21/05/2026
A diez días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Colombia acude a las urnas en un contexto marcado por la polarización, atravesado por un tema que rara vez había dominado una campaña con tanta fuerza: el futuro del mercado laboral y del sistema de seguridad social. Las reformas aprobadas (y las que quedaron truncas) durante el gobierno de Gustavo Petro se han convertido en el campo de batalla jurídico, económico y político de la elección. ¿Qué tan estables son las normas que Petro dejó firmadas y cuánto de lo que aprobó sobrevivirá a un eventual cambio de orientación política en el Palacio de Nariño?
El panorama electoral registra catorce candidatos inscritos ante la Registraduría Nacional, aunque la disputa se concentra en tres figuras. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lidera todas las mediciones en primera vuelta con cifras que oscilan entre el 36 % y el 44 %. Detrás de él se disputan el segundo, el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático que ganó la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo con más de dos millones y medio de votos. Según la última medición de AtlasIntel, realizada entre el 9 y el 14 de mayo sobre 5.039 encuestados, Cepeda obtiene el 37,6 %, De la Espriella el 32,9 % y Valencia el 16,7 %.
Los tres escenarios que plantea la elección son claramente distintos: Cepeda propone consolidar y profundizar las reformas aprobadas, incluida la reforma de salud que Petro no pudo aprobar. De la Espriella y Valencia proponen un desmonte sistemático del marco regulatorio petrista, Valencia incluso presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra la reforma pensional. La tercera vía, representada por Fajardo y López, apuesta por estabilizar el sistema antes de transformarlo, con posiciones más ambiguas sobre la reversibilidad de las leyes 2466 y 2381.
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Lo que Petro logró
Después de un trayecto político accidentado, que incluyó intentos fallidos en el Congreso y una crisis institucional de primer orden, el gobierno de Petro consiguió sancionar su reforma laboral el 25 de junio de 2025. La Ley 2466/2025 restableció los recargos nocturnos desde las 7 de la tarde, elevó los pagos por trabajo en domingos y festivos de forma escalonada (80 % en 2025, 90% en 2026, 100 % en 2027), redujo la jornada laboral semanal a 44 horas y a 42 desde julio de 2026, equiparó el contrato de aprendizaje del SENA a un contrato laboral especial a término fijo, e incluso impuso la obligación de pagar la seguridad social a los conductores de plataformas digitales de reparto.
En paralelo, la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) transformó el sistema de prima media en un esquema de cuatro pilares orientado a ampliar la cobertura desde un 24 % actual hasta casi el 87 % proyectado para 2052. El modelo obliga a cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, reconoce 50 semanas adicionales por hijo a las mujeres, hasta un tope de tres, y crea una renta solidaria para adultos mayores en pobreza extrema. Dos reformas de fondo, aprobadas. Pero ninguna llega a las urnas con plena solidez jurídica, y sobre el sistema de salud no hay reforma: fue archivada y el siguiente gobierno recibirá ese expediente sin resolver.
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El mercado laboral en tensión
El gobierno Petro presenta sus cuatro años con una narrativa económica que no carece de sustento estadístico, pero que los datos más recientes matizan con fuerza. La tasa de desempleo cerró 2025 en 8,9 %, el nivel más bajo desde 2001, y en marzo de 2026 se ubicó en 8,8 %. El número de personas ocupadas creció en 324.000 frente a enero de 2025, y el gobierno celebra que 2.1 millones de personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2025.
Sin embargo, de los 650.000 empleos generados en los últimos doce meses, cerca de 457.000 corresponden a trabajadores por cuenta propia. Es decir, 7 de cada 10 nuevos ocupados no son asalariados formales de ninguna empresa. Adicionalmente, la industria manufacturera en Colombia perdió 166.000 puestos en el mismo período, y el sector agropecuario se contrajo en 242.000 empleos. La informalidad laboral se mantiene en 56 %, lo que ha posicionado a Colombia como el segundo país con mayor informalidad entre los miembros de la OCDE, solo superado por México.
