22/06/2026
Tras dos décadas sin inversión y un deterioro sin precedentes, el parque eléctrico venezolano vuelve a estar entre las prioridades del gobierno y de los inversionistas. Para las autoridades, la recuperación es clave para garantizar la prestación del servicio -esencial para la recuperación económica del país. Para el sector privado, representa la oportunidad de inversiones de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares en el corto y mediano plazo; y, sobre todo, una fuente de negocios ad infinitum.
La reciente firma de dos memorandos de entendimiento con dos grandes transnacionales del área habla del apremio del Estado por devolver la salud a todos los segmentos del sistema eléctrico nacional (SEN). Ahora bien: esta urgencia se antepone a la reforma de la ley sectorial que está en discusión y da por sentado la existencia de mecanismos legales que permiten actuar mientras se concreta la adecuación de la norma.
Especialistas consultados coinciden en que, si bien la legislación vigente restringe la participación privada, existen instrumentos normativos que podrían facilitar el ingreso de capitales al sector. Estas herramientas permitirían dotar de mayor seguridad jurídica a las inversiones, garantizar estándares de transparencia y, llegado el caso, recurrir a mecanismos arbitrales para resolver disputas.
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De aquellas aguas…
Apenas un año después de su instalación en el poder, el fallecido Hugo Chávez propuso una legislación que dio un vuelco a lo establecido hasta entonces e introdujo en Venezuela los parámetros mundiales vigentes en esta materia.
El regocijo duró poco. La Ley Orgánica del Servicio Eléctrico no llegó a aplicarse siquiera en un mínimo aceptable, siendo sustituida en 2010 por la Ley Orgánica del Sistema y el Servicio Eléctrico.
“La ley orgánica de 2010 reserva la actividad eléctrica de manera exclusiva y absoluta al Estado, ejercida a través del operador público que es Corpoelec, sin que los particulares tengan derecho a participar”, señala Andrés Linares Benzo, socio de la firma caraqueña LEGA Abogados.
Diseñada bajo un modelo que concentra en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) las funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio, la legislación venezolana se aparta de las tendencias regulatorias predominantes a nivel internacional. Para los especialistas, esta estructura ha contribuido a la ineficiencia del sistema, ha limitado su viabilidad económica y ha afectado la calidad y continuidad del suministro eléctrico.
Margarita Escudero León, socia de Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, recuerda que la ley vigente limita la intervención privada a la construcción de obras y en el suministro de bienes y servicios al sector eléctrico, hegemónicamente manejado por el Estado.
“En la práctica, ello ha restringido el acceso a fuentes de capital indispensables para expandir y modernizar el deteriorado sistema eléctrico nacional. Además, no hay incentivos económicos, pues el Ejecutivo Nacional es el encargado de fijar las tarifas del servicio. En la práctica, esto ha llevado a un esquema tarifario insuficiente, desvinculado de los costos reales”, dice.
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… Vinieron estos lodos
La barrera legal que impide el acceso al capital privado, la drástica caída de la producción petrolera y la crisis económica que el país atraviesa hace más de una década configuraron la tormenta perfecta para que el SEN naufrague, llevándolo al borde del colapso total.
El primer aviso fue el gran apagón de marzo de 2019, cuando más del 90 % del territorio nacional quedó sin el servicio durante cinco días (aunque en algunas zonas el corte superó los 10 días). Desde entonces, el flujo eléctrico no ha vuelto a estabilizarse. ¿La razón? Un déficit permanente que ha rozado el 40 % de la demanda en sus momentos más críticos.
Con una economía reducida a un tercio de su tamaño, la demanda actual ronda los 15.000 megavatios (MV), pero la disponibilidad es de apenas 12.000 MV, de acuerdo con cifras manejadas por Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico y experto en el tema. Sin embargo, Venezuela cuenta con capacidad nominal para generar más de 36.000 MV.
Las causas del déficit son muchas, pero una de las principales se adjudica a la caída del aporte de las termoeléctricas públicas -responsables de generar unos 19.000 MV-, que contribuyen con apenas 1.000 / 2.000 MV como consecuencia de la paralización de varias de las 27 plantas existentes y deterioradas.
Este contexto deja al sistema hidroeléctrico —con una capacidad instalada cercana a los 16.900 MW— la responsabilidad de aportar alrededor del 80 % de la electricidad que hoy consume Venezuela (entre 9.000 y 10.000 MW). Sin embargo, su margen para incrementar la generación es limitado debido al envejecimiento y la obsolescencia de sus equipos, que requieren inversiones de modernización.
Según Rodríguez Adrián, hasta el 40 % de la energía generada puede perderse por el deterioro de las redes de transferencia y distribución, así como por el subregistro del consumo.
Primeros pasos
En una economía que depende en 85 % del petróleo para generar divisas, remover la piedra de tranca en la que se ha convertido el déficit eléctrico es prioritario. En efecto, la urgencia es tal que, mientras una reforma de ley sigue el tránsito parlamentario de rigor, varias empresas locales y foráneas ya están trabajando en un plan de emergencia.
A mediados de este mes, el gobierno interino firmó dos memorandos de entendimiento con transnacionales comprometidas en incrementar la generación y distribución eléctrica en tiempo perentorio.
