Empieza con un ‘Soy’, le sigue el nombre de una chica a la que tenemos agregada a nuestras redes sociales e incluye una promesa de fotos explícitas y una invitación a una cuenta de ‘OnlyFans’ —la plataforma digital de contenido erótico que funciona como una red social ‘on demand’— creada, supuestamente, por ella. Culmina con una página que captura los datos bancarios del usuario interesado en la oferta. Esta modalidad de phishing, que inicia con una cuenta fake de Facebook, Instagram o Twitter, involucra otros delitos que van desde el robo de identidad hasta la vulneración de la imagen y el honor de la persona involucrada en la prestación del servicio.
Esta modalidad de violencia digital contra las mujeres se ha vuelto tendencia en los últimos meses en México, así lo indican las denuncias en medios sociales como Instagram y Twitter.
M.O.: “Buenas tardes. Quisiera pedir su apoyo para reportar este perfil de IG que se robó mis fotos, nombre e información para supuestamente vender contenido sexual ‘explícito’”.
Estos delitos fueron perpetrados inicialmente en Canadá, EE. UU., Tailandia, Reino Unido y Francia, a mediados de 2020. En ese entonces, el extremo del perverso clickbait llevaba a sitios web creados con Wix, todos con una interfaz muy similar a la plataforma de Only Fans. Una vez allí, se podía observar el video de una mujer masturbándose, sin mostrar la cara, dando la impresión de que se trataba de la persona cuya identidad había sido clonada.
Las plataformas donde se desarrollaron estas prácticas delictivas en 2020, así como los casos más recientes reportados principalmente desde México, cuentan con vías de denuncia ante contenido abusivo o suplantación de identidad. El problema en este lado del hemisferio surge cuando se busca atender el caso por la vía penal. La humillación cierra el círculo. Cuando las personas reportan lo ocurrido, las autoridades presentan una serie de argumentos y actitudes mostrando no estar suficientemente capacitadas para atender una denuncia así.
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La peor parte: faltan datos (y educación digital)
Por lo pronto, no se registran datos que específicamente hayan estudiado la modalidad. Algunos reportes ayudan a atisbar el contexto que lo rodea. Entre el año pasado y lo que va de este año, México figura entre los primeros tres países con mayor cantidad de ciberataques en América Latina, según informan organizaciones como Estadista, Metabase Q y Fortinet.
Esta última compañía, especializada en ciberseguridad, reportó un récord de 60.800 millones de intentos de ataque de enero a septiembre de 2021. Estos intentos, no específicamente bajo la modalidad descrita, según reporta Banco de México (BdeM), constituyen una de las mayores amenazas contra las instituciones financieras durante la pandemia.
“(...) Pasaron de ser menos de 5.000 por semana, en febrero de 2020, a más de 200.000 en ese lapso a finales de abril de 2021”, detalla la entidad en su último reporte de estabilidad financiera.
Ese contexto virtual constituye un lugar muy inseguro para las mujeres. Data recogida desde hace más de una década por la Red de Medios de Comunicación de Australia da una pista, al demostrar que las mujeres tenemos 50 % más probabilidades de amenaza de suplantación de identidad que los hombres. Aunque lejano en tiempo y espacio, esta información retorna como eco en las denuncias que advertimos en manuales y guías articuladas principalmente por la sociedad civil. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su libro blanco La Ciberseguridad de las Mujeres durante la pandemia Covid-19, nos demuestra cómo la brecha en el entorno virtual nos pone en desventaja y, por ende, nos hace blanco fácil para los ciberataques.
Además, hacia el 2020, la Unión Internacional de Telecomunicaciones reveló que menos de la mitad de mujeres en el mundo tenía acceso a Internet, frente a un 55 % de hombres que sí podían acceder a este espacio. A esta brecha del 17 % se debe sumar la mala conectividad y —la peor parte— un nivel bajo en competencias en materia de seguridad digital. Todo ello se vuelve el combo perfecto de la desprotección.
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No hay libre tránsito para las mujeres en el espacio virtual
Desde LexLatin nos enfocamos en revisar la ciberseguridad de las mujeres, por ello entramos en contacto con Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), y Fátima Toche, counsel de Iriarte & Abogados (Perú). Macías es especialista en derechos humanos y tecnología; Toche lo es en derecho digital, propiedad intelectual, cibercrimen y telecomunicaciones.