Además, el salario mínimo de 2026, fijado en 1.750.905 pesos (aproximadamente USD 445) con un incremento del 23,7 %, el mayor nominal en tres décadas, ha agudizado esa tensión. Los gremios empresariales calculan que el costo laboral total para un empleador al salario mínimo equivale a un 68 % adicional sobre el valor nominal del sueldo. La tasa de desempleo juvenil ronda el 15 %, muy por encima del promedio nacional.
Para Mauricio Montealegre, socio de laboral de Pérez-Llorca, el trayecto de la Ley 2466 fue, ante todo, un trauma político y empresarial. El especialista advierte sobre una distorsión que se instaló en el debate público y que conviene corregir.
"El cisma de la discusión estuvo en los puntos de recargos y contratación laboral de los aprendices SENA. En lo que respecta a los recargos, la reforma logró cambiar el inicio de la jornada nocturna, pasando de 9 a 7 de la noche, así como el cambio en el porcentaje de los recargos del trabajo dominical y festivo. Estos fueron los triunfos de mayor relevancia para el gobierno, debido a que pudieron ser aprovechados políticamente de cara al discurso del “cambio social” que caracterizó al ejecutivo. Con una perspectiva de crítica al discurso, se popularizó erradamente que la reforma laboral “devolvió” las horas extras al país y el pago del dominical, lo cual es contrario a la realidad entendiendo que no hubo cambio alguno en materia de horas extras en el país, y los dominicales se pagaban al 175 %, incrementando su monto a un 200 %", explicó.
Para el abogado, los grandes logros simbólicos del gobierno fueron los cambios en el horario nocturno y en los recargos dominicales, por la carga narrativa que tuvieron de cara al discurso del cambio social. Pero en el debe, el socio de Pérez-Llorca apunta a la informalidad como el problema central no abordado. Reducirla, sostiene, exige dos condiciones que la reforma no contempló: cultura de cumplimiento normativo y alivio real en los costos de contratación. El diagnóstico más profundo tiene que ver con la rigidez del modelo contractual frente a las transformaciones del mundo del trabajo: las formas de conexión que ofrece la tecnología generan alternativas de servicio personal que no necesariamente deben estar atadas al contrato de trabajo fijado por el código sustantivo en los años cincuenta.
Por su lado, Boris Alfaro Castillo, socio y director de la práctica laboral de Brick Abogados, identifica cuatro cambios de fondo para el sector empresarial derivados de la Ley 2466: el encarecimiento de ciertos tiempos de trabajo, la jornada nocturna desde las 7 de la tarde y el recargo dominical que escala hasta el 100 % impactan directamente sectores con operación extendida, como comercio, salud, vigilancia, BPO, logística, hotelería y manufactura; la restricción sobre contratos temporales, que limita los contratos a término fijo a un máximo de cuatro años; la nueva naturaleza del contrato de aprendizaje, que asciende a una relación laboral especial con mayores costos; y el refuerzo del control sobre la tercerización. Sobre este último punto, el abogado precisa un matiz relevante para la gestión empresarial.
"No prohíbe la tercerización empresarial legítima, pero sí exige una estructuración que refuerza la idea natural de independencia y autonomía, manteniendo la responsabilidad solidaria en cabeza del contratante para las actividades que no sean extrañas a su objeto social. Para las compañías, esto confirma la importancia de gestionar correctamente a contratistas y proveedores en un asunto de cumplimiento laboral y gobierno corporativo", resalta.
Para el especialista de Brick, la reforma deja vacíos importantes, pues considera que no estuvo respaldada por un análisis técnico sólido ni por evidencia suficiente que demostrara que el empresariado colombiano, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 99 % del tejido empresarial y generan alrededor del 80 % del empleo, pueda asumir las nuevas cargas sociales impuestas por el Estado.
