Tecnologías, negocios digitales y activos virtuales, las prioridades de la agenda legislativa 2025 de El Salvador

En su carrera por la innovación, El Salvador tiene una deuda pendiente: aggiornar su marco regulatorio en aras de fortalecer la competitividad del ecosistema digital.

Si bien se ha posicionado en el top of mind de países pioneros en la adopción de tecnologías disruptivas y su promesa de convertirse en un hub tecnológico y financiero regional sigue intacta, aún debe avanzar en garantizar una mayor seguridad jurídica, abordar temas como la interoperabilidad con el sistema financiero tradicional, supervisar plataformas descentralizadas y priorizar la protección de los usuarios.

Desde la legalización del bitcoin como moneda de curso legal en 2021 hasta la creación de un marco regulatorio para los emisores de activos digitales, el país ha dado señales claras de su interés en consolidarse como un destino atractivo para la inversión en negocios digitales. Ahora bien, ¿cuáles son los próximos retos?

Uno de los principales puntos de atención es la regulación de activos digitales y fintech: la Ley de Emisión de Activos Digitales, aprobada en 2023, todavía enfrenta desafíos en su implementación. 

“Las áreas clave del marco legislativo estarán centradas en el impulso de la tecnología y la inversión. Se prevé un enfoque en la regulación de los activos digitales, las criptomonedas y las fintech, buscando fortalecer la seguridad y la competitividad del ecosistema digital. Al mismo tiempo, se pretende impulsar el desarrollo del software a través de normativas que fomenten la innovación tecnológica”, señala Oscar Torres, socio director de García & Bodán.

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Regulación de las fintech

El plato fuerte en materia legislativa es, probablemente, la Ley para el Fomento de Entidades Fintech y Regulación de Servicios Financieros Digitales.

“Se espera la aprobación de una ley que regule las entidades fintech, organizaciones que desarrollan servicios financieros digitales como pagos electrónicos, el crowdfunding y préstamos a través de plataformas digitales”, considera Edna López, socia de García & Bodán. 

Carlos Pineda, asociado tributario de Consortium Legal, coincide en que el proyecto legislativo que busca regular y fomentar modelos de negocio basados en tecnologías financieras es uno de los más esperados del año.

“Si bien no ha logrado avances en el seno de la Asamblea Legislativa durante el 2024, sería muy importante que se apruebe este año. Su implementación podría hacer mella en tres aspectos: estimular la innovación financiera mediante la creación de un marco regulatorio claro que les permita a empresas locales y extranjeras desarrollar servicios digitales; facilitar la inclusión financiera, especialmente para comunidades rurales y sectores desbancarizados; y atraer inversiones en tecnología, posicionando al país como un referente en la región en la adopción de soluciones digitales”, indica.

Arias El Salvador va más allá y considera que el matchy matchy del 2025 será nuevas tecnologías + compliance. 

“En los últimos años, el gobierno se ha enfocado en el desarrollo del país por medio de las tecnologías de la información. En esa línea, las leyes más trascendentales han sido en materia de fomento de nuevas tecnologías, negocios digitales y activos virtuales. En este sentido, la actividad legislativa de este año podría mantenerse en el mismo curso, incluso considerando aspectos de Cumplimiento relacionados a nuevas tecnologías”, comparte Fernando Montano, socio de Arias.

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Más allá de la fintechización

Para García & Bodán, otro de los temas del año será la transición energética.

“Creemos que se priorizarán las regulaciones relacionadas con la energía nuclear y los hidrocarburos, con el objetivo de gestionar de manera segura y sostenible estas fuentes de energía para diversificar la matriz energética del país”, anticipa Mauricio Orellana, socio del despacho centroamericano.

Carlos Rodríguez, asociado senior laboral de Consortium Legal, detecta dos asignaturas pendientes en materia de reforma laboral.

“Ley Procesal Laboral, que reformaría todos los procesos judiciales laborales, estaba en revisión en el órgano legislativo, pero no se ha sabido de avances en su revisión. Y por otro lado, a pesar de que la Ley de Tercerización o Subcontratación aborda uno de los temas en los que se requiere una regulación más precisa, no se visualiza ningún proyecto próximo a ser aprobado”, lamenta.

En este sentido, uno de los temas que seguirá de cerca Oscar Torres es la modernización de las relaciones laborales: “La Asamblea Legislativa mantiene en estudio un nuevo Código de Trabajo, se espera que esta reforma promueva los derechos de los trabajadores y ajuste la legislación a las nuevas realidades del empleo”.

A juzgar por el presupuesto presentado, el foco del país recaerá sobre la sostenibilidad fiscal, la infraestructura, y el fortalecimiento de sectores clave, como educación, salud y seguridad.

“Uno de los puntos destacados es la asignación de recursos para la educación, con un presupuesto de $1,536 millones, y para la salud, con $1,170 millones, ambos con un enfoque en mejorar la infraestructura y equipos, especialmente en el sistema hospitalario nacional. Además, se destinarán $903.4 millones para la seguridad y defensa nacional, consolidando los esfuerzos de control territorial y las medidas asociadas a la seguridad pública”, comenta Carlos Pineda.

David Blanco, asociado de Arias, opina que este año se debería avanzar hacia una nueva Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.

“La ley vigente data de 1999. En diciembre de 2023 la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para una nueva ley de la materia, sin embargo dicho proyecto no ha sido aprobado aún por el pleno de la Asamblea, pues se consideró que requería mayor análisis y discusión”, argumenta.