El SAT refuerza fiscalización con tecnología, ¿de qué trata su Plan Maestro y en qué consisten las auditorías digitales?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició en 2026 una nueva estrategia de fiscalización basada en el uso intensivo de tecnología, al combinar el Plan Maestro 2026 con un acuerdo que amplía el número de servidores públicos autorizados para ejercer facultades de auditoría. Esta combinación anticipa un incremento en la frecuencia y el alcance de las revisiones fiscales a nivel nacional.

El nuevo esquema consolida un modelo de fiscalización apoyado en cruces automatizados de información, que permite a la autoridad identificar inconsistencias fiscales a partir del análisis de comprobantes fiscales digitales (CFDI), declaraciones, información bancaria, datos de comercio exterior y registros de terceros, sin depender exclusivamente de auditorías presenciales. En este sentido, Luis Enrique Torres Asomoza, socio de Von Wobeser, señala que el SAT adopta un esquema de fiscalización orientado al análisis de riesgos, sustentado en información disponible y en procesos digitales.

“Se dan a conocer cambios relevantes en la forma de revisar, como la realización de una sola auditoría por contribuyente ante un mismo incumplimiento, el uso de muestreos en lugar de requerir el 100% de la información, criterios homogéneos a nivel nacional y procesos de devolución más ágiles. Esto, en la práctica habrá que ver de qué manera funciona, ya que hasta la fecha los procesos son muy prolongados, principalmente los consistentes en las devoluciones”, comenta.

De forma coincidente, Mónica Araceli Quepons González, abogada experta en materia fiscal de Rivadeneyra Treviño, indica que el Plan Maestro 2026 consolida un modelo de fiscalización preventiva, digital y masivo, basado en la vigilancia continua de datos en tiempo real, más que en revisiones presenciales tradicionales.

“Con este nuevo enfoque y la ampliación de facultades que envisten a la autoridad fiscal, sin duda implementará procesos de vigilancia continua, apoyados en cruces automatizados de información proveniente de CFDI, declaraciones, estados de cuenta bancarios, comercio exterior y terceros relacionados, con el objetivo de detectar irregularidades e incumplimientos con mayor rapidez y dar lugar a actos de fiscalización más ágiles y frecuentes”, resalta.

Del mismo modo, Erika Baez Elizondo, socia de la práctica fiscal de Greenberg Traurig México, opina que la fiscalización en el país podría estar entrando en una fase de mayor sofisticación y alcance estratégico, sustentada en los dos pilares ya mencionados: el Plan Maestro 2026 y el reciente acuerdo de facultades ampliadas del SAT. 

"El Plan Maestro 2026 formaliza una transición del SAT hacia un modelo de supervisión basada en riesgo e inteligencia fiscal, integrando capacidades de análisis de datos, automatización y coordinación interinstitucional. Esto podría indicar que la autoridad ya no opera en revisiones reactivas o aisladas, sino en procesos que identifican patrones de riesgo fiscal con anticipación, potenciados por algoritmos, cruce de información financiera y fiscal, y el uso de tecnología avanzada", explica.

Por su parte, menciona la experta, el acuerdo que amplía las facultades de auditoría consolida esta estrategia al incrementar la potestad de los funcionarios para revisar operaciones digitales, así como para cruzar y validar información en tiempo real con distintos registros públicos y plataformas de terceros (bancarios, plataformas digitales, comercio exterior, entre otros).

Baez comenta que estos instrumentos contribuyen a una transición hacia un enfoque más predictivo, integral y disruptivo, donde la autoridad podría ejecutar auditorías no solo presenciales, sino también digitales y remotas con mayor profundidad; puede integrar variables tributarias con datos externos (transacciones digitales, metadatos de operación), y posiblemente priorice a los contribuyentes y sectores con mayor probabilidad estadística de incumplimiento.

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Fiscalización con enfoque tecnológico

El Plan Maestro 2026 se articula en tres ejes. El primero está orientado a la atención al contribuyente e incluye la ampliación de la presencia institucional del SAT mediante nuevas oficinas en nueve entidades federativas, el fortalecimiento del programa de Oficina Móvil y una mayor digitalización de trámites y servicios.