El limbo pensional
Otra de las reformas más seguidas por los trabajadores y empresas llega al cambio de gobierno suspendida. La Ley 2381 de 2024 fue suspendida por la Corte Constitucional en junio de 2025 mediante el Auto 841 por vicios de procedimiento, y reaprobada por la Cámara el 28 de junio. El Auto 203 de 2026 confirmó que el proceso seguía pendiente, con discusiones internas sobre la subsanación del vicio y la separación del magistrado ponente por impedimento. La decisión definitiva sobre su constitucionalidad permanece sin fecha.
"El punto de partida práctico es que hoy la Ley 2381 de 2024 no está operando como una reforma pensional plenamente vigente. La Corte Constitucional, mediante el Auto 841 de 2025, identificó un vicio de procedimiento subsanable y devolvió la ley a la Cámara de Representantes para corregirlo. Hasta que ese trámite se cumpla y la Corte verifique lo correspondiente, la estructura general de cuatro pilares sigue suspendida. La propia Corte indicó que la Ley 2381 'no entrará en vigencia sino hasta el día hábil siguiente' a que se cumplan las condiciones procesales fijadas en el Auto 841", sostiene Isabella Gandini, socia de laboral de Cuatrecasas Colombia.
La socia de Cuatrecasas aclara que la suspensión tiene dos excepciones: las reglas operativas del parágrafo transitorio del artículo 12 y el régimen de transición del artículo 76. El resto de la reforma permanece suspendido. Por eso, los nuevos plazos y procedimientos, incluida la elección de la administradora del componente de ahorro individual (ACCAI) y la ventana especial de traslados entre regímenes, no corren como obligatorios.
El impacto de este limbo afecta a tres grupos con consecuencias distintas. Para los trabajadores, según la abogada de Cuatrecasas, el riesgo principal es tomar decisiones pensionales con información incompleta o con reglas aún no plenamente exigibles, lo que afecta la elección de la administradora, eventuales traslados, proyecciones de pensión y expectativas frente al régimen de transición. Para las entidades del sistema, el riesgo es principalmente operativo, regulatorio y reputacional. Para los empleadores, el impacto se concentra en nómina, PILA, comunicaciones internas y parametrización de sistemas.
La recomendación de Gandini para las empresas es concreta: actuar con las reglas anteriores, aplicar únicamente lo exceptuado por la Corte y mantener cualquier implementación de la reforma como un plan contingente, documentando decisiones y evitando mensajes definitivos sobre plazos suspendidos.
En contraste, el vocero de Pérez-Llorca advierte que la incertidumbre normativa también estaría generando un impacto menos visible entre los trabajadores, quienes habrían desarrollado expectativas legítimas sobre la posibilidad de incorporarse a un sistema pensional distinto al actual y hoy enfrentan un escenario de frustración e indefinición.
Por su parte, el especialista de Brick Abogados menciona que este limbo regulatorio expone a las empresas a una doble carga, ya que las obliga a prepararse simultáneamente para distintos escenarios mientras aún no existe claridad sobre cómo deberán gestionar aportes, reportes de nómina, adecuaciones de sistemas, obligaciones informativas, beneficios extralegales y la comunicación interna con sus trabajadores.
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La herencia más pesada: el sistema de salud sin reforma
La Comisión Séptima del Senado archivó el proyecto a finales de 2025, y el gobierno anunció una nueva radicación para el 20 de julio de 2026: una fecha que ya no le pertenece a Petro, sino al siguiente gobierno.
El sistema de salud llega al cambio de mando en estado crítico. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, 15 de las 28 EPS registran patrimonio negativo. La deuda acumulada del sistema ronda los 50 billones de pesos. El gasto de bolsillo de los hogares colombianos en salud aumentó 10,5 billones entre 2022 y 2025. Y el gobierno, ante la imposibilidad de reformar por ley, ordenó la liquidación de las EPS en quiebra, una medida cuya viabilidad jurídica es discutida y que, de ejecutarse, afectaría la cobertura de más de 32 millones de afiliados. Quien llegue a la Casa de Nariño el 7 de agosto heredará este sistema sin reforma y sin EPS funcionales: es la herencia más pesada y menos debatida de la campaña.
