18/12/2025
La estabilidad de los marcos institucionales en América Latina atraviesa una fase de reconfiguración estructural que impacta directamente en la seguridad jurídica de la región. El dinamismo legislativo observado durante el año 2025 ha estado marcado por una transición hacia la actualización de los mecanismos de inversión, la regulación de infraestructuras críticas y la modificación de los procesos de defensa y contratación pública. Esta dinámica ha forzado una evolución en la gestión corporativa, posicionando a la resiliencia digital, la libre competencia y la eficiencia en la resolución de controversias como variables críticas para la continuidad de las operaciones.
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México: el reto de la reforma al Amparo
La reciente reforma a la Ley de Amparo, consolidada como una pieza clave en la reconfiguración del Poder Judicial mexicano, ha marcado un punto de inflexión para el sector empresarial. Así lo precisa Daniel Morán, socio en el área de Litigio Civil y Mercantil de Pérez-Llorca México.
El especialista menciona que, si bien el nuevo marco normativo integra avances en digitalización y unificación de criterios procesales, su núcleo introduce restricciones sustantivas que alteran la protección constitucional frente a los actos de autoridad.
"El cambio más relevante para el sector corporativo/empresarial son las limitaciones a la suspensión de actos reclamados, que disminuyen la posibilidad de frenar nuevas regulaciones y medidas administrativas mientras se resuelve el fondo del asunto. Esto incrementa la exposición a decisiones unilaterales del Estado —como congelamiento de cuentas, revocación de permisos o fiscalización agresiva— y obliga a las empresas a replantear sus estrategias de litigio y gestión de riesgos regulatorios", explica.
De cara al 2026, el impacto de esta reforma será un factor determinante en la evaluación de la inversión extranjera, en tanto la incertidumbre jurídica se convierte en una variable central para la planeación de capitales en el país.
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Chile: ciberseguridad como estándar de Estado
Con la entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad y la operatividad de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) - Ley 21663, Chile se posicionó en 2025 como uno de los referentes regionales en protección de infraestructura crítica. Las empresas, especialmente las de servicios esenciales, ahora operan bajo un régimen de cumplimiento técnico y reporte de incidentes obligatorio.
José Santos Ossa, socio de Derecho Público de Cuatrecasas - Santiago, subraya que la ciberseguridad dejó de ser un tema meramente informático para convertirse en una obligación legal de alta dirección.
“Para la gestión empresarial, esta nueva normativa exige institucionalizar capacidades de ciberresiliencia en base a principios y directrices que buscan estructurar, regular y coordinar acciones de ciberseguridad para prevenir, contener, resolver y responder ante riesgos y amenazas. Para tales efectos, la nueva normativa contempla una serie de deberes para los sujetos obligados, fijando categorías de exigencias tanto para PSE y OIV considerando su exposición, relevancia e impacto a nivel nacional”, afirma.
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Perú: el motor de la inversión pública y las APPs
Perú apostó este año por destrabar su cartera de proyectos mediante una reforma integral a sus reglas de interacción público-privada. La nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley 32069) y el fortalecimiento del marco de las Asociaciones Público-Privadas (APP) buscan reducir la brecha de infraestructura con procesos más transparentes y eficientes.
En esa línea, Carlos Monteza, socio de Cuatrecasas - Lima, analiza esta ley como una herramienta de modernización que busca profesionalizar la compra pública y reducir la corrupción.
La entrada en vigor de la Ley No. 32069 marca una transformación en el sistema de abastecimiento público peruano al introducir el principio de valor por dinero, que desplaza la prioridad del precio hacia la calidad y la gestión por resultados. Bajo el análisis del socio de Cuatrecasas, esta normativa busca dinamizar la inversión mediante compras centralizadas y de innovación, y el uso de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de alcance internacional.
La reforma no solo reorganiza los impedimentos para contratar con el Estado, sino que fortalece la resolución de conflictos a través de juntas de prevención de disputas, conciliación y arbitraje.
“Por su parte, el Decreto Supremo No. 009-2025-EF regula diversos aspectos establecidos en la ley, tales como las condiciones para el uso de contratos estandarizados y construcción de uso internacional, así como los mecanismos de resolución de controversias. Además, el reglamento implementa la Ficha Única del Proveedor (FUP), un mecanismo valorativo de reputación de los proveedores y segmenta las contrataciones en cuatro categorías: rutinarios, opcionales, críticos y estratégicos”, añade.
Por su parte, Aldo Reggiardo, socio de Cuatrecasas - Lima, destacó la publicación de la Ley No. 32441, que regula el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos con participación privada bajo las modalidades de Asociaciones Público-Privadas y de Proyectos en Activos.
