A principios de año supimos, gracias a la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Bolivia, que la Procuraduría General del Estado estaba explorando la posibilidad de una reforma a la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje.
Juan Manuel Loza Martínez se ha especializado en arbitrajes, litigios y derecho corporativo con énfasis en la industria de la construcción. Es egresado de la Universidad de Lima y en su experiencia profesional figuran despachos como Rebaza, Alcázar & De Las Casas, Estudio Simons Abogados y Navarro Sologuren, Paredes, Gray.
En Perú, con ciertas excepciones, el Poder Judicial mantiene sus actividades suspendidas, en paralelo, los centros de arbitraje acordaron seguir operando de forma remota y digital. En esta entrevista para LexLatin, Mario Reggiardo, socio de la firma
Raimundo Santamarta, empresario español propietario del laboratorio farmacéutico SM Pharma, ubicado en Maracaibo, estado Zulia, en el occidente de Venezuela, presentó un arbitraje internacional contra el país por la expropiación de la empresa en septiemb
Luego de los casos de corrupción desde los arbitrajes con el Estado, develados durante los últimos años, mediante decreto de urgencia, Perú intenta atender el conflicto desde el ámbito legislativo.
Si bien un proceso arbitral suele activarse mediante el ejercicio de la autonomía de los particulares, debido a que gozan de la prerrogativa de acudir al arbitraje para solucionar sus conflictos patrimoniales, renunciando al fuero judicial, en el caso peruano, bastante particular y anecdótico (hasta paradójico), hay casos en los que no existe esa posibilidad de elegir. La ley deriva ciertos conflictos a sede arbitral sin admitir pacto en contrario.
Miguel Grau Q. Abogados es una boutique peruana especializada en litigios y arbitrajes que abrió el pasado 1 de octubre. Ambas prácticas están lideradas por Miguel Grau Quinteros y Augusto Pereyra, quienes junto con Úrsula Piedra, asociada, decidieron separarse de Lazo & De Romaña para abrir su propia firma.
Desde 2017, el equipo especial ‘Lava Jato’ supo que el aparato de corrupción de la constructora Odebrecht en Perú no se limitaba a sobornar funcionarios para ganar licitaciones de obras públicas y concesiones; sino que además compró el voto de decenas de Tribunales de Arbitraje conformados para dirimir controversias que presentó contra el Estado.
Enel Generación Perú, filial de la chilena Enel Americas, fue condenada a pagar 41,3 millones de dólares a la estatal
Jaime Heredia Tamayo conoce con precisión la historia de los males que han destruido
