Argentina comenzó a dar los primeros pasos para ejecutar el modelo de economía liberal que Javier Milei y su tren de Gobierno han diseñado para desmontar el andamiaje de una economía regulada para dejar espacio al sector privado.
A pocos días de que el gobernante asumiera el cargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció algunas medidas para mejorar las condiciones de la economía y reducir el déficit fiscal, la raíz del problema y cuyo síntoma evidente es la segunda inflación más alta del mundo, además de una deuda pública que supera los 400.000 millones de dólares y salarios reales disminuidos.
Entre las primeras decisiones de gobierno destacan elevar el tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos; la reducción del aparato estatal y de los subsidios a la energía y el transporte; la no licitación de obras públicas nuevas y la cancelación procesos aprobados, pero cuyo desarrollo no se hayan iniciado; la disminución al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias y la sustitución del sistema de permisos de importaciones por uno que no requiera licencias.
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Las medidas, que no dejan por fuera a los más débiles, pues se aumenta la Asistencia Familiar por Hijo y la tarjeta alimentaria, recibieron el aval del Fondo Monetario Internacional. “Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado”, dijo el multilateral en un comunicado.
“Hay un período de transición que va a ser muy difícil porque la corrección cambiaria y la corrección de precios relativos que tiene que tener lugar, obviamente va a generar un efecto inflacionario inicial que va a ser significativo, sobre todo en los próximos meses. Pero de nuevo, si es exitoso, hacia mediados del segundo trimestre del año, debería empezar a converger y ver los resultados hacia finales del año próximo”, comenta José María Segura, economista jefe de PwC Argentina y socio de la consultora.
Se espera que esta el Presidente Milei presente ante el Congreso un paquete de leyes denominado "ómnibus" o "varias combis", pues incluirá proyectos relacionados con diversas materias, incluyendo la económica, electoral y previsional.
Necesaria desregulación
La expectativa es grande en torno al conjunto de reformas que planean acometer Milei y su equipo, sobre todo para una sociedad agobiada por el decrecimiento de la economía y de salarios reales por debajo de los de la década de los noventa”.
“Hemos visto posiciones mucho más flexibles que las que se mostraban en la campaña. Tenía una posición tal vez más dogmática o más ortodoxa en términos de concepción de teoría económica. Ha ido mostrando un grado de flexibilidad que de alguna manera ha sido bien recibido. De hecho, ha mejorado los precios de los activos argentinos”, resalta Segura.
Sin embargo, no deja de haber incertidumbre en relación con la forma cómo se irán llevando los ajustes, así como respecto a la necesidad de alcanzar consensos en el Congreso para respaldar las reformas planteadas, de manera que se pueda presentar a los inversores un horizonte de estabilidad, de reglas de juego claras por un período durante el cual se pueda amortizar las inversiones que se hagan, indica Uriel O’Farrell, socio principal de Estudio O’Farrell y experto en energía.
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“Hay mucha expectativa porque va a ser un gobierno como nunca hemos tenido. La gran duda surge en relación con el Parlamento, donde el partido (oficialista), va a tener que lograr alianzas para sacar adelante las leyes”, expresa Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen.
Para Segura, el intervencionismo que marcó el gobierno de Alberto Fernández y los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner desplazó la potencialidad del sector privado en la economía argentina, que dejó de crecer a fines de 2010.
De allí que considere que el país necesita tener un sector privado liberalizado para que su fuerza productiva pueda desarrollarse, lo que implica desregulaciones en algunos ámbitos como el mercado laboral.
Otro aspecto en la agenda es la reducción de los impuestos -se calcula que en el país hay 160 tributos con regímenes distintos y en tres niveles (nación, provincias y munipios) con los que se pecha al sector privado y que, junto con los costos laborales y las restricciones cambiarias, entre otros, han llevado a varias transaccionales a abandonar el mercado en los últimos años.
Si en algo coincide la comunidad jurídica argentina es en que hay que flexibilizar y simplificar las leyes laborales y tributarias. Y, aunque propuestas de reforma sobre estas materias formaron parte de la agenda legislativa, no se concretaron. Agustín Cerolini, socio de Cerolini & Ferrari Abogados, señala que, pese a que se plantearon algunos cambios para hacer más equitativo y eficiente al sistema tributario, no se avanzó en ninguna reforma profunda.