El especialista afirma que la reforma del marco normativo de Asociaciones Público-Privadas (APP) busca fortalecer la confianza del inversionista mediante una distribución de riesgos más equilibrada y la aplicación de estándares estrictos de competencia y transparencia. Según destaca Reggiardo, una de las novedades centrales es el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ahora emitirá opiniones vinculantes, mientras que Proinversión asume mayores facultades como entidad titular de proyectos estratégicos cuya inversión supere las 80.000 UIT ( 440.000.000 soles - USD 130.704.948 dólares).
El nuevo esquema optimiza los plazos operativos al permitir que los proyectos de solo Operación y Mantenimiento (O&M) pasen directamente a la etapa de estructuración.
“Se permiten inversiones adicionales dentro o fuera del área del proyecto e, incluso, más allá del plazo de concesión si se acredita el incremento o recuperación del valor económico y social; y en cuanto a la continuidad del servicio y caducidad de los contratos, vencida la concesión, la entidad pública asume el proyecto de forma provisional hasta por tres años. La entrada en vigor de la Ley No. 32441 está sujeta a la publicación de su reglamento, aún pendiente de aprobación”, comenta.
Además, la modificación a la Ley de Obras por Impuestos (Ley No. 29230) introdujo cambios estratégicos para agilizar el cierre de brechas sociales. Entre las novedades, Reggiardo resalta la creación de la categoría de servicios por impuestos, que permite financiar la planificación territorial y los servicios críticos de salud, saneamiento y educación en zonas rurales o en emergencia.
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Colombia: eficiencia en la recuperación de activos
Ante la congestión del sistema judicial ordinario, Colombia implementó la Ley 2540 de 2025, una reforma que habilita el uso del arbitraje para procesos ejecutivos. Esto permite que las disputas por cobro de deudas contractuales, que antes tardaban años en los tribunales, puedan resolverse bajo la celeridad de los tribunales arbitrales.
“Esta modalidad exige un pacto arbitral expreso que cubra tanto la ejecución del título ejecutivo como las controversias del negocio subyacente, lo que traslada al tribunal arbitral la decisión de las excepciones de fondo. En títulos valores, el compromiso arbitral debe constar en documento separado o anexo —no en el título— y la adhesión de codeudores, avalistas, fiadores y garantes opera por el solo hecho de vincularse a la relación, puntos que exigen cuidado en circulación y gestión de garantías”, dice Juan Sebastián Lombana, socio de Arbitraje y Litigios de Cuatrecasas - Bogotá.
La reciente reforma normativa en Colombia introduce cambios críticos en dos frentes estratégicos, remarca el abogado:
· Protección al Consumidor. Se eleva el umbral de transparencia. En el sector financiero, esto implica que las cláusulas deben aceptarse de forma independiente y se otorga un derecho de retracto de 60 días tras el desembolso. Las empresas deberán rediseñar sus procesos de vinculación y formularios para evitar sanciones y asegurar la validez de los contratos.
· Eficiencia Procesal. Se agiliza la recuperación de activos con la creación del árbitro ejecutor y del árbitro de medidas cautelares previas, permitiendo proteger bienes antes de iniciar formalmente la demanda. Además, la reforma permite elimina la duplicidad de trámites en la justicia ordinaria, aunque manteniendo el recurso de anulación como mecanismo de control judicial.
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Guatemala: el inicio de la libre competencia
Guatemala dejó de ser en 2025 uno de los pocos países de la región sin una normativa general de competencia. Con la entrada en vigor de la Ley de Competencia, el país ha iniciado un proceso de desmantelamiento de prácticas anticompetitivas y ha establecido una autoridad con facultades para sancionar carteles y abusos de posición dominante.
“Pocos saben que desde la constitución promulgada en 1945 se dejó regulada la prohibición del establecimiento de monopolios y el funcionamiento de empresas que absorban la producción nacional en detrimento de la economía nacional. Por supuesto, dicha ley nunca se aprobó. A pesar de ello, durante más de 20 años hubo diversas iniciativas de ley que buscaban la aprobación de una Ley de Competencia que le permitiera a Guatemala responder a una estandarización y requerimientos que otras economías exigen”, narra Elmer Vargas, gerente de EY Law Guatemala.
El experto explica que la ley prohíbe las prácticas anticompetitivas absolutas o relativas, exige aprobaciones para concentraciones que excedan determinados umbrales económicos, y regula sanciones que pueden ser de entre 100 y 200 mil salarios mínimos diarios.
En ese sentido, Vargas comparte algunas recomendaciones:
· Revisar el modelo de negocios comercial y establecer si de forma expresa o implícita han operado bajo las modalidades de prácticas absolutas o relativas.
· Revisar contratos comerciales para identificar cláusulas que den lugar a una conducta violatoria de la ley.