El segundo eje se enfoca en una fiscalización con criterios objetivos. El SAT definió indicadores de riesgo para programar auditorías y permitirá a los contribuyentes conocer las razones de su selección. Torres explica que este eje incorpora cambios relevantes en la forma de revisar.

Las revisiones priorizarán, entre otros, los siguientes supuestos:

• Operaciones con emisores de facturas falsas o esquemas de nómina irregular.
• Pérdidas fiscales recurrentes y deducciones agresivas.
• Ingresos omitidos y tasas efectivas por debajo del promedio del sector.
• Uso indebido de incentivos fiscales.
• Desajustes entre compras, importaciones y ventas.
• Importaciones por debajo del valor de mercado o incumplimiento de reglas no arancelarias.
• Incumplimientos en retenciones y esquemas laborales.
• Operaciones con paraísos fiscales y devoluciones improcedentes.

Torres explica que entre las facultades que se refuerzan destacan, entre otras, el acceso en línea y en tiempo real a sistemas del contribuyente; el uso de herramientas tecnológicas para documentar diligencias (fotografía, audio y video); la posibilidad de informar a los órganos de dirección sobre hechos u omisiones; la determinación de CFDI presuntamente falsos; y la práctica de visitas para verificar que los comprobantes amparen operaciones reales, conforme al artículo 49 Bis del CFF.

“Con base en todo lo anterior, se puede concluir que la idea principal de estos cambios se pueden agrupar en dos importantes rubros, agilidad en todos los procesos del SAT con ayuda de la tecnología y el combate a la compra-venta de facturas falsas”, enfatiza.

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Aumento en las auditorías

Como complemento, el 31 de diciembre de 2025 el SAT publicó el acuerdo mediante el cual se delegan facultades a servidores públicos del organismo. Aunque no introduce nuevas atribuciones, amplía el número y el nivel jerárquico de funcionarios facultados para ejercerlas.

Al respecto, el socio de Von Wobeser detalla que este acuerdo amplía el margen de actuación de áreas clave del SAT y refuerza facultades como el acceso en línea y en tiempo real a sistemas del contribuyente, que permite a la autoridad realizar revisiones constantes sin necesidad de visitas domiciliarias. De igual modo, el uso de herramientas tecnológicas para documentar diligencias mediante fotografía, audio y video para el fortalecimiento probatorio del SAT; así como auditorias altamente técnicas, sustentadas en muestres estadístico y validaciones de integridad de datos.

Además, el abogado destaca la posibilidad de informar a órganos de dirección sobre hechos u omisiones; la determinación de CFDI presuntamente falsos; y la práctica de visitas de verificación para constatar que los comprobantes amparen operaciones reales, conforme al artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Entre las facultades delegadas se encuentran:

• Requerimientos de información económica, financiera y bancaria a contribuyentes, responsables solidarios y terceros.
• Verificación de la validez de CFDI y de la materialidad de operaciones.
• Facultad para negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en determinados supuestos.

“En conjunto, estos cambios confirman una tendencia clara: una fiscalización más constante, más sofisticada y profundamente apoyada en tecnología, frente a la cual los contribuyentes deberán elevar significativamente sus estándares de control, documentación y cumplimiento”, comenta Torres.

Desde una perspectiva operativa, Quepons González señala que la ampliación del número de funcionarios facultados permitirá reducir los tiempos de reacción del contribuyente y consolidar un modelo de vigilancia continua, sin necesidad de visitas domiciliarias, lo que incrementará la frecuencia de requerimientos específicos y acortará plazos de atención.

“Ya no se trata de revisar únicamente a grandes contribuyentes sino se podrá implementar éstas a empresas medianas, pequeñas e incluso personas físicas con actividad empresarial”, indica.

