13/03/2026
Marzo nos atraviesa. Mi profesora de Teorías de la Comunicación, hoy profesora emérita de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), decía que marzo era un mes para repensarnos a nosotros mismos.
En Argentina, tiene una connotación especial: marzo es una invitación colectiva a honrar el pasado para defender los derechos humanos. Marzo contiene al Día Internacional de la Mujer y al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Marzo comienza con M de Mujeres, Memoria, Movimiento y Medioambiente.
Por eso, cuando marzo llega, no llega solo; llega con la memoria de las luchas de las mujeres, con la conciencia de la tierra que habitamos y con una pregunta cada vez más urgente para nuestras sociedades: ¿qué significa hoy cuidar la vida desde el derecho, la economía y la empresa?
En América Latina, las mujeres hemos estado históricamente en la primera línea del cuidado: de la familia, del territorio, del agua y de las comunidades. Sin embargo, durante mucho tiempo ese cuidado fue ajeno a las decisiones jurídicas y económicas.
“Como sociedad hemos evolucionado hacia un grado de conciencia superador, que nos va interpelando a comportamientos más responsables, entendiendo que no se trata de unos contra otros o de unos y otros, sino de un nosotros. Aún cuando pueda sonar como una utopía y un aspiracional, creo profundamente en que estamos en un momento de la humanidad en el que resulta clave trabajar en pos del bien común, integrar a todos los actores (accionistas e inversores, colaboradores, comunidades, clientes, planeta) y actuar de manera colaborativa alineados con un propósito compartido: promover el desarrollo integral de las personas”, asegura María Fernanda Mierez, socia de Beccar Varela y referente de Sistema B Argentina.
Hoy día, los marcos legales que regulan las empresas, los mercados financieros y la inversión tienen un papel central en esta transformación. El quid de la cuestión ya no es solo cómo crecer, sino cómo hacerlo sin destruir las bases que sostienen la vida, de forma regenerativa. Y en ese debate, el derecho corporativo, el derecho financiero y las nuevas estructuras empresariales orientadas al triple impacto están empezando a abrir nuevos diálogos.
De hecho, hablar de empresas que integran propósito, impacto social y responsabilidad ambiental es, en definitiva, reconocer que la economía debe reconciliarse con su impacto en las personas y el planeta; y que las mujeres —desde los territorios hasta los directorios— tienen mucho que aportar en esa conversación.
Como co-directora de los departamentos de ESG y Derecho Mercantil del despacho argentino, Mierez viene marcando una huella en el camino del triple impacto en Argentina, fundamentalmente desde su rol activo en Sistema B.
“Creo que todo el trabajo de concientización que hicimos junto a mi socia Luciana Denegri, que lidera el departamento de Mercado de Capitales de Beccar Varela, ha sido clave para acercar a las empresas B, reguladores, bancos y calificadores, y concientizar sobre el acceso al mercado de capitales para la emisión de Bonos SVS (sociales, verdes y sustentables)”, comparte.
Su visión creó impacto en el ecosistema de empresas argentinas de triple impacto, ya que les permitió acceder a financiamiento para acelerar su impacto a gran escala. “Creo que estos modelos pueden ser replicables en la región”, sostiene.
Empresas B: Financiamiento sustentable en el mercado de capitales
Derecho y triple impacto
Marzo es un mes de hitos. El 8 de marzo, por un lado, nos convoca a reflexionar sobre los derechos de las mujeres, la igualdad, la equidad y la justicia. Y nos recuerda algo más: que las luchas por la dignidad humana y por la salud del planeta siempre han tenido una relación de sincronicidad.
No es casual que marzo sea el Mes del Agua, el Mes del Compostaje y el Mes de las Empresas B, es decir, empresas de triple impacto que buscan generar valor económico sin sacrificar el bienestar social ni el equilibrio ambiental.
Las mujeres latinoamericanas tenemos en claro que no solo cuidamos a las infancias y a los adultos mayores, también cuidamos nuestros espacios de liderazgo y de conversación. En este sentido, Mierez es una de las juristas que alzó su voz en muchos espacios reservados para hombres, poniendo al medioambiente como eje de decisiones centrales.
“Pensar en triple impacto no implica anular la sana competencia, las leyes de mercado y la libertad empresaria; implica que las reglas de juego en la que compiten los jugadores contemplen a la ética y responsabilidad como presupuestos básicos de su gestión. Desde mi experiencia, estoy convencida de que las organizaciones que adopten principios de triple impacto, poniendo a las personas en el centro de sus decisiones, serán organizaciones más competitivas para el mundo desafiante que estamos viviendo”, afirma.
Mierez se especializa en derecho societario, fusiones y adquisiciones, start-ups, negocios inclusivos de triple impacto y asociaciones civiles y fundaciones. ¿Su objetivo central? Impulsar un sistema económico más inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta.