· Evaluar la composición de KPIS del personal (especialmente ventas) identificando si algún elemento evaluado o requerido dentro del desempeño del personal pudiera ser sujeto de un incumplimiento a la ley.
· Ampliar modelos de cumplimiento, integrando matriz de riesgos en materia de competencia y políticas aplicables.
· Mantenerse alerta a los cambios, las impugnaciones y la publicación de los reglamentos a la ley.
· Promover una cultura de capacitación continua a nivel de alta dirección, gerencias, posiciones clave y/o expuestas a la interacción con competidores, proveedores y clientes.
· Participar en gremios y asociaciones permite que, desde el sector privado, se pueda exigir que las autoridades (tanto administrativas como judiciales) encargadas de conocer y resolver los casos derivados de la aplicación de la ley cuenten con la educación, preparación y experiencia necesarias para emitir decisiones adecuadas y objetivas.
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El Salvador apuesta por la tecnología y el capital de riesgo
Más allá de la narrativa de los criptoactivos, El Salvador enfocó su 2025 en crear un ecosistema financiero moderno. La aprobación de la Ley de Fondos de Inversión Privados y la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías buscan atraer a gestoras de fondos y empresas tecnológicas mediante incentivos fiscales y una burocracia simplificada.
Oscar Torres, socio de EY Law El Salvador, subraya la primera reforma porque elimina la obligatoriedad de presentar solvencia municipal para la constitución de empresas, reduciendo tiempos y costos burocráticos, lo que permite atraer capitales de alto valor y diversificar el sistema financiero bajo estándares de transparencia.
Otro cambio jurídico relevante, menciona Torres, es la eliminación de la obligatoriedad de aceptar bitcoin como moneda de curso legal en estas operaciones, lo que obliga a las empresas de activos digitales a recalibrar sus estrategias económicas.
“En cuanto a las nuevas leyes, la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos es una normativa que tiene como propósito crear un marco legal para los fondos de inversión privados, con el fin de atraer capitales de alto valor, y sobre todo fortalecer el sistema financiero. Dentro de sus principales impactos, podemos mencionar la atracción de mercados sofisticados bajo un marco legal certero y transparente, creando una diversificación en las inversiones de El Salvador”, aclara.
En paralelo, la apuesta por la inteligencia artificial busca captar inversiones locales y extranjeras mediante incentivos fiscales y la simplificación administrativa. La nueva normativa elimina barreras burocráticas históricas, como la solvencia municipal para la constitución de empresas, y digitaliza el Registro de Comercio mediante la emisión de documentos electrónicos para sociedades.
Estas medidas reducen significativamente los tiempos y costos de entrada, posicionando a El Salvador en un potencial hub de innovación a nivel mundial.
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Paraguay, el destino preferencial de inversión
Paraguay ha sabido capitalizar su estabilidad macroeconómica en 2025 mediante una reforma estructural a su mercado de capitales. La nueva Ley de Mercado de Valores y Productos (Ley N° 7572/2025) unificó la supervisión bajo el Banco Central del Paraguay (BCP) y modernizó los incentivos para la Inversión Extranjera Directa (IED), apuntando directamente al fenómeno del nearshoring.
Milena Sljivich, socia de Berkemeyer, explica que el principal valor de la nueva ley es la unificación. Esta centralización no solo simplifica el cumplimiento, sino que fortalece la supervisión con un enfoque preventivo y basado en riesgos, alineado con las mejores prácticas internacionales. Para el inversor extranjero, esto se traduce en un interlocutor único y reglas de juego claras, mitigando la discrecionalidad y aumentando la previsibilidad.
“La Ley de Mercado de Valores y Productos es más que un texto legal; es una declaración de intenciones. Paraguay no solo moderniza su mercado de capitales, sino que construye un ecosistema empresarial basado en la certidumbre jurídica, la transparencia y la eficiencia. El éxito de esta ambiciosa reforma dependerá de una reglamentación ágil y coherente por parte del Banco Central, pero la dirección es inequívoca”, recalca.
Para los abogados y empresarios internacionales, afirma la socia, este es el momento de mirar a Paraguay con nuevos ojos. Según Sljivich, el país ofrece un marco legal renovado que facilita desde la estructuración de un fondo de inversión privado hasta el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura.
De igual modo, Luciano Antonelli, asociado de Berkemeyer, manifiesta que Paraguay sobresale en la región por su sólida estabilidad macroeconómica. Un sistema tributario simple y de baja presión (conocido como «10-10-10»: 10 % de Impuesto a la Renta Empresarial, 10 % de IVA y 10 % de Impuesto a la Renta Personal), con energía eléctrica renovable y de bajo costo, y una fuerza laboral joven.
