Hace poco más de un mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México dio a conocer la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, diseñado bajo el objetivo de reorientar el financiamiento para desarrollar actividades y proyectos que generen impactos positivos sobre el medioambiente y la sociedad.
La iniciativa, de adopción voluntaria por ahora, prosigue a la Taxonomía Sostenible, dada a conocer este año, y es parte de los pasos que viene dando el país en materia ESG (ambiental, social y gobernanza), para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hacia 2030, así como dar cumplimiento al Acuerdo de París y al Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
El compromiso es “transformar del sistema financiero mexicano”, a través de la adopción de prácticas con una orientación “sostenible, equitativa e incluyente”.
La estrategia implica una inversión de 830.412 millones de dólares, a razón de 94.113 millones de dólares anuales, para cerrar la brecha de financiamiento y cumplir las metas de desarrollo sostenible. El monto total equivale, de acuerdo con la Secretaría, a 46 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país este año.
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La definición de estas sumas para echar adelante la iniciativa se da en momentos en que diversos sectores y organizaciones no gubernamentales han denunciado la reducción del presupuesto de medioambiente por parte del gobierno mexicano.
La estrategia se fundamenta en tres pilares: gestión financiera pública sostenible, movilización de financiamiento sostenible y acciones transversales, los cuales han sido diseñados con 19 líneas de trabajo y 97 actividades estratégicas a corto (2023-2024), mediano (2025-2027) y largo plazo (2027-2030). Esto conllevará a la creación de ciertas regulaciones para garantizar la adopción y uso correcto de la estrategia, como ha dicho la SHCP.
Sobre este nuevo paso que da el país para mitigar el cambio climático, entrevistamos a Paola Hernández Villalvazo, consejera de sostenibilidad & ESG del área medioambiental e impacto social de Gonzalez Calvillo, despacho que ha venido dando cursos de capacitación a empresas para que puedan adentrarse en esta nueva dinámica.
¿Qué implicaciones tiene la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible?
Paola Hernández Villalvazo: Esta estrategia es parte de toda una serie de modificaciones que se han dado en México. Hasta hace poco la mayor parte de los marcos de referencia en esta materia, leyes y demás eran voluntarios. Pero esto, evidentemente, se prestó mucho a greenwashing.
La Unión Europea, con el reglamento que 2020/852 del 18 de junio, estableció criterios para determinar qué inversiones realmente persiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), qué actividades alcanzan el propósito de estos ODS y a eso se le llama taxonomía medioambiental. Este es el inicio de lo que estamos viendo en todos los países. Hoy 11 países cuentan con taxonomías verdes, otros 15 están desarrollándolas y México es parte de esta implementación. Los criterios ESG en México se derivan y se basan, en gran medida, en lo que empezó la Unión Europea.
En febrero 2022, la Plataforma sobre Sostenibilidad Financiera, que asesora a la Comisión Europea, presentó la segunda versión de lo que era la taxonomía social. Es decir, en la Unión Europea lo tienen separado: medioambiente y social.
La primera no fue aprobada, les costó mucho trabajo. Los elementos de la taxonomía medioambiental están basados en ciencia, pero los sociales son mucho más subjetivos.
Entonces, no pasó el primer borrador. Ahora, ya se presentó la segunda versión de lo que sería una taxonomía social y está en revisión, todavía no ha sido aprobada. México empezó a diseñar su taxonomía en 2021 y en abril de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la Taxonomía Sostenible, considerada innovadora porque integra tanto lo ambiental como lo social.
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¿Qué implica que la estrategia sea de adopción voluntaria?
La empresa que quiera puede empezar a incorporarla o incorporar sus parámetros y criterios dentro de lo que va a reportar en sus informes de sostenibilidad a sus partes interesadas.
Es decir, si una empresa, cualquiera de las que cotiza en bolsa, decide que, además, en su informe de sostenibilidad, va a empezar a divulgar qué acciones de las que están ya previamente etiquetadas y toma en cuenta los parámetros y criterios que están en la taxonomía, lo puede empezar a hacer, pero no se considera que está cumpliendo con la obligación, se considera que lo está haciendo por transparencia y de buena fe.
Vemos que la estrategia involucra a diversas partes, incluso a organismos internacionales. ¿Cómo encaja el sector privado?
Están definidos en la primera parte, donde se hace referencia a los sectores prioritarios. En estos momentos lo que deben hacer es revisar esta estrategia, participar en los grupos sectoriales.
