En México, la responsabilidad de las empresas en materia ambiental crece cada día. Ocurre así por todos los descuidos que las empresas han practicado y que, con el paso de los años, han provocado daños irreversibles al ecosistema de nuestro país.
Aunque las ideas y tendencias del Derecho Ambiental no suponen una novedad, de hecho, conforman un conjunto de temas tratados habitualmente en convenciones internacionales (de las que México forma parte desde el año de 1972, a partir de la Conferencia de Estocolmo), su origen en nuestro país se produce a raíz del desastre sucedido en el Río Sonora, hace tres años (en 2014). El derrame de este río fue ocasionado por la minera Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México, que tuvo que hacer frente a una sanción multimillonaria. Además, fue necesario crear un fideicomiso y reorientar el presupuesto gubernamental para construir plantas de tratamiento alrededor del cauce. Todo con tal de sanear estas aguas, que abastecían antes de la catástrofe a siete municipios de Sonora, un total de más de 24.000 habitantes.
Fue en este preciso momento cuando la legislación mexicana en materia ambiental dio un vuelco absoluto con el fin de, en hipotéticos desastres venideros, poder establecer los responsables potenciales y lineamientos. De esta forma, obtuvieron poder autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para penalizar cualquier violación en materia ambiental e intervenir ante cualquier riesgo o presunción de daño al ambiente.
La prevención es la llave para el control de riesgos. Ninguna empresa está a salvo. Y por si pareciera poco lo ya referido, con la nueva reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, inminentemente dura por el contexto y realidad que vive nuestro país, a las empresas les urge disponer de planes preventivos que les permitan minimizar los riesgos porque acabarán siendo costes.
Parece, por tanto, necesario hablar no solo de prevención sino de esta nueva figura que va cobrando fuerza: la auditoría ambiental. Regulada en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales, el gobierno federal la implementó en 1992 con el nombre de ‘industria limpia’ y, actualmente, permite a las empresas contar con un certificado ambiental que las protege frente a cualquier inspección.
La auditoría ambiental es, sobre todo, una herramienta que sirve para conocer y examinar la situación en la que se halla una empresa respecto al impacto y afectaciones en el ambiente, identificando las áreas de oportunidad para que la compañía pueda prever, corregir, reparar y reestructurar sus acciones con un enfoque verde.
El Programa Nacional de Auditoria Ambiental, realizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es un programa cien por cien voluntario que evalúa dos aspectos: el cumplimiento de la ley y la implementación de buenas prácticas en materia ambiental.
Con este programa, la Profepa ofrece a las empresas la posibilidad de redimirse antes de que se produzca la implementación a nivel nacional de una legislación completamente verde. Las empresas deberán prestar especial atención, porque una vez que estén siendo auditadas, los compromisos que emanen de las inspecciones serán obligatorios. Las compañías dispondrán de un tiempo concreto para implementar todas las acciones correctivas que les sean indicadas. En caso de no hacerlo, serán sancionadas con multas económicas de alto impacto, que además afectarán de manera negativa a su imagen y reputación.
En el estado de Querétaro la legislación verde asestó su primer golpe con una multa de 48 millones de pesos y el embargo parcial de un complejo residencial habitacional de lujo en Balvanera. La empresa en cuestión, que incumplía las medidas de seguridad y no acató los procedimientos de cambio de uso de suelo, fue castigada con la inmovilización del terreno hasta la liquidación de la referida multa.
Es, por todo lo anteriormente explicado, que hoy en día resulta más conveniente hablar de un Compliance específico en materia ambiental; que se ha de llevar a cabo a través de la realización de una auditoría ambiental y que debe contar con expertos capacitados para elaborar mapas de riesgos y planes de acción, denuncia, amortización y ejecución en caso de riesgo o contingencia. Al final del día, la suma de cada una de estas acciones supondrá para la empresa una importantísima reducción de los costes, debido a que estarán previstos los puntos en los que se corre más riesgo de dañar al ambiente.
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