Cifras acerca de la situación económica venezolana nos alarman e inquietan. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que:
1.- Venezuela es uno los tres países de América Latina sin tasas positivas de crecimiento en 2017. Los demás países crecerán un promedio de un 1,1 %.
2.- El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano sufrirá una nueva contracción de 7,2%.
3.- En 2016 el PIB se contrajo hasta un 9,4 %, debido a: los bajos precios del petróleo; la caída de producción de crudo de 58 mil barriles diarios entre diciembre de 2016 y mayo de 2017; la reducción de jornadas laborales; los cortes del servicio eléctrico; el anuncio del retiro del cono monetario del billete de 100 bolívares en diciembre del año pasado.
4.- La deuda externa asumida por el Gobierno se incrementó en un 10 % con respecto al saldo de finales de 2015, lo que equivale a US$ 4.229 millones. Sin embargo, en el primer trimestre de 2017 el endeudamiento externo fue casi nulo (0,14 %).
5.- La deuda interna evaluada en dólares se contrajo un 21 % en 2016 por la devaluación del bolívar cayendo un 2 % en el primer trimestre de 2017.
6.- Las reservas internacionales disminuyeron un 32,8 % en 2016 tras una caída del 25,9 % en 2015. En el primer semestre de 2017 alcanzaron el valor más bajo de los últimos 21 años: US$10.004 millones de dólares. “La inversión extranjera y el endeudamiento externo (bonos o préstamos) son insuficientes para cubrir las obligaciones de deuda y las importaciones”, indica el informe.
7.- En 2016 las exportaciones se contrajeron hasta un 27 % y las importaciones disminuyeron un 48 %.
8.- En 2016 el Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional (FMI) de una inflación del 254,9 %. “En 2017 las presiones inflacionarias se mantienen y se estima que el porcentaje de inflación continúe siendo de tres dígitos”.
Esta información, extraída de un artículo del portal runrun.es, no se encuentra en ningún informe público de instituciones venezolanas, pues hay un fuerte cerco a las informaciones que provienen de las autoridades.
Ahora bien, esta desinformación en la que vivimos en Venezuela es propia de países sujetos a regímenes tiránicos o despóticos, altamente populistas y demagogos, autoritarios y mandamases que solo se sostienen en el poder por el empleo inescrupuloso de mecanismos de represión.
Detengámonos solamente en el derecho a la información:
El derecho a la información es uno de los derechos humanos de mayor relevancia en nuestro ordenamiento constitucional, pues se encuentra incluido en la lista de derechos y garantías que no pueden ser restringidos ni siquiera con ocasión del dictado de un estado de excepción, como lo prevé el artículo 337.
De igual manera, se encuentra previsto en el artículo 28 "Toda persona tiene derecho de acceder a la información" y en el artículo 143 "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos", sin perjuicio de la garantía contenida en el artículo 141, según la cual, "la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de … transparencia, rendición de cuentas…".
Con este marco general, del cual no escapa la administración económica del Estado, nos tropezamos con lo que al efecto dispone la Ley del Banco Central de Venezuela, en su artículo 31:
La gestión del Banco Central de Venezuela se guía por el principio de transparencia. En tal sentido (…) debe mantener informado, de manera oportuna y confiable (…) a la población acerca de la ejecución de (…) los informes, publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas pertinentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, que permitan disponer de la mejor información sobre la evolución de la economía venezolana….
Nada de esto se cumple, como tampoco lo hacen las autoridades ministeriales que actúan en el campo de la economía,ni la Jefatura del Gobierno. Nadie recuerda la última publicación de un informe al respecto y los números los celan las autoridades para evitar tener que admitir públicamente el estrepitoso fracaso de sus políticas económicas. Esto es un encubrimiento criminal.
La Venezuela de hoy no es una democracia, ni un Estado de Derecho, ni una república basada en el principio de libertad.
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