REPORTAJES


Elecciones en Venezuela: el día después

Es la primera vez en 16 años que la oposición venezolana avanza en unas elecciones parlamentarias con una clara ventaja sobre el oficialismo. Ventaja en las encuestas, claro está, pues en términos de recursos y acceso a medios de comunicación para la campaña, ha estado en franca desventaja frente al aparato de propaganda del Estado venezolano.

Si la tendencia de la campaña se traduce en votos, el próximo 4 de enero se juramentará una nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora. Y aquí cabe preguntarse: ¿cuáles son los retos con los que se encontraría un parlamento no alineado con el gobierno?

José Ignacio Hernández es profesor de Derecho Constitucional en la UCV, Universidad Católica Andrés Bello, y la Universidad Monteávila. También es socio de la firma Grau García Hernández & Mónaco, y en los últimos años, a través de sus columnas en Prodavinci ha intentando aportar claridad sobre la legalidad de las inexplicables acciones del gobierno venezolano.

Como buen abogado, es cauteloso. No se entrega fácilmente a las encuestas que dan a la oposición como seguros vencedores.

El triunfalismo, gerrymandering de por medio, le preocupa. Siente que la opinión pública da por sentado que se obtendrá con seguridad la mayoría calificada, que sería valiosísima, pero según dice, no esencial para impulsar un cambio democrático en el país.

“Se ha generado una matriz de opinión negativa hacia la mayoría simple, como si fuera una derrota, una mayoría chucuta,” dice. “Pero la realidad es que, en términos operativos, la mayoría simple es suficiente. Tanto así, que el chavismo, antes de hacerse de la mayoría calificada, la llamaba mayoría absoluta.”

Análisis legal 

Ahora, frente a la pregunta sobre qué podría pasar si la oposición gana la asamblea, Hernández comenta que en Venezuela hay que tener mucho cuidado, y distinguir entre lo que va a pasar y lo que debería pasar de acuerdo con la Constitución.

Explica que la ley dice que hasta el 15 de diciembre la asamblea actual se encuentra en plenas funciones. Luego de esa fecha, solamente puede convocar a sesiones extraordinarias. Durante esas sesiones puede operar con total normalidad, y promulgar cualquier tipo de ley.

“Formalmente eso es constitucional,” pero aquí el constitucionalista se detiene para hacer una salvedad: “Ahora bien, si la ley tiene como propósito neutralizar las funciones de la nueva asamblea, esto podría considerarse fraude constitucional.”

¿Qué podría hacer la actual Asamblea para neutralizar a la que se juramentará el 4 de enero de 2016? “Dictar una Ley Habilitante que otorgue al Presidente de la República la potestad de dictar leyes vía decreto. Es más, esto ya pasó en 2010 cuando la Asamblea saliente, semanas antes de la juramentación de la nueva, otorgó una Ley Habilitante al presidente Chávez que se mantuvo en vigencia durante 18 meses.”

Ante esto, surge la duda de si la nueva Asamblea podría hacer algo para anular una Ley Habilitante dictada en ese breve espacio entre las elecciones del 6 de diciembre y la juramentación del 4 de enero, habida cuenta de que se trataría de fraude constitucional. El abogado tiene la respuesta en la punta de la lengua. “Sí, pero…” contesta, y recapitula, “toda ley puede ser derogada por una nueva, siempre y cuando se cumpla con el principio del paralelismo de la forma. Es decir, si la ley fue dictada con la aprobación de la mayoría calificada de 3/5 partes de la asamblea requerirá de una mayoría equivalente para su derogatoria.”

Recuerda, además, que el presidente Maduro actualmente tiene una habilitante hasta el 31 de diciembre de este año que le permite dictar leyes orgánicas. Pero esto es sencillamente una nota al margen.

Pareciera entonces, que es absolutamente necesario que la oposición obtenga la mayoría calificada (tanto la de 3/5 partes como la de 2/3) para poder operar normalmente durante el próximo período constitucional. “No en el contexto que nos encontramos hoy,” contesta Hernández. “La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene la potestad de revisar y vetar las actuaciones de la Asamblea Nacional, y podría, sin duda, decir que la nueva habilitante no puede ser derogada.”

“Aunque sorprenda a muchos, este gobierno es muy formalista. Y eso es algo de lo que no se habla, y que merece un poco más de atención,” explica. “Cuando violan la Constitución, por ejemplo, como lo hicieron con el nombramiento del Defensor del Pueblo en su momento, van y lo respaldan con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.”

La máxima corte venezolana tiene un impresionante récord de decisiones favorables al gobierno, las cuales han sido documentadas en el libro “El TSJ al Servicio de la Revolución”. Los autores, Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol, analizaron 45.474 dictadas entre 2004 y 2013, y llegaron a la increíble conclusión de que, en ese período de 9 años, el Tribunal Supremo nunca emitió una sentencia en contra del gobierno.

