En respuesta a la crisis habitacional en Chile, el Senado ha respaldado —con 28 votos a favor y 1 abstención— la iniciativa que otorga un beneficio tributario para quienes compren una vivienda nueva. La propuesta fue presentada por el Ejecutivo a mediados de octubre y en el corto plazo de 10 días ha sido aprobada, ahora está próxima a convertirse en ley.
El proyecto es impulsado, en conjunto, por los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña.
“Se trata de un incentivo transitorio que permitirá reactivar la venta de viviendas nuevas con destino habitacional, entregando un beneficio a las familias de clase media que requieren optar a un crédito hipotecario. Además, es compatible con los subsidios que entrega el Minvu; con la garantía del Fondo de Garantía para Operaciones de Crédito Hipotecario (Fogaes), por hasta 10 % del valor de la garantía hipotecaria y con el beneficio tributario de rebaja del gasto en intereses hipotecarios de la base imponible del Impuesto Global Complementario”, detalló la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner, luego de la favorable votación.
El Gobierno está trabajando en colaboración con el sector bancario, en particular con el BancoEstado, para promover este beneficio entre las personas que cuentan con el subsidio habitacional y desean solicitar un crédito hipotecario.
Como refirió el ministro Marcel, en la exposición inicial del proyecto ante el Congreso, la iniciativa busca atender el afectado crecimiento de la construcción, como la paralización de obras debido a la pandemia y el aumento de precios de los materiales. Todos estos factores han dificultado el acceso a la vivienda, especialmente para la clase media.
Con base en esto y como solución transitoria, se busca fomentar la compra de viviendas nuevas, ya sean terminadas o en fase final de construcción, para las familias de clase media, con el respaldo de un beneficio estatal adicional.
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Aunque el respaldo ha sido en mayoría, las opiniones de las bancadas políticas se mantienen divididas. Por un lado la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, valoró el proyecto de ley como una “alternativa para ayuda a la familia y reactivar la industria, con un beneficio compatible con otros beneficios para adquirir vivienda y otros beneficios tributarios”.
En contraparte, el senador del partido Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, calificó a la iniciativa como un esfuerzo “completamente menor” ante falta de crecimiento y de inversión en toda la actividad económica. “¡Somos de los 3 países que menos crece en Latinoamérica! (…) Esperaba una agenda de segundo tiempo que nos permita reactivar Chile”, destacó.
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De aprobarse, ¿cómo funcionaría este beneficio?
La propuesta establece un beneficio tributario en forma de un crédito reembolsable de hasta 16 unidades tributarias mensuales, equivalente a poco más de 1.000.000 de pesos chilenos (cerca de 1.117 dólares). Este crédito podrá ser deducido del impuesto a la renta de las personas durante los años tributarios desde 2024 hasta 2029.
Este beneficio estará disponible para aquellos individuos con domicilio o residencia en Chile que adquieran una vivienda y cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, es necesario que la vivienda adquirida esté construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o que, en ese momento, no cuente con recepción final, pero tenga un contrato de promesa de compraventa.
Originalmente, el proyecto establecía un plazo que llegaba hasta el 1 de julio de 2024, pero tras la discusión en la Comisión de Hacienda, el Gobierno presentó una indicación que extiende este plazo hasta el último día de septiembre de 2024.
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Otro efecto proyectado es reducir el stock de viviendas disponibles que, en contrapeso, estimule la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios. Actualmente, la Cámara Chilena de la Construcción estima que hay alrededor de 114.000 viviendas en stock en todo el país; por lo que el costo fiscal, entre el 2025 y 2029, ascendería a 32.000 millones de pesos (más de USD 35.760.000).
En la Región Metropolitana, en el caso de los departamentos, la mayoría de estas propiedades en stock se encuentran en Santiago Centro, Ñuñoa y La Florida.
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