Al tanto de esta creciente ola de denuncias, Grecia Macías ve oportuno mantener a la mano herramientas legales y no legales que atiendan este tipo de sucesos. Aunque recuerda que, por lo general, las mujeres que han lidiado con este tipo de delitos “solo quieren que se baje la cuenta de estas plataformas y no llevar ningún otro procedimiento legal”.
Esto es entendible, sobre todo cuando no abundan las autoridades capacitadas ni el uso efectivo de los marcos normativos en la materia.
“El Estado debe analizar las diversas manifestaciones de la violencia digital y entender que la violencia de género se replica en espacios digitales, algo que implica, a su vez, entender las causas de estas violencias y realizar un enfoque preventivo de estas conductas. Debemos analizar de manera crítica la legislación que tenemos y buscar soluciones que no se enfoquen únicamente en lo punitivo”, explica la abogada.
A decir de Fátima Toche, este contexto de violencia limita las capacidades de las mujeres y, por tanto, el ejercicio pleno de derechos humanos, especialmente en el extremo de la libertad de expresión.
“El anonimato, la normalización de lo agresivo, la poca rigurosidad con la que se evalúan y moderan estos comentarios y conductas, así como la ausencia del Estado en este ámbito convierten estos espacios virtuales en hostiles para las mujeres. En la medida en que las estructuras machistas y desiguales no cambien en nuestras sociedades, la violencia va a seguir a las mujeres en todos los espacios. En Latinoamérica estas dinámicas funcionan de manera homogénea, lamentablemente”.
Cambiar el contexto de la ciberviolencia
Ambas abogadas apuntan tres frentes claves para la mejora de esta realidad: la regulación de las apps, el uso de la normatividad o la técnica para desarrollarla y la prevención.
En noviembre de 2021, Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), legislador mexicano, planteó reformas al Código Penal Federal para sancionar la suplantación de identidad por cualquier medio. Su propuesta incluía una pena de 10 años de prisión para quien cometa el ilícito.
Esa discusión, registrada como la más reciente en esta materia a nivel legislativo, no contempla la alerta que aquí desarrollamos. Tampoco el hecho de que ya es posible —a través de la Ley de protección de datos personales, la Ley de datos en posesión de particulares y la Ley de sujetos obligados, como nos explica Grecia Macías— atender los cientos de casos de usos no autorizados de fotografías, donde no solo se estafa y vulnera los datos de cuenta bancaria de usuarios, sino la imagen y reputación de cientos de ciudadanas que buscan transitar libremente en Internet.
Fátima Toche advierte que si bien esta problemática ya está en el radar de organizaciones de alto nivel, lo resuelto al respecto es aún limitado.
“Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que en el entorno digital, el principio de la no discriminación obliga al Estado a 'garantizar que todas las personas —especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés público— puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de condiciones'. Sin embargo, al resguardar dicho derecho, tanto los Estados como las empresas gestoras de apps y redes sociales deben procurar no vulnerar de manera desproporcionada o irrazonable el derecho a la libertad de expresión de otras personas, lo que genera un gran dilema que aún no tiene respuestas claras”.
Por su parte, Grecia Macías evoca el sentido crítico que hay que emplear a la hora de atender iniciativas legislativas que pasan por alto un aspecto esencial como la prevención.
“Hay que ser crítico sobre la legislación de este tipo de conductas y la mala técnica legislativa con la que se tipifican estos delitos. En especial, no toma en consideración que ya existen otros delitos que encuadran las conductas discutidas y que también, en derecho penal, esta no es la única solución para poder atender las necesidades de las víctimas. Un enfoque preventivo es realizar cuidados de seguridad digital. Por ejemplo, desde tener una contraseña segura y la verificación de dos pasos hasta estar conscientes de páginas falsas o phising que busquen vulnerar nuestras cuentas o dispositivos”.
El desafío de educar y concientizar sobre los potenciales riesgos del entorno digital, como señala Toche, debe impulsarse, por el momento, por cuenta propia. Para ello, es vital cuidar la huella digital que dejamos en Internet. No evitar transitar, pero sí cuidarnos las espaldas.
Plataformas como Denuncia.org, de la organización Impunidad Cero; publicaciones como la Guía de Seguridad Digital para feministas autogestivas de la organización 'Safe Hub Collective' y el Manual de Seguridad Digital: Kit de Herramientas para una Internet feminista, de la periodista y activista brasileña Larissa Saud, son iniciativas para empezar a atender nuestra seguridad y salvaguardar nuestra integridad frente a un tipo de violencia, en la práctica, invisible.
* Infografía elaborada por Miguel Loredo y Jhosanna Pacheco.
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