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En Panamá la protección de datos está regulada por leyes especiales y por la propia Constitución / Bigstock

Regulación vigente sobre protección de datos en Panamá

En Panamá existen varias leyes que regulan aspectos de la protección de datos junto a la Constitución
por Kharla Aizpurúa Olmos
publicado el23/11/2018
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En el marco del mundo globalizado y con las redes sociales como medidor de cualquier muestra de interés por parte de grupos económicos, sociales y políticos, las regulaciones de protección de datos adquieren mayor relevancia.

La Unión Europea (UE) mediante el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), establece requisitos que atienden a la protección de datos y que se aplican incluso a personas encargadas de su tratamiento fuera de las fronteras europeas, pero que manejan datos personales de residentes en la UE.

En el caso de Panamá, nuestra mayor protección viene directamente establecida a través de nuestra Constitución, principalmente en los artículos del 42 al 44. Dichos artículos establecen el marco regulatorio en el cual los criterios que deben cumplirse son el consentimiento del propietario de los datos personales para obtenerlos, manejarlos y almacenarlos. Además, les permite tener acceso a esa información para actualizarla o eliminarla. Así, queda establecida la acción de "hábeas data", para garantizar el derecho de acceso a información personal.

¿Cómo afecta esto a las empresas?

A efectos laborales, nuestro Código Laboral establece la obligación para el empleador de mantener un registro con información de los trabajadores, el cual queda sujeto a una inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El trabajador —según la protección constitucional tiene derecho a poder acceder a esa información, actualizarla y rectificarla, según corresponda.

A partir del marco regulatorio y de los principios de la Constitución, lo que ha ocurrido en la práctica es que dependiendo de la especialidad de la materia o negocio en las leyes que los regulan, se ha incluido la protección de los datos personales. Estas leyes especiales son las siguientes y todas siguen, en términos generales, los principios constitucionales:

  • Ley 51 de 22 de julio de 2008, que define y regula los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas.
  • Ley 51 de 18 de septiembre de 2009, que dicta normas para la conservación, la protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
  • Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.
  • Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, que regula el régimen bancario y la Superintendencia de Bancos.
  • Ley 68 de 20 de noviembre de 2003, que regula los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. 
  • Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento.
  • Ley 33 de 25 de abril de 2013, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Es interesante mencionar que en Panamá no hay una prohibición expresa en cuanto a la transferencia de información de datos personales fuera del país. Las leyes existentes mantienen un enfoque más dirigido a la administración y manejo de la información y su almacenamiento. En este sentido, existe la Dirección General de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias, que regula a los proveedores de servicios de almacenamiento tecnológico. La mencionada entidad regula la protección de datos que se debe cumplir dentro de un negocio, imponiéndole la obligación de mantener medidas de seguridad y protección de la información.

Sí debo cerrar mencionando que a la fecha, existe un proyecto de ley de datos personales que ha sido presentado en la Asamblea Nacional. Es el segundo intento, en lo que va de año, que se hace para tratar de aprobar una ley nacional que compile la regulación sobre esta materia.

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