“En 2025 Paraguay avanzó un paso adicional al promulgar un paquete de leyes que introducen incentivos fiscales específicos orientados a la Inversión Extranjera Directa (IED), redefiniendo su política industrial y de atracción de capital. Estas normas se erigen como pilares de una estrategia destinada a potenciar las ventajas existentes, generar empleo formal y posicionar al país como un hub industrial y logístico competitivo en la región”, añade.
El experto menciona que Paraguay ha lanzado un agresivo paquete de leyes en 2025 para consolidarse como el destino más atractivo para la inversión extranjera. Los principales beneficios son:
- Incentivos Fiscales (Ley 7548). Reemplaza la antigua Ley 60/90. Otorga beneficios a proyectos de inversión, incluyendo la exoneración de aranceles e IVA para la importación de bienes de capital; asimismo, para inversiones a partir de USD 13 millones, exonera el INR sobre los intereses de financiamientos externos y el IDU sobre la distribución de dividendos.
- Régimen de Maquila Modernizado (Ley 7547). Establece un Tributo Único del 1% y permite la importación temporal de insumos sin gravámenes. La novedad incluye la posibilidad de maquilar servicios y vender hasta un 10% de la producción en el mercado local.
- Manufactura Tecnológica (Ley 7546). Impulsa el ensamblaje de tecnología con IVA reducido, condicionado a la generación de empleo formal y un mínimo del 20% de valor agregado nacional.
- Eventos y Deporte (Ley 7467). Facilita la organización de competencias internacionales mediante exoneraciones de renta e IVA, junto con procesos migratorios y aduaneros simplificados.
“Estas normativas refuerzan la estrategia país de competitividad fiscal, seguridad jurídica y atracción de capital, apalancándose en las ventajas estructurales ya existentes. La sinergia entre estas nuevas leyes y sus fortalezas derivadas, como el régimen tributario simplificado y los bajos costos energéticos, posiciona a Paraguay como una plaza preferencial para el nearshoring, la relocalización de cadenas de valor y el desarrollo de proyectos brownfield y greenfield”, agrega.
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Nicaragua, el nuevo blindaje para el capital extranjero
El 2025 marcó el inicio de una etapa de institucionalización para la inversión extranjera en Nicaragua. La promulgación de la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley N° 1240) ha permitido ordenar y sistematizar la inversión extranjera directa en el país, generar información estratégica para la toma de decisiones y focalizar los esfuerzos públicos y privados en sectores donde Nicaragua tiene ventajas competitivas.
“La ley crea el Registro Único de Inversión Extranjera, que otorga mayor seguridad jurídica al inversionista, e iguala los derechos de capitales extranjeros y nacionales donde se consagran derechos fundamentales como la propiedad, la libre convertibilidad, transferencia de utilidades, y mecanismos de resolución de controversias incluyendo arbitraje internacional”, describe Terencio García, socio director regional de GarciaBodan.
A ello se suma la creación de las Zonas Económicas Especiales y la Ruta, que introducen un esquema de incentivos tributarios y administrativos diseñados para atraer capital extranjero y fomentar actividades de exportación con valor agregado.
“Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ofrecen exenciones significativas en impuestos directos e indirectos y simplificaciones administrativas, buscando dinamizar la diversificación productiva, facilitar la transferencia tecnológica y posicionar a Nicaragua dentro de cadenas globales de valor bajo un marco de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental”, resalta.
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Brasil: nuevo marco legal para el sector seguros
El 11 de diciembre de 2025 inició una etapa de transformación con la entrada en vigor de la Ley nº 15.040/25. Esta normativa establece un nuevo marco legal para los contratos de seguro en Brasil, con el objetivo de modernizar el régimen jurídico vigente y alinearlo con las mejores prácticas internacionales.
Marcia Cicarelli, socia del área de Seguros, Reaseguros, Previsión Privada y Salud Complementaria de Demarest Advogados, explica que con la nueva legislación se busca actualizar el régimen jurídico del seguro, trayendo cambios relevantes para la suscripción y la liquidación de siniestros, así como para temas sensibles como el reaseguro y la prescripción.
“Por un lado, la ley incorpora las mejores prácticas del mercado y tiende a representar una mejora en la prestación de los servicios de seguros. Por otro lado, su entrada en vigor ocurre en un contexto de transición regulatoria, marcado por la necesidad de regulaciones complementarias por parte de la Susep, que aún se encuentran en fase de consulta pública”, sostiene.
En este contexto, la industria aseguradora en Brasil se encuentra en una fase de transición crítica. Para garantizar la estabilidad del mercado, la abogada subraya que será indispensable mantener los canales de comunicación abiertos y constantes entre los organismos reguladores y las empresas del sector, asegurando que la adaptación técnica y legal sea fluida.
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