A la vez, han puesto el documento a consulta, lo que quiere decir que cualquiera de las empresas que tenga comentarios, ahorita es cuando puede acercarse y ver qué se requiere para hacer más eficiente el mecanismo. Después, cuando se publique y sea parte de lo que se menciona en el documento, así lo establece la Secretaría de Hacienda, ir viendo cómo funciona y por eso se va a ir en fases.
¿Qué cambios trae consigo esta la estrategia en la forma como se ha venido manejando el financiamiento?, ¿cuánto de ese financiamiento es sostenible hoy?, ¿la meta podrá cumplirse?
Justamente, hasta el día de hoy, no había directrices claras de lo que debía de ser y ese es el objetivo de la taxonomía, que haya certeza de qué es verde porque si no es greenwashing.
Internacionalmente y en México le llamaban bonos rosas a todo lo que tenía que ver con la diversidad y había mucho conflicto. Este movimiento, no nada más la estrategia, es la taxonomía ligada con la Reforma de la Ley del Mercado de Valores, tiene por objeto modificar todo el sistema para que haya claridad de qué actividades se considera que cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¿Qué reformas necesita hacer el mercado financiero para que no solo entren los grandes, los que pueden hacer responsabilidad social corporativa y digan yo quiero financiamiento para hacer un proyecto y voy a cumplir los ODS? Se necesita impulsar también a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se requiere simplificar el mercado para que haya evidentemente más acceso a todo tipo de empresas a este financiamiento y, por otro lado, para que los bancos tengan la facilidad y los instrumentos para hacer estas inversiones etiquetadas como sostenibles. Y por último, a nivel dependencias, cada una de ellas, entre los objetivos que tienen, irán creando instrumentos que tengan eso por objeto.
¿Quién hace cumplir la estrategia?
Hasta ahorita solo rige a nivel dependencias, o sea Gobierno, no es a nivel empresas y se empieza a mencionar lo que va a ser voluntario. Dicen que, de aquí a febrero, se va a revisar, van a hacer grupos de consulta con empresarios, con sectores, y se puede modificar. Es un documento que salió para consulta.
Entonces, todavía para enero o febrero se puede modificar porque la idea es que empiece como si fuera un programa piloto en el reporteo de empresas y demás.
A nivel de gobierno, Hacienda se encarga de coordinar junto con otras dependencias, las mencionadas, entre ellas Banobras, cada una dentro de sus funciones. Por eso se está tratando de hacer una coordinación intergubernamental para que todas caminen hacia este objetivo. Pero ahorita es muy incipiente, es muy nuevo. A nivel de gobierno lo que está escrito es el propósito de cómo armarlo para llegar a esto, pero todavía no está como una obligación a nivel particular.
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En el sitio web de la Secretaría de Hacienda Pública se anunció que el proceso de consultas va a estar abierto hasta diciembre. ¿Cómo garantizar que el financiamiento sea inclusivo, que las empresas pequeñas puedan obtener fondeo?
Es lo que se pretende, pero es necesaria una modificación a la Ley del Mercado de Valores, porque, insisto, hasta ahorita está hecha como para empresas, grandes empresas, con una relevancia económica.
Justamente esa reforma, la de la Ley del Mercado de Valores, tiene intención de hacerlo accesible y, sobre todo, más simplificado, con objeto de que las chiquitas puedan tener acceso.
¿En qué etapa se encuentra esta reforma?
El 28 de abril el Senado aprobó la iniciativa para reformar la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión, con el objetivo de que las empresas pequeñas y medianas empiecen y les sea viable obtener financiamiento verde o sostenible. El propósito de esto es que las de menor escala puedan estructurar sus operaciones de mercado a través de un nuevo proceso de inscripción simplificada de valores.
La reforma a la Ley del Mercado de Valores todavía no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados, apenas fue aprobada en la Cámara Senadores.
¿Que otros cambios deben darse en México, más allá del financiero, o para alcanzar el objetivo de mitigar el cambio climático?
Evidentemente, en la parte ambiental ha habido una incongruencia en la falta de alineamiento en lo que respecta a los bonos de carbono. El tema aquí es que tenemos una Ley General de Cambio Climático, que establece que los instrumentos e incentivos para que las empresas reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y que va a ser coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, los estados han ido emitiendo legislaciones en materia fiscal, gravando o estableciendo el tope de emisiones.
Actualmente, son ocho o nueve estados los que lo tienen, pero cada uno ha impuesto diferentes topes, diferentes metodologías y esto tiene a las empresas en un grado de incertidumbre bastante complejo. La compensación ha sido un incentivo para que las empresas decidan que van a pagar, entonces lo que falta es alineación a nivel dependencias para dar certidumbre y certeza jurídica a todos a nivel nacional.
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