“En los últimos años vimos un cambio muy marcado en las expectativas de los clientes respecto de ESG desde la perspectiva legal. Lo que antes se percibía como una agenda principalmente voluntaria o reputacional, hoy se consolidó como un componente central del análisis de riesgo, la estrategia de negocios y la toma de decisiones corporativas. Clientes locales e internacionales nos piden, cada vez más, asesoramiento que integre ambiental, social y gobernanza de manera holística y accionable: no solo para anticipar y cumplir obligaciones regulatorias y de transparencia en evolución, sino también para fortalecer resiliencia operativa, reputación, competitividad, acceso a capital y licencia social para operar”, destaca.
Este giro se refleja en demandas concretas: debida diligencia y gestión de riesgos en cadenas de valor (incluyendo derechos humanos y laborales), cumplimiento e integridad (anticorrupción, controles internos, canal de denuncias), gobierno corporativo y deberes fiduciarios, gestión climática (transición, riesgos físicos, estrategia y planes), y robustez de evidencia y métricas para soportar reportes y claims públicos y evitar contingencias por greenwashing.
“También creció la necesidad de traducir ESG a herramientas jurídicas, como cláusulas contractuales, condiciones precedentes, covenants financieros, representaciones y garantías en M&A, políticas internas, matrices de cumplimiento y esquemas de gobernanza que permitan auditar y demostrar diligencia”, añade.
Como miembro del Comité Ejecutivo, del Comité Pro Bono y del Comité de Diversidad e Inclusión de Beccar Varela, Mierez propuso abordar ESG como una práctica interdisciplinaria, combinando derecho ambiental y cambio climático, estructuración de inversiones y financiamiento sostenible, compliance, gobierno corporativo y derechos humanos, entre otros.
“Acompañamos a nuestros clientes en la transformación de procesos y modelos de negocio bajo una lógica integrada de creación de valor económico, social y ambiental. Además, somos la primera firma full-service de Argentina en adherir al Pacto Mundial de Naciones Unidas y en emitir un Informe de Sostenibilidad Corporativa; y nuestro compromiso social —materializado, entre otras iniciativas, en un programa pro bono con décadas de trayectoria— es parte de nuestro ADN. En síntesis, la conversación con los clientes evolucionó desde hacer ESG hacia gestionar ESG con estándares de diligencia, evidencia y gobernanza como parte de la arquitectura legal del negocio”, compara.
La inversión en proyectos ESG en un entorno volátil
Ejercicio profesional y ESG: los desafíos de los departamentos legales
En la última década, María Fernanda Mierez ha detectado que el reto principal de los departamentos legales no es agregar una cláusula ESG en las operaciones, sino traducir expectativas de sostenibilidad –cada vez más exigibles– en obligaciones jurídicas, estructuras de gobierno y datos auditables.
“El desafío principal es dejar de tratar ESG como un anexo y empezar a gestionarlo como lo que ya es: una variable jurídica y de negocio que impacta directamente en el valor, el riesgo y la continuidad operativa. En la práctica, muchos departamentos legales todavía trabajan con marcos y tiempos pensados para riesgos tradicionales (societarios, regulatorios, contractuales), mientras que los riesgos ESG son transversales, dinámicos y, cada vez más, litigables, desde greenwashing y claims de consumidores/inversores, hasta incumplimientos en cadena de suministro, derechos humanos, privacidad o integridad. Por eso, incorporar ESG en el asesoramiento diario exige criterio jurídico, disciplina de datos y liderazgo cultural. Cuando lo hacemos bien, reducimos riesgos, abrimos acceso a capital y creamos valor económico, social y ambiental. Esa es la esencia del triple impacto y el estándar al que, como abogadas, debemos aspirar”, amplifica.
Ahora bien, ¿por qué el derecho es clave para el desarrollo sostenible de las empresas en América Latina?
“Las estrategias ESG parten de una visión que no solo contempla el impacto del negocio en las comunidades, sino que es una mirada más integral, que incluye a todas las partes interesadas que se vinculan con la organización y el negocio. Los abogados tenemos un rol clave en asegurar que esas estrategias sean efectivas y no solo enunciativas, ya que nuestro asesoramiento no se limita a verificar el cumplimiento normativo, sino que implica acompañar a las compañías en el diseño de marcos de gobernanza sólidos, mecanismos de debida diligencia, sistemas de control y procesos de reporte que doten de trazabilidad y consistencia a los compromisos asumidos”, detalla Mierez.
Para la co-presidenta del Comité de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA), el rol del abogado es traducir los principios ESG en estructuras jurídicas concretas y exigibles, que generen impacto genuino y sostenible en el tiempo.
“Intervenimos en la evaluación de riesgos legales y reputacionales asociados a declaraciones públicas, métricas y objetivos ESG, contribuyendo a que la comunicación sea transparente, verificable y alineada con la práctica real de la empresa. De este modo, ayudamos a reducir los riesgos y a fortalecer la credibilidad frente a reguladores, inversores y la comunidad”, asevera.
ESG como estrategia de negocio: La asesoría legal detrás de la transformación en Brasil
¿Hacia dónde hay que avanzar para que el triple impacto se consolide en América Latina?
