Un acuerdo con repercusión mundial. A principios de febrero, la compañía minera Vale, el gobierno del estado brasileño de Minas Gerais, la Defensoría Pública del Estado y los ministerios públicos Federal y Estatal de Brasil sellaron el compromiso de indemnizar con 7.000 millones de dólares los daños causados por la ruptura de la presa de la mina Córrego do Feijão, en Brumadinho, en el sureste de Brasil, el 25 de enero de 2019.
El desastre industrial, ambiental y humanitario ha sido el mayor accidente laboral en la historia de Brasil y el segundo del actual siglo en todo el mundo en el que 259 personas murieron y 11 siguen desaparecidas más de 2 años después. Las víctimas eran residentes de Brumadinho, trabajadores rurales, empleados de Vale y huéspedes de una posada que desapareció entre los escombros.
El acuerdo pone fin a la posibilidad de una batalla legal por derechos colectivos que podría durar varios años, incluso décadas, según los expertos. El pacto suscrito entre las partes establece que el dinero se destinará a mitigar el daño económico y ambiental, lo que incluye la transferencia de ingresos a pobladores de las regiones afectadas, proyectos de reparación social, económica y ambiental en la cuenca del río Paraopeba, donde ocurrió el accidente.
Mediante una nota enviada a LexLatin, la empresa afirma que la liquidación de las obligaciones previstas en el convenio se realizará de dos formas: mediante el pago de compromisos, con montos y cronograma definidos para los proyectos gestionados por el Estado de Minas Gerais e instituciones de justicia, así como la conclusión, por parte de Vale, de los proyectos predefinidos en el convenio, que incluyen principalmente proyectos de reparación socioambiental.
“El Acuerdo Global fue el resultado de un proceso de mediación de alto nivel, realizado por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais, a través del Centro Judicial para la Resolución de Conflictos y Ciudadanía, durante los últimos meses. Desde el inicio de las negociaciones, las partes han concentrado sus esfuerzos en la definición de un acuerdo justo y efectivo para reparar el daño causado a las comunidades afectadas y a la población de Minas Gerais”, señala la nota.
“La reparación socioambiental establece los lineamientos y gobernanza para la ejecución, por parte de Vale, del plan de reparación, así como proyectos a ser implementados para compensar los daños ambientales ya conocidos y proyectos orientados a la seguridad hídrica en la región impactada. En el frente ambiental, algunas iniciativas continuarán siendo implementadas por la propia Vale, mientras que otras estarán a cargo del Estado y sus instituciones, con recursos aportados por la empresa”, concluye el comunicado.
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El resultado de este acuerdo ha llamado la atención del mundo. En términos de montos, es uno de los más grandes en la historia de América Latina. Y, desde un punto de vista jurídico, puede servir de precedente para otras negociaciones en el futuro.
Entre las cláusulas firmadas está la promesa de generar 365.000 puestos de trabajo. La reparación socioambiental también incluye un proyecto para universalizar el saneamiento básico en los municipios afectados, así como intervenciones para mejorar la seguridad hídrica en la región metropolitana de Belo Horizonte.
Además, también se prevén inversiones en infraestructura en la capital de Minas Gerais, como mejoras en el metro y la continuación de la construcción de la carretera denominada "Rodoanel", que da acceso a la ciudad de Belo Horizonte, algo que ha provocado polémica entre las entidades y asociaciones de afectados por no tener una relación directa con el desastre ambiental.
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También están previstas inversiones en hospitales y medidas de emergencia, como el pago de vivienda temporal para los afectados, asistencia psicológica, abastecimiento de agua y combate al COVID-19 en la región.
Los afectados se hacen sentir
El resultado fue anunciado como una victoria tanto para el gobierno de Minas Gerais, como para las instituciones judiciales y la propia Vale. Pero las organizaciones que representan a las víctimas y los ambientalistas no se mostraron complacidos.
