en el área inmobiliaria y de construcción

De acuerdo con Pulgar-Vidal, hoy existe una gran brecha entre la demanda de servicios básicos y el suministro de estos por parte del Estado, por lo que los grandes proyectos de inversión (minería, petróleo, energía, infraestructura) son el blanco de las demandas sociales. A este se suma que, a decir del abogado, el sistema de propiedad peruano enfrenta severas deficiencias a nivel de titulación de tierras, acreditación de derechos, acceso a terrenos para proyectos, conflicto de límites, certeza de titularidades y superposición registral de derechos. Otro gran reto lo constituye el hecho de que los acuerdos sean sostenibles socialmente, que creen oportunidades de desarrollo y procuren generar valor compartido entre las comunidades, empresas y Estado.  

Rojas considera que la crisis social y política ocasionada por la pandemia ha originado que los grandes proyectos de inversión busquen desarrollar mecanismos de control que conlleven a evitar conflictos sociales con los grupos o zonas de interés. “Para eso se busca que desde el inicio del proceso de negociación para adquisición de áreas de interés para el desarrollo del proyecto se cuente con acuerdos sostenibles en el tiempo y que los procesos de negociación, adquisición y compra de tierras sean los más eficientes, transparentes y equitativos”, expresó.

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El trabajo de su área de práctica se centra en el diagnóstico a nivel técnico y legal de las zonas materia de interés de las empresas para identificar tempranamente, por ejemplo, las limitaciones ambientales o arqueológicas, la superposición con otros proyectos, la titularidad de las tierras (estatales, comunales, individuales), permite diseñar un plan de adquisiciones que prevea -desde el inicio- las fórmulas de saneamiento legal de los títulos que se adquieran, así como la aproximación social para la negociación.

Señaló que como estos proyectos usualmente se desarrollan en zonas en las que el Estado tiene poca o nula presencia, dada las altas expectativas de las poblaciones y sus demandas insatisfechas por servicios, la prevención y manejo de conflictos también constituye un eje importante de la práctica en el área inmobiliaria.

Cambios en materia regulatoria

El abogado mencionó algunos cambios que ha sufrido la Ley de expropiación peruana (Decreto Legislativo 1192), que hoy privilegia la adquisición previa directa con el propietario antes que la expropiación forzosa. Otras mejoras tienen que ver con el marco normativo para el acceso a tierras para proyectos de inversión. Sin embargo, cree que todavía puede ser optimizada en relación con la articulación de esfuerzos entre gobiernos central, regional y local, y la regularización y saneamiento de propiedades, soluciones para las inexactitudes catastrales que obran en los archivos registrales y oficiales, entre otros aspectos.

También observa que hay oportunidades de mejora en los procesos para el otorgamiento de derechos (servidumbre, propiedad, superficie) para proyectos de inversión por parte del Estado. “La opacidad de ciertas normas, reglamentos y directivas desalientan a los funcionarios a llevar procedimientos ágiles, simples y expeditivos”, advirtió. 

Si bien Rojas considera que el Decreto Legislativo N° 1192, en cuanto a procesos de liberación de áreas para la implementación de proyectos de inversión, se ajusta a la realidad y hace que estos sean altamente eficientes, advierte que burocracia y demora del personal a cargo de llevar a cabo esos procesos, ocasionan retrasos e impactan el proceso constructivo de los proyectos. Por eso estima necesaria la revisión de la norma en ese aspecto y que se establezcan mecanismos mucho más ejecutivos y eficientes que busquen liberar con mayor prontitud dichas áreas.

Para el abogado, los principales retos a los que se enfrentan como especialistas es poder obtener con mayor rapidez y eficiencia la adquisición y liberación de dichas áreas, lo que tropieza con el contexto social y político que vive actualmente Perú, que ocasiona una expectativa económica desmesurada por parte de los titulares de las tierras. A lo que añade el diálogo y relacionamiento constante, así como la identificación a tiempo de los intereses de estos actores para establecer criterios de negociación orientados ha la búsqueda de soluciones, enfocados básicamente en la transparencia de nuestros procesos y el establecimiento de acuerdos en beneficio del proyecto y del desarrollo de las zonas de interés.

Pulgar-Videla considera que, como país minero, Perú tiene un gran potencial por explotar, por lo que ve que hay mucho mucho espacio para seguir creciendo, brindando soluciones de acceso a tierras para este sector.  También observa oportunidades en el sector de generación eléctrica, pues dijo que muchas empresas buscan nuevos sitios para producir energía a través de fuentes renovables. Otras áreas para seguir creciendo la constituyen desarrolladoras, constructores, centros comerciales (retail), escuelas y clínicas, entre otros, que demandan suelo compatible con sus industrias y la cartera de proyectos de infraestructura (vial, aeroportuaria, ductos y trenes, entre otros) por ejecutarse en el país.

Victor Farro Cuya

Ha asistido a los grupos Enagás, Andritz, Falabella, Ocean Partners y China Fishery, además de que se desempeño como apoderado general del Indecopi y, en paralelo, como vocal del Tribunal de Solución de Controversias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres (1997), con Diplomado en Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad de Yale School of Management (2013), con Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2001) y Especialización en Derecho Antitrust y de los Signos Distintivos por la Universidad de Salamanca (2000). También es profesor universitario y expositor.

Juan Pulgar-Vidal

Tiene carrera en la ejecución de programas de desarrollo y desarrollo de proyectos de inversión en Perú, América Central y África.

Transportadora de Gas del Perú (TGP), minera Las Bambas, mina Shahuindo, Enel Generación Perú y Toyota del Perú, entre otras, han sido algunos de sus clientes. 

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (1997) y tiene un máster en derecho contractual por la Università degli Studi di Roma II "Tor Vergata (1999). También es docente en varias universidades peruanas, así como conferencista. 

Roberth Rojas Montes

Se especializa en adquisición y saneamiento físico legal de precios para proyectos de inversión de la industria extractiva, infraestructura vial o de generación de energía y manejo y gestión de mesas de diálogo con comunidades. Entre las empresas que ha asesorado destacan Gasnorp, Las Bambas, Antapaccay y Engie.

También se desempeñó como consultor del Banco Mundial para la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI.

Estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2004) y tiene un Máster en Mediación y Gestión del Conflicto por la Universidad Internacional de Valencia (2019), así como diplomados en estrategias de negociación, gestión de conflictos socio ambientales, habilitación y saneamiento urbano y relaciones comunitarias y responsabilidad social, entre otros estudios.