Según la socia de Beccar Varela, se necesitan: reglas claras, con marcos más previsibles y comparables entre países (en disclosure, taxonomías verdes/de transición, debida diligencia en cadena de valor, integridad y derechos humanos), para que el capital pueda distinguir con evidencia qué es impacto y qué es marketing; incentivos inteligentes, mediante el uso de herramientas jurídicas y regulatorias para mover la aguja (compras públicas sostenibles, estructuras societarias que habiliten propósito con deberes de gobernanza, vehículos de inversión y finanzas sostenibles con criterios exigibles); y accountability real para cerrar el circuito, es decir, garantizar mejores estándares de información, verificación independiente, y mecanismos de supervisión y responsabilidad que reduzcan el greenwashing/social washing y aumenten la confianza.
El rol de las mujeres profesionales también es crucial, sobre todo en términos de apoyo mutuo. En un primer momento, muchas abogadas especializadas en M&A temían abordar el triple impacto para no quedar encasilladas. Mierez, que abrió camino en términos de liderazgo, cree que lo más importante es confiar en el propósito.
“A las abogadas que quieran involucrarse en ESG e impacto, les diría que encuentren su propósito y se comprometan con él. No tenemos que ver esta práctica como un subtema, sino como una capa de sofisticación sobre el derecho duro: construir una base sólida en una práctica troncal y aprender a traducir ESG a riesgos y oportunidades de negocios, cláusulas, gobierno corporativo y decisiones de inversión es posible. Si hablan el idioma del negocio —materialidad, datos, métricas, financiamiento, seguros, cadena de suministro— van a estar en la mesa donde se negocia: el diferencial profesional hoy está en combinar excelencia técnica con mirada sistémica y transversal”, sugiere.
Debida diligencia y compliance ambiental: ¿En qué consiste la creciente demanda ESG en Argentina?
Ley BIC, una deuda pendiente para Argentina
El debate sobre las empresas de beneficio e interés colectivo (BIC) tiene larga data en Argentina. Fundamentalmente, el proyecto de Ley BIC busca incorporar al marco jurídico una figura societaria para que las compañías puedan integrar formalmente objetivos sociales y ambientales junto con la generación de utilidades.
El tema está en agenda porque Argentina es uno de los países con mayor cantidad de empresas de triple impacto certificadas por B Corp de la región. No obstante, a pesar de que la demanda es creciente e incesante, el proyecto de ley no avanza al unísono.
La Ley BIC, inspirada en modelos como las benefit corporations, propone que las empresas puedan modificar sus estatutos para comprometerse legalmente con un propósito de triple impacto y reportar periódicamente sus resultados.
La iniciativa tuvo varios intentos de aprobación parlamentaria, pero aún no sale. Sin embargo, ha sido inspiradora para leyes promulgadas en otros países de la región, como Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
“Argentina viene discutiendo y desarrollando el marco legal de las sociedades de triple impacto, pero si bien es cierto que desde el derecho es importante que el propósito y el impacto estén integrados en la estructura societaria, no lo es todo. Que el propósito esté plasmado y redactado en los instrumentos legales fundacionales de una organización, como su estatuto y en su narrativa pública, es clave, pero lo más relevante es que el liderazgo que lleva adelante la organización tenga presente, viva, crea y actúe guiado por ese propósito”, diferencia.
Para Mierez, si no hay coherencia entre lo que se dice y se hace, todo se convierte en letra muerta.
“Por más que haya una redacción impecable del propósito en la estructura societaria, no sirve si luego no se ejecuta; es más, puede ser un factor de riesgo reputacional importante. ¿Y cómo se logra y se percibe esto? Con los comportamientos, decisiones y acciones concretas que toma el liderazgo de la organización en toda la gestión del negocio: en la contratación de personas, el clima laboral y la cultura interna, el vínculo con proveedores estratégicos, la comunicación transparente de sus finanzas, la comunicación transparente de sus productos y servicios, etc. Si el propósito no se vive y no se traduce en comportamientos acordes y coherentes, entonces no hay propósito, hay solo expresiones de deseo”, opina.
Empresas BIC: una mirada hacia el futuro
Derechos de las mujeres y del medioambiente, una relación simbiótica en América Latina
Según el último informe regional de MercadoLibre, las mujeres lideramos las compras de productos sustentables y somos las que más consumimos empresas de triple impacto (social, económico y ambiental). Así que las mujeres, también, somos las que más cuidamos al planeta.
“Podría decirse que existe cierto grado de correlación entre la importancia de darle visibilidad a los derechos y logros de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad con los derechos de las comunidades en general, la responsabilidad que compartimos todos como ciudadanos de proteger nuestro planeta y medio ambiente y, finalmente, la invitación a los empresarios a desarrollar sus negocios con una mirada de propósito que va más allá de la rentabilidad, poniendo a las personas en el centro”, sostiene Mierez.
La ecuación es transparente: cuando la sostenibilidad empieza a influir en inversiones y estrategias empresariales, el derecho se transforma. En este contexto, el rol de las mujeres que trabajan en la intersección entre empresa, sostenibilidad y regulación resulta fundamental para entender hacia dónde se mueve la región para impulsar modelos económicos más justos, sostenibles y responsables.
Porque si algo nos enseñan las luchas de las mujeres en América Latina es que cuidar la vida no es solo un acto ético: es también un proyecto político, jurídico y económico para un futuro sostenible.
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