Para la socia de la práctica fiscal de Greenberg Traurig México, este incremento de funcionarios con facultades para auditorías digitales podría tener implicaciones directas tanto en la frecuencia como en la profundidad técnica de las revisiones. La experta enfatiza en cuatro puntos: 
 

1. Mayor frecuencia de auditorías digitales: con un mayor número de auditores, el SAT podría escalar su capacidad operativa para atender un universo más amplio de contribuyentes, especialmente aquellos transaccionalmente complejos o con actividad digital intensiva. Esto reduciría los tiempos de respuesta y aumentar la probabilidad de selección para revisión, incluso en casos donde no se identifiquen señales aparentes de incumplimiento.
2. Alcance ampliado de análisis: es posible que las autoridades fiscales no solo revisarían los documentos fiscales tradicionales, sino que podrán acceder a ecosistemas digitales de información vinculados (portales de comercio electrónico, plataformas de pagos, CRM, ERP, bancos de datos nacionales e internacionales). Esto podría ampliar la auditoría hacia: modelos de negocio digitales y transacciones basadas en datos; verificación en tiempo real de ingresos, gastos y flujos transfronterizos, y metadatos y evidencias digitales no estructuradas (logs, sistemas de control interno).
3. Auditoría continua y reactiva: el acuerdo apunta a consolidar un esquema de fiscalización donde las autoridades fiscales no requieran notificaciones extensas ni procesos largos para iniciar revisiones. La autoridad tendría la posibilidad de ejecutar auditorías electrónicas continuas, con alertas automatizadas y análisis comparativos que permiten intervenir de forma más recurrente.
4. Profesionalización técnica: la ampliación también implicará perfiles con capacidades de data science, análisis de riesgos, contabilidad digital y comercio electrónico, lo que podría elevar la calidad técnica de los análisis fiscales y reduce litigiosidad por errores metodológicos.
    

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Facturas falsas y preparación para 2026

El tercer eje del Plan Maestro refuerza el combate a la compra y venta de facturas falsas. El SAT desarrollará procesos de revisión para identificar estas prácticas y proceder al cobro de contribuciones omitidas. Torres subraya que este componente, junto con la agilización de los procesos mediante tecnología, concentra el objetivo central de los cambios introducidos para 2026.

Los contribuyentes que hayan utilizado CFDI declarados como falsos contarán con un plazo de 30 días para regularizar su situación fiscal.

En cuanto a los principales focos de riesgo, Torres resalta seis puntos:

• Operaciones con EFOS. Continúa siendo el eje central de fiscalización, con revisiones rápidas y posibles medidas inmediatas.
• Pérdidas fiscales y deducciones agresivas. Se intensificará el análisis de sustancia económica, correlación ingreso-gasto y soporte documental, con énfasis en materialidad y trazabilidad.
• Ingresos omitidos y tasas por debajo del promedio. Los cruces de CFDI, declaraciones y bancos seguirán siendo una herramienta clave para detectar desviaciones.
• Comercio exterior. Riesgos asociados a subvaluación, NOMS, RRNA y certificaciones, especialmente ante las nuevas facultades de la AGACE para requerir información financiera y verificar cumplimiento integral.
• Retenciones y esquemas laborales. Persisten las revisiones por retenciones no enteradas y la reclasificación de figuras laborales atípicas.
• Devoluciones de impuestos. Aun con la promesa de devoluciones más rápidas, los filtros de procedencia serán más estrictos, especialmente en saldos a favor recurrentes.

La abogada de Rivadeneyra Treviño coincide y agrega que la autoridad pondrá especial atención en comercio exterior, servicios digitales y operaciones entre partes relacionadas, particularmente en precios de transferencia, deducciones y reestructuras corporativas.

En cambio, Baez añade cuatro sectores que el SAT ha marcado como prioritarios por su complejidad transaccional y propensión a brechas fiscales. 