“Beneficia a la propia empresa: utilizó el acuerdo como estrategia de marketing para valorar sus acciones en el mercado. Vale tuvo un incremento de 31.212,9 millones de dólares (174.000 millones de reales) en su valorización en el último año desde que comenzó la negociación de este acuerdo. Trabajó sobre la falsa imagen de una empresa que busca construir una reparación socioambiental y una política de sostenibilidad”, dice Joceli Andrioli, del Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB).
También cuestiona los montos divulgados por la empresa. “Fue una demanda judicial que predijo una indemnización al Estado del orden de 4.768,6 millones de dólares (26.000 millones de reales) y otros 5.135,4 millones de dólares (28.000 millones de reales) por daños colectivos morales y sociales. Vale gastó 26.000 millones de reales en este acuerdo, no son 37.000 millones de reales como dicen. La empresa puso dinero que ya ha invertido -y está obligada a hacerlo- con medidas de emergencia, con el tema ambiental relacionado con las obras hidráulicas”, expresó.
Otra cuestión es la exclusión de las comunidades afectadas por el acuerdo. Para José de Castro Procópio, presidente del Instituto Guaicuy, el acuerdo fue una solución parcial. “Los afectados, principales actores del acuerdo, no participaron en la discusión y fueron excluidos del proceso, incluso por una legislación que permite que las negociaciones se hagan en secreto. Esto a pesar de una serie de protestas y documentos entregados. Queremos que los recursos se dirijan hacia los afectados, a las comunidades afectadas”, dice. El Instituto Guaicuy fue elegido por el Ministerio Público del Estado, como uno de los asesores técnicos independientes para hacer el levantamiento de los impactos socioambientales y las acciones que se deben tomar para mitigar los daños en las comunidades afectadas.
Otra entidad involucrada, la Coordinación y Monitoreo Metodológico y Finalista de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (CAMF / PUC Minas), a través de su equipo legal, manifestó que el convenio permite el cumplimiento de parte de los temas discutidos en las demandas. “La reparación de daños desconocidos no se limita al techo definido en el convenio, por lo que se espera crear estrategias para restaurar las consecuencias del desastre en el medio ambiente y las comunidades afectadas”, dice un comunicado enviado a LexLatin.
“Desde el punto de vista de las familias, las personas afectadas están siendo acompañadas por consultores técnicos independientes con el fin de planificar y ejecutar acciones encaminadas a reparar el daño, no se limitan a cuestiones de empleo e ingresos, sino también a los evidentes daños a la salud física y mental de las personas afectadas. En esta misma perspectiva, es necesario proteger las identidades de cada territorio, a fin de contribuir a la reparación integral y la reanudación de las experiencias comunitarias, ya sea en sus aspectos culturales, económicos, políticos o sociales”, valoran los integrantes del equipo jurídico.
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Ambientalistas y representantes de los involucrados culpan al gobierno de Minas Gerais y al Poder Judicial de confeccionar un acuerdo que no agradó a los involucrados.
“El proceso de negociación que establecieron el Gobierno y Vale impidió la participación de los afectados. En nuestra valoración, fue una combinación porque de esa manera el Gobierno puede utilizar los derechos de los afectados como contraparte del acuerdo del Estado”, dice Joceli Andrioli del MAB.
María Teresa Corujo, del Movimiento por las Montañas y Aguas de Minas (MOvSAM), cree que los agentes públicos de la Ley, entre ellos el Ministerio Público del Estado, la Defensoría Federal y la Defensoría Pública no debieron cerrar el acuerdo. “No ha habido una actitud abierta de escucha generalizada de la sociedad desde el inicio de las negociaciones dentro del Poder Judicial. Hubo dificultades para que otros agentes públicos, personas y colectivos pudieran expresarse en los registros sobre lo que creen que debe ser alguna posibilidad de acuerdo. Esto es muy grave porque los impactos de la alteración afectaron al medio ambiente, las personas y la sociedad. El gobierno no es el único agente que tiene que opinar o decir”, analiza.
“¿Están todos juntos en un acuerdo y ahora? ¿A quién acudirá la sociedad? Si todos los agentes del orden están atados y firmaron este acuerdo, ¿a quién se dirigirá la sociedad y las comunidades?”, concluye.
