El Tribunal Federal de Nueva York ha ratificado la decisión de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), según la cual ConocoPhillips tiene derecho a adquirir una participación del 50% en la unidad de coquización retardada de la refinería Sweeney, propiedad de la estatal venezolana PDVSA, debido a que la empresa violó los acuerdos de suministro e inversión.
La unidad, con capacidad para producir 70.000 barriles diarios, pertenecía originalmente a Merey Sweeney LP, una sociedad conjunta entre PDVSA y Phillips. Cuando Venezuela dejó de suministrar la cantidad de crudo acordada, ConocoPhillips anunció que ejercería su derecho de comprar la parte que le correspondía a su socio en el negocio. Venezuela tiene hasta finales de septiembre de este año para apelar la decisión ante el Tribunal Federal.
En abril de 2014, luego de cuatro años de arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje del CCI decidió que Phillips tenía derecho a adquuirir la participación de PDVSA en la refinería, ya que la empresa venezolana había violado los acuerdos de suministro e inversión.
Tras perder el caso ante el CCI, el Estado venezolano llevó el asunto al Tribunal Federal de Nueva York para tratar de impedir la aplicación del laudo arbitral, aduciendo que la decisión era desmedida y que iba en contra de las "políticas públicas" de Venezuela.
Por otro lado, en 2007, ConocoPhillips presentó una demanda de arbitraje contra Venezuela ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), por la expropiación de los activos de la compañía en Venezuela, incluidos dos proyectos en la Faja del Orinoco.
Sobre ese caso, el CIADI falló a favor de ConocoPhillips y declaró a Venezuela responsable de expropiar los bienes sin hacer la compensación económica correspondiente. Por su parte, Venezuela presentó una demanda de arbitraje por daños y perjuicios por inversiones no realizadas por la empresa americana, a lo que ConocoPhillips respondió que había invertido más de USD 4.5 mil millones. Entretanto, ConocoPhillips presentó una reclamación contractual por las pérdidas de las expropiaciones ante la Corte Penal Internacional.
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