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La agenda que no puede esperar
Los tres especialistas consultados por LexLatin coinciden en que el debate centrado únicamente en profundizar o revertir las reformas impulsadas por Gustavo Petro deja de lado el verdadero problema estructural que enfrenta Colombia, cuya agenda prioritaria, sostienen, pasa por otros desafíos de fondo.
Para Montealegre, la reforma pensional es la que enfrenta menos espacio para seguir postergándose, aunque considera que el desafío trasciende los aspectos técnicos y pasa por construir un sistema que convierta la pensión en una posibilidad real para los trabajadores colombianos, acorde con la expectativa de vida y los costos de una vejez digna. También advierte sobre la necesidad de impulsar una regulación que fomente la formalidad laboral en las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de sostener gran parte del tejido empresarial del país, de modo que puedan asegurar a sus trabajadores no solo una pensión, sino el acceso integral al sistema de seguridad social.
"En mi opinión, la reforma que el próximo gobierno tiene menos margen para postergar no es una medida aislada, sino una agenda laboral y previsional orientada a aumentar el empleo formal. Colombia necesita que sus normas laborales se adapten mejor a la realidad productiva del país: empresas con necesidades de contratación por ciclos, temporadas, jornadas parciales o picos de demanda, y trabajadores que hoy quedan por fuera de la protección social, porque la regulación formal resulta demasiado rígida o costosa frente a ciertas actividades", señala la socia de Cuatrecasas.
Para Gandini, la prioridad debe ser crear instrumentos jurídicos que permitan contratar formalmente trabajos de corta duración, tiempo parcial, estacionales o intermitentes, sin sacrificar las garantías laborales básicas. En el sector rural, la urgencia es especialmente crítica: si el marco laboral no reconoce la estacionalidad agrícola, la baja escala productiva y la dispersión territorial, el resultado seguirá siendo informalidad, bajos ingresos y menor acceso a educación, salud y seguridad social para el campesinado colombiano.
"Colombia no puede quedarse atrapada en una discusión binaria entre profundizar o desmontar las reformas del Gobierno Petro. El verdadero desafío es más amplio: cómo construir un mercado laboral que combine protección, formalidad, productividad y sostenibilidad empresarial. En materia laboral, el próximo Gobierno tendrá que corregir una tensión central. La Ley 2466 de 2025 fortalece derechos y eleva estándares de protección, pero no resuelve suficientemente cómo se crea empleo formal, especialmente para jóvenes, mujeres, trabajadores informales, población vulnerable y microempresas. Si la formalidad se vuelve cada vez más costosa y compleja, el riesgo es que el sistema proteja mejor a quienes ya están adentro, pero mantenga por fuera a millones de trabajadores", añade Alfaro Castillo, de Brick, reformula la pregunta central que el próximo gobierno tendría que responder:
El abogado de Brick identifica cinco frentes que el próximo gobierno tendría que abordar de manera simultánea: incentivos reales a la contratación formal para jóvenes, mujeres, mayores de cincuenta años y población vulnerable; un régimen diferenciado para micro y pequeñas empresas; reducción de costos no salariales para el primer empleo; flexibilidad laboral moderna con reglas claras para trabajo remoto y economía digital; y formación para el trabajo como soporte de la productividad.
En materia pensional, los tres especialistas insisten en lo mismo: el país no puede aplazar una definición. Lo peor para trabajadores, empleadores e inversionistas, concluye Alfaro Castillo, es un sistema pensional estructuralmente incierto.
Más allá de quién gane la presidencia el 31 de mayo, el próximo gobierno recibirá un país donde las principales discusiones sobre trabajo, pensiones y salud ya no giran únicamente en torno a aprobar o desmontar reformas, sino a resolver un problema más profundo: cómo sostener un sistema de protección social viable en una economía marcada por la informalidad, la precarización laboral y la incertidumbre regulatoria. La elección definirá el rumbo político de Colombia, pero también pondrá a prueba la capacidad del próximo presidente para transformar reformas inconclusas en reglas estables que devuelvan previsibilidad a trabajadores, empresas e inversionistas.
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