1. Comercio electrónico y plataformas digitales: este sector opera con estructuras de ingreso fragmentadas (marketplace, afiliados, dropshipping), pagos en criptomonedas o multilocalización. Los riesgos fiscales suelen centrarse en la correcta calificación de ingresos, uso de comprobantes fiscales digitales (CFDI) con complemento de pagos y tratamiento de ingresos no tradicionales. La digitalización puede facilitar la detección de discrepancias entre ingresos declarados y operaciones visibles en redes de datos.
2. Servicios profesionales y consultoría internacional: pueden presentar riesgos en la retención de impuestos, determinación de precios de transferencia, servicios digitales sin establecimiento permanente y deducciones no procedentes por gastos corporativos. Los flujos internacionales suelen requerir especial atención a tratados fiscales y coordinación de información reportada por entes extranjeros.
3. Manufactura con cadenas globales: los productos con alto valor agregado, insumos importados y operaciones intragrupo a menudo requieren un análisis detallado de precios de transferencia, valoración aduanera y determinación de utilidad gravable. Las discrepancias en métodos de transferencia representan un foco clave de revisión.
4. Sector inmobiliario y fiducia: las operaciones de compraventa, arrendamiento, fideicomisos y financiamientos estructurados pueden requerir un escrutinio detallado de contenido económico real versus estructuras legales. Es común la revisión de determinación de la base gravable del ISR, así como de los efectos de deducciones e impuestos locales. Entre los factores que incrementan el riesgo fiscal se encuentran la complejidad operativa, volumen de transacciones digitales, flujos internacionales y posibilidades de planificación agresiva, elementos que activan criterios de selección del SAT basados en riesgo.

Frente a este escenario, Torres considera que las empresas deberán reforzar la materialidad de sus operaciones mediante expedientes integrales que incluyan contratos, entregables, evidencia técnica y logística, CFDI, estados de cuenta y conciliaciones, con trazabilidad completa y documentación de las decisiones contables. También señala la necesidad de implementar programas KYP, fortalecer el gobierno corporativo fiscal, revisar precios de transferencia y auditar operaciones de comercio exterior.

En la misma línea, el abogado indica que los contribuyentes deberán adoptar una postura preventiva y brinda cinco recomendaciones:

• Reforzar la materialidad de las operaciones. Contar con expedientes integrales por tipo de operación que incluyan contratos, órdenes de compra, entregables, evidencia técnica y logística, CFDI, estados de cuenta y conciliaciones, entre otros, asegurando trazabilidad de inicio a fin, y muy importante documentar en la fecha de la toma de decisiones el motivo por el cual la Compañía opta por alguna postura contable en específico.
• Implementar programas KYP. Depurar padrones de proveedores, validar capacidad operativa, revisar listas EFOS/EDOS y establecer cláusulas contractuales de cumplimiento fiscal.
• Fortalecer el gobierno corporativo fiscal. Documentar políticas y revisiones en actas y comités, especialmente ante la facultad del SAT de informar hechos u omisiones a órganos de dirección.
• Revisar precios de transferencia y operaciones. Actualizar estudios, asegurar consistencia con CFDI y contratos, y preparar papeles de trabajo para posibles muestreos.
• Auditar comercio exterior. Verificar inventarios, valuación aduanera, cumplimiento de NOMS y permisos, y alineación de precios de importación con valores de mercado.

En este escenario, la socia Quepons subraya que, de cara a 2026, los contribuyentes deberán adoptar una postura claramente preventiva.

“Consideramos que se deberán enfocar en fortalecer la trazabilidad entre CFDI, contabilidad y declaraciones; revisar de manera periódica la correcta materialidad de deducciones y acreditamientos; documentar adecuadamente operaciones relevantes y extraordinarias; fortalecer los controles internos fiscales y, especialmente, anticiparse a las observaciones del SAT mediante revisiones internas o auditorías preventivas”, concluye.

Para asegurar un cumplimiento fiscal robusto, Baez sugiere que los contribuyentes adopten un enfoque preventivo centrado en el fortalecimiento de sus controles internos y tecnológicos, mediante el uso de sistemas ERP y compliance fiscal, que permitan realizar conciliaciones automáticas, monitorear CFDI y detectar alertas en precios de transferencia. Esta estrategia, sostiene la experta, debe complementarse con revisiones internas trimestrales que simulen auditorías del SAT para validar la integridad de las declaraciones y el soporte documental de las deducciones, así como con una capacitación continua de los equipos contables en áreas clave como data analytics para cumplimiento, las nuevas obligaciones de reporte electrónico y la interpretación de criterios de la autoridad.
 

Con el fortalecimiento operativo del SAT y la ampliación de sus facultades de auditoría se consolida un esquema de fiscalización permanente, basado en datos y gestión de riesgos, frente al cual se anticipa un mayor nivel de exigencia y escrutinio para los contribuyentes en 2026.