Hay un asunto adicional que ha estado en el tapete de las discusiones sobre las elecciones parlamentarias en el último par de meses, y precisamente tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, y la jubilación anticipada que han solicitado 13 de sus magistrados. Este grupo de magistrados, integrantes de lo que se considera la primera corte chavista, y en gran medida responsables del increíble récord estadístico mencionado en el párrafo anterior, terminaban sus períodos en 2016. Es decir, el nombramiento de los nuevos magistrados correspondería a la nueva Asamblea.

Dependiendo de los resultados del 6 de diciembre, es muy probable, considerando todo lo que se ha discutido, que los nuevos nombramientos se hagan a la carrera antes de la juramentación del 4 de enero. De esta manera, el gobierno podrá neutralizar a la Asamblea Nacional indirectamente a través del Tribunal Supremo de Justicia.

“En el fondo, no hay una diferencia cualitativa notable entre obtener una u otra mayoría,” concluye Hernández. Y luego, revela su mayor preocupación. “Mientras se dan estos juegos políticos, otros asuntos que requieren de atención urgente queden desatendidos. Por ejemplo: la economía.”

Panorama económico 

Y aquí es donde entra Anabella Abadi, economista venezolana y consultora en ODH Grupo Consultor. Anabella ha seguido de cerca la crisis económica de los últimos años, y se ha convertido, quizás, en la analista venezolana más consultada (y escuchada) de su generación. Al preguntarle sobre la situación actual de Venezuela, y sobre lo que una nueva Asamblea Nacional encontrará a partir de su juramentación, responde con tono sombrío: “no está fácil.”

“Este año lo cerramos con la inflación más alta del mundo y, ciertamente, la más alta de la historia de Venezuela,” explica. Luego titubea y dice con tono jocoso “creo, porque la verdad no hay cifras oficiales. De hecho, la única cifra medio oficial que podríamos tomar, la dio el mismo Presidente Nicolás Maduro, el 15 de octubre.”

El Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras oficiales de inflación en lo que va de 2015.

Tal y como comentó Abadi, el presidente Maduro, durante una de sus alocuciones, dijo, ligeramente y de paso, que la cifra actual de inflación en Venezuela era equivalente al 80%. No aclaró si esa cifra era la estimada del año o la acumulada hasta octubre. Días después, el 27 de octubre, profundizó la confusión al dar otro número: “fíjense ustedes, la inflación inducida este año, me dice el Banco Central en un informe oficial que me acaban de entregar, debe estar en 85%. Es la más alta en tiempos de revolución.”

La escasez de cifras ha llevado a los analistas a hacer cabriolas para estimar la inflación, utilizando otros indicadores que sí aparecen publicados como como, por ejemplo, la liquidez.  De esta manera, Abadi revela que la inflación de 2015 cerraría alrededor de 180%.

“Tampoco hay cifras estimadas sobre la recesión por la que atraviesa el país. Pero si se cumple la estimada por el Fondo Monetario Internacional, Venezuela tendrá una caída de 10 puntos y tendríamos otro récord histórico. Las peores hasta ahora correspondieron a la  caída de 8,6% en 1989, y la de 8,9% en 2002,” afirma.

Tanto 1989 como 2002, fueron años coyunturales en la historia de Venezuela. Años en los que hubo alteraciones del orden institucional que, con el tiempo, impulsaron cambios políticos relevantes que llevaron al país a la terrible situación en la que actualmente se encuentra.

Hasta ahora, como comenta la economista, el peor año ha sido 2015, pero explica que seguramente 2016 será peor. “Y si esto ocurre, será la primera vez que Venezuela pasará 3 años seguidos en recesión.”

“Lo que viene, en materia económica es inevitable. Si la administración de Maduro toma las medidas de ajuste económicas que se requieren, igual el país se mantendría con escasez e inflación de tres dígitos,” se detiene, y hace énfasis “si es que las toman.”

El gobierno de Nicolás Maduro ha sido tímido, por decir lo menos, en la implantación de medidas de cualquier tipo. A manera de ejemplo: En 2013, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA) planteó al gobierno un plan de reabastecimiento nacional que tendría una duración de 6 meses. No se adoptaron los correctivos, y ahora el plan es de 18 meses.

Abadi coincide con Hernández en que las discusiones políticas han desplazado a temas más urgentes que, sin importar el resultado de las elecciones, igual requieren solución, y en que las expectativas de la gente están en que un cambio en la Asamblea detone un cambio de gobierno.

Y sí es probable que el país se encuentre a las puertas de una transición política, pero estos procesos no ocurren de la noche a la mañana. Toman tiempo. Son difíciles. Y de acuerdo a lo que comenta José Ignacio Hernández, los obstáculos se presentan paquidérmicos. Luego, está la urgencia que plantea Anabella Abadi.

Ambos pintan un panorama bastante claro de una situación ciertamente oscura: los tiempos políticos requeridos para llegar a los acuerdos que el país requiere en este momento, no dan para abordar la crisis económica, que lleva su propio paso, y no espera por nadie.

 

 


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