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También se planteó la posibilidad de revisar y actualizar la legislación laboral para adaptarla a los desafíos actuales del mercado laboral y fomentar la creación de empleo, pero tampoco se concretaron reformas significativas en este campo, por lo que el abogado insiste en que la agenda legislativa de los próximos cuatro años debe contemplar reformas fiscales significativas a los fines de reducir la carga impositiva vigente, simplificar el sistema tributario y eliminar ciertos impuestos provinciales y municipales.
Además, menciona la reforma de la legislación laboral vigente con el objeto de lograr una mayor flexibilidad en el sistema de contrataciones, así como para promover la creación de empleo y adaptar el mercado laboral a las necesidades sociales actuales.
Inversión y seguridad jurídica
A la hora de hablar del tema legal, Agustín Siboldi, socio de Estudio O’Farrell, va más allá de los tres períodos que precedieron al gobierno de Milei para incluir el de Néstor Kirchner.
“Si uno mira a la Argentina cómo se gobernó y legisló y reguló en los últimos 20 años, la mitad o buena parte de la regulación es difícilmente congeniable con nuestra Constitución Nacional. Es muy poco lo que se puede rescatar. Vivimos en emergencia legal”, expresa.
El abogado, especialista en derecho público y regulación económica, prefiere ver hacia adelante, empezando por las reformas necesarias para que Argentina vuelva a tener un equilibrio económico, monetario y fiscal que estimule la inversión.
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O’Farrell pone en el centro de la agenda legal la ley de del negocio del gas natural líquido (GNL), que considera crítico para el desarrollo de la industria argentina y para aprovechar las reservas de gas del país, por lo que confía en el impulso que pueda darle la actual administración.
Para Siboldi esta es una oportunidad extraordinaria para ayudar a limpiar la matriz energética global desplazando el uso del carbón en Alemania, China y en Asia en general, lo cual demanda inversión en las reservas no convencionales de Vaca Muerta, que requieren capital intensivo porque tiene el modelo industrial de fracking, así como en toda la red de gasoductos para exportar, de extracción de riquezas y de plantas de licuefacción.
Además, refiere que el país cuenta con recursos renovables (sol, viento y biomasa), lo que lo posiciona al país con un potencial de desarrollo de hidrógeno de los distintos colores, que, eventualmente, puede ser el nuevo vector energético. El abogado refirió que es necesario legislar en esta materia, así como en el cuanto a inversiones, que sea un régimen único para todas las actividades y no por industrias específicas como ocurre ahora.
Al igual que Siboldi, Serrano Redonnet cuestiona el trabajo legislativo anterior, pues asegura que se hicieron leyes para regular más la economía o para aumentar impuestos. Además de la ley que aumentó el impuesto a las personas en época del COVID-19 (impuesto solidario), cree que también debería ser modificada o derogada la ley de alquileres, que era muy restrictiva y que a la larga provocó el retiro de la oferta de propiedades para alquilar empeorando la situación del mercado habitacional.
“Hay mucho que modernizar para llevar a Argentina en materia de legislación al siglo 21, sobre todo a la luz de las realidades tecnológicas actuales”, comenta al agregar que el país está viviendo con leyes y regulaciones que datan de los años 40 o 50 y que se han quedado arcaicas, han quedado un poco flexibles para las realidades del mundo de hoy.
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Seguro de que, aunque no está todavía en la agenda, será cuestión de tiempo la regulación de los criptoactivos y de las fintech. En esto coincide con Martín Chindamo, asociado sénior de banca y corporativo de Cerolini & Ferrari, quien considera que como parte de la desregulación de la normativa económica, financiera y cambiaria, el gobierno deberá promover nuevas regulaciones que reduzcan las restricciones cambiarias vigentes, promuevan nuevas inversiones en los sectores financieros como el ecosistema fintech.
Dana König, semi sénior del mismo equipo de Cerolini & Ferrari, comenta sobre la necesidad de avanzar en la desregulación y simplificación de trámites para facilitar el establecimiento y operación de negocios, más allá de la reducción de impuestos y costos laborales; de políticas para incentivar el emprendimiento y la inversión privada y extranjera para estimular el crecimiento de las industrias locales como energía y agroindustria, así como la apertura comercial y promoción de exportaciones.
Mientras comienzan a conocerse los anuncios que ayudarán a liberar la economía argentina de trabas burocráticas, crece la expectativa en torno a la posibilidad de que se concreten más negocios de compraventa de empresas aprovechando oportunidades en diversas áreas como agronegocios, tecnología, minería, incluyendo el litio, y energías renovables, o de que retornen las que se marcharon por diferentes circunstancias. El asomo de un plan de privatización abre aún más el abanico de opciones.
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