Entidades vinculadas a los afectados y partidos políticos han solicitado al Tribunal Supremo (STF) que suspenda la aprobación de la propuesta, alegando que se habría realizado de manera inapropiada sin la participación directa de los interesados y en violación de los preceptos fundamentales previstos en la Constitución Federal. Pero Marco Aurélio, ministro del STF, negó el seguimiento y consideró inviable la acción el martes pasado (23). Según el ministro, la medida solo es aplicable cuando no existen otros medios capaces de llegar a un acuerdo.
Responsabilidades individuales
Mientras tanto, continúan otras batallas legales en los tribunales. Las autoridades mineras han iniciado procesos penales contra 16 empleados actuales y anteriores de Tüv Süd y Vale, incluido el exdirector general Fabio Schvartsman, acusado de homicidio intencional y delitos ambientales. Tüv Süd es un grupo alemán que certificó que la presa estaba a salvo un año antes del accidente. En total, en ambas empresas se interrogó a 183 personas. De acuerdo con la Ley de Delitos Ambientales, las empresas que operan en el país pueden ser consideradas penalmente responsables por daños al ambiente.
Antes de la tragedia, la empresa consideraba que la presa de la mina Córrego do Feijão era de bajo riesgo y con alto potencial de daños. Conservaba relaves de la mina de hierro que se exploró en Ribeirão Ferro-Carvão, en Córrego do Feijão, en Brumadinho.
La mediación del convenio entre Gobierno, instituciones y Vale fue realizada por varios despachos de abogados. Muchos pidieron el anonimato. Nuestro equipo se enteró de que Azevedo Sette Advogados, Santana de Vasconcellos Advogados y Sergio Bermudes Advogados participaron en el asunto, representaron a Vale y sirvieron de intermediarios con el Gobierno a quien también le brindaron asesoría en el proceso, especialmente en lo que se refiere a los aspectos ambientales involucrados en el caso. Las firmas tienen cláusulas de confidencialidad con Vale y no pueden revelar más detalles.
Dada la magnitud de la tragedia, esta fue sin duda una de las mayores gestiones de crisis en la historia de una empresa brasileña y global, no solo en la industria minera. Pero, ¿qué queda por aprender y qué se puede utilizar para otras empresas de todo el mundo? ¿Cómo afrontar el tema legal en una negociación tan delicada como esta, cuando es necesario llegar a un acuerdo y tratar con familias y vidas perdidas?
¿Qué dice el Ministerio Público?
En la evaluación del fiscal André Sperling Prado, quien forma parte del grupo de trabajo que trabaja en el caso y ayudó a sellar el acuerdo, el resultado fue positivo. “Es difícil contar con la participación de las personas afectadas dentro de un acuerdo que involucra los derechos de cientos de miles de personas. El proceso participativo es muy complejo. Pero más allá entendemos que hubo poca publicidad en las audiencias y esto está justificado por la Ley de Conciliación que establece el secreto. Eso generó un malestar, algo provocado por la propia ley”, explicó.
Según el fiscal, las instituciones de Justicia y el Estado renunciaron a esta confidencialidad, pero Vale no. "El problema es que esta ley fue diseñada más para casos individuales y terminamos tomando acciones colectivas", dijo.
Para el Ministerio Público, además de fomentar el acuerdo y plasmarlo en un papel, es importante que se haga realidad. “Vamos a implementar cosas para los afectados de inmediato, evitando una demanda que pasaría por un largo proceso y donde también teníamos un componente de incertidumbre en cuanto al resultado. Estamos brindando resultados concretos a la sociedad. Nos saltamos unos años de lucha judicial y de inmediato podemos lograr mejoras en la vida de las personas sin que pierdan el derecho a la compensación personal”, manifestó.
Para José de Castro Procópio, del Instituto Guaicuy, más que realizar un proceso justo y garantizar los derechos de todos, el desastre ambiental de Brumadinho debe servir para cambiar el modelo minero en Brasil. “Tienen que estar comprometidos con lo social, lo ambiental y la comunidad, la región y el país donde se insertan”.
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