Fecha de publicación: 30/10/2015
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Antes de la primera audiencia que el juez Thomas Griesa sostuviera con los acreedores de los fondos especulativos de Argentina que decidieron no demandar a la nación suramericana (los llamados “yo también”), los abogados que defienden a Argentina pidieron al magistrado una reunión previa y privada.
En esta, Carmine Boccuzzi (de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), quien pidió la reunión, tuvo que aceptar la presencia en esta reunión de Robert Cohen (representante del Fondo Elliott y NML Capital) y Daniel Pollak (de McCarter & English LLP), special master que también representa a los holdouts. La inclusión de Pollak y Cohen fue solicitada por Griesa.
Durante el encuentro previo el defensor de Argentina pidió al juez estadounidense, por medio de un secretario del juzgado habilitado por Griesa como su interlocutor, le dé a la nación una prórroga en el reinicio de las negociaciones a manera de esperar luego del 22 de noviembre, cuando el país ya sepa quién es su nuevo presidente electo.
Las razones esgrimidas por Bocuzzi se centraron en aclarar que Argentina está viviendo en estos momentos “cambios políticos muy importantes” que podrían cambiar el “destino del juicio”. Luego de la exposición Griesa aceptó la petición pero aclaró que cuando las partes retomen las negociaciones en el corto plazo lo harán bajo la condición de que “la manera de resolver finalmente esta demanda debe darse a través de una negociación” entre todas las partes.
Griesa recordó a Bocuzzi que fue el país suramericano el que no aceptó reabrir las negociaciones en 2015.
En principio, la audiencia de esta semana era para determinar si Griesa ordenaba a la nación pagarle lo adeudado a los 530 acreedores y a los bonistas “yo también” (o “me too”), quienes, a juicio de Cohen, tienen gracias a la cláusula pari passu “el mismo tipo de bono y merecen el mismo trato”. Esta cláusula obligaría a Argentina a pagar a todos los litigantes simultáneamente, hayan aceptado o no los canjes de deuda.
Cohen recordó que los bonistas “yo también” tienen derecho a un trato igualitario, para él “si la Argentina paga a los reestructurados 100%, 75% o 20% de la deuda, que pague lo mismo a los demás bonistas”. Dijo que Argentina forma parte del G-20 lo que significa que está en condiciones de pagar.
Al contrario, Bocuzzi difiere e indica que de ser así esto aumentaría otros 6 billones de pago lo que “complicaría más las cosas” y podría llevar al país a default. En la demanda se incluirá la totalidad de los “me too” lo que significa que a la deuda original de US$1.330 millones se sumarán US$8 billones. Si a estos se les aplica el cálculo de Griesa de intereses, punitorios y multas el monto final podría ascender a US$16 billones.
Finalmente, de parte de Griesa, si se retoman las negociaciones estas serán llevadas por el Special Master Daniel Pollak.
En esta, Carmine Boccuzzi (de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton), quien pidió la reunión, tuvo que aceptar la presencia en esta reunión de Robert Cohen (representante del Fondo Elliott y NML Capital) y Daniel Pollak (de McCarter & English LLP), special master que también representa a los holdouts. La inclusión de Pollak y Cohen fue solicitada por Griesa.
Durante el encuentro previo el defensor de Argentina pidió al juez estadounidense, por medio de un secretario del juzgado habilitado por Griesa como su interlocutor, le dé a la nación una prórroga en el reinicio de las negociaciones a manera de esperar luego del 22 de noviembre, cuando el país ya sepa quién es su nuevo presidente electo.
Las razones esgrimidas por Bocuzzi se centraron en aclarar que Argentina está viviendo en estos momentos “cambios políticos muy importantes” que podrían cambiar el “destino del juicio”. Luego de la exposición Griesa aceptó la petición pero aclaró que cuando las partes retomen las negociaciones en el corto plazo lo harán bajo la condición de que “la manera de resolver finalmente esta demanda debe darse a través de una negociación” entre todas las partes.
Griesa recordó a Bocuzzi que fue el país suramericano el que no aceptó reabrir las negociaciones en 2015.
En principio, la audiencia de esta semana era para determinar si Griesa ordenaba a la nación pagarle lo adeudado a los 530 acreedores y a los bonistas “yo también” (o “me too”), quienes, a juicio de Cohen, tienen gracias a la cláusula pari passu “el mismo tipo de bono y merecen el mismo trato”. Esta cláusula obligaría a Argentina a pagar a todos los litigantes simultáneamente, hayan aceptado o no los canjes de deuda.
Cohen recordó que los bonistas “yo también” tienen derecho a un trato igualitario, para él “si la Argentina paga a los reestructurados 100%, 75% o 20% de la deuda, que pague lo mismo a los demás bonistas”. Dijo que Argentina forma parte del G-20 lo que significa que está en condiciones de pagar.
Al contrario, Bocuzzi difiere e indica que de ser así esto aumentaría otros 6 billones de pago lo que “complicaría más las cosas” y podría llevar al país a default. En la demanda se incluirá la totalidad de los “me too” lo que significa que a la deuda original de US$1.330 millones se sumarán US$8 billones. Si a estos se les aplica el cálculo de Griesa de intereses, punitorios y multas el monto final podría ascender a US$16 billones.
Finalmente, de parte de Griesa, si se retoman las negociaciones estas serán llevadas por el Special Master Daniel Pollak.
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