El primero involucra a la argentina IMPSA, desde 2025 propiedad del fondo estadounidense de inversión Industrial Acquisitions Fund (IAF). El objetivo es reanudar la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, que aportará 2.640 MV en los próximos cinco años. El proyecto, que había iniciado en 2014 por la firma del país austral, quedó en stand by en 2017 debido al impago del gobierno.
El segundo acuerdo, firmado con General Electric Vernova (GE Vernova), busca refaccionar la Central Hidroeléctrica de Guri, responsable de aportar el 70 % de la electricidad que se consume hoy día en el país, pero impedida de desarrollar su potencial total (10.325 MV) por obsolescencia de equipos. La meta es agregar 1.000 MV en unos 12 meses.
“Todo eso abrirá oportunidades para el sector privado, especialmente en mantenimiento, suministro de equipos, eficiencia energética, sistemas de respaldo y gas para plantas térmicas. Se observa ya el inicio de rehabilitaciones puntuales mediante contratos con empresas internacionales para recuperar plantas termoeléctricas estratégicas”, afirma Margarita Escudero.
Rodríguez Adrián señala que varias empresas se encuentran trabajando en la recuperación de termoeléctricas asociadas a instalaciones petroleras, a fin de garantizar el suministro para sus operaciones sin recurrir al SEN.
Hay alternativas
Sin una protección legal real para sus intereses, salta a la vista preguntarse sobre las garantías que han hecho posible el regreso de estas y otras empresas a Venezuela.
Al dejar claro que, desde lo jurídico, el desiderátum es una reforma o una nueva ley sectorial, Andrés Linares Benzo apunta a la Ley de Contrataciones Públicas como una posible venta para la inversión privada, pese a la camisa de fuerza de la actual legislación eléctrica.
“La aplicación de esa ley pudiera generar contrataciones que garanticen condiciones mínimas para la intervención privada, financiando obras bajo un esquema de transparencia, incluso permitiendo arbitrajes internacionales, garantías económicas y financieras de los contratos, intervención de organismos internacionales, selección adecuada de contratistas por concursos abiertos internacionales, etc.”.
La ley actual, agrega el experto, permite la constitución de empresas mixtas, pero bajo el dominio del Estado -donde los privados sólo tendrán 40 % del capital accionario.
Desde su punto de vista, es factible pensar en un esquema de liberación del área de generación, dejando en manos de Corpoelec los segmentos de distribución y comercialización.
Margarita Escudero León añade que, a pesar de la rigidez legal, ya hay presencia privada canalizada a través de tres vías:
- La autogeneración para consumo propio de usuarios industriales y comerciales.
- Contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento o suministro de equipos para activos estatales.
- Vehículos contractuales estructurados caso por caso con el Estado, particularmente para la recuperación de capacidad instalada existente.
“Debido a la rigidez de la ley, se están utilizando mecanismos excepcionales bajo esquemas que omiten las licitaciones ordinarias. Algunas de estas contrataciones han sido mantenidas de forma confidencial, por lo que es difícil conocer sus condiciones”, aduce.
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Prometedor futuro
Para los analistas, el marcado sesgo estatista de la legislación vigente haría necesaria una reforma tan profunda que prácticamente implicaría hacer una nueva ley. Para hacer frente a los grandes desafíos en materia de inversión, operación y diseño institucional demandados por el sistema, no bastará con ajustes puntuales, sino que será necesaria la modernización integral del marco normativo.
“Una nueva legislación significa permitir la participación del sector privado para recuperar o estabilizar el servicio, fundamentalmente en la transmisión; además de permitir la inversión a mediano y largo plazo para sustentar el crecimiento de la economía”, dice Andrés Linares.
Dadas las condiciones geopolíticas imperantes y la profundidad de las reformas en el negocio medular, el especialista en derecho público indica que podría darse un esquema transitorio de convivencia entre el modelo actual y uno sustentado en la libre competencia.
“En Estados Unidos y Europa se han dado procesos de entre cinco y 25 años para pasar de un servicio público a uno privado. En España hay regímenes mixtos, bajo un esquema de nuevo servicio público, que es abierto a la libre competencia”, acota.
Según Escudero, una ley acorde con los tiempos debe distinguir con claridad tres funciones: política pública, regulación técnica y operación empresarial, una separación que ha sido determinante en distintos procesos de reforma en América Latina, donde el Estado sólo actúa como regulador independiente para promover la inversión.
Asimismo, estima que la coyuntura legislativa sería una buena oportunidad para impulsar las energías renovables no convencionales, con incentivos específicos para cada tipo de proyecto.
En su opinión, atraer capital a largo plazo pasa por diseñar una estructura de cobro del servicio que permita recuperar costos, sostener la operación y expandir el sistema. Esta racionalidad tarifaria debe estar acompañada, cuando sea necesario, de subsidios focalizados para proteger a los sectores vulnerables.
“Venezuela, además, cuenta con recursos hidroeléctricos relevantes, potencial gasífero, oportunidades solares en varias regiones y una demanda que podría expandirse con mayor actividad económica. Si esas ventajas se articulan con seguridad jurídica y planificación técnica, el sector podría convertirse en una plataforma importante de inversión en infraestructura”, resume.
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