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Juan Guaidó, en su reelección de presidente de la AN

La reelección de Guaidó abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana

Consultado por LexLatin, Pedro Ignacio Sosa, de la firma Araquereyna, comenta que todas las acciones legislativas han sido llevadas a cabo por órganos que no tienen competencia y carecen de legitimidad
por Ana Karen de la Torre
publicado el06/01/2020
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La crisis de legitimidad se ha intensificado en Venezuela tras la doble elección del presidente a la Asamblea Nacional (AN): en el Palacio Legislativo fue electo Luis Parra, expulsado de su partido político Primero Justicia (PJ) y acusado de corrupción, y en una sede alterna, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, proclamado por los diputados legítimos a la AN, quien buscaba su reelección.

La Asamblea Nacional es el Poder Legislativo venezolano, un órgano unicameral que este 5 de enero estuvo custodiado por fuerzas policiales que formaron un bloque para impedirle el paso a Juan Guaidó y a casi una centena de diputados que simpatizan con su causa. Guaidó y los parlamentarios de oposición al mandato de Nicolás Maduro intentaron fallidamente penetrar al Palacio Federal Legislativo para hacer válido su voto en la elección del presidente, al no lograrlo, a puerta cerrada y con uso de la fuerza pública, los diputados oficialistas, con 81 votos a favor, eligieron a Luis Parra; un hecho condenado por la comunidad internacional al no respetar la democracia. 

Los diputados que no pudieron ingresar a la AN, sumando a los miembros del legislativo que están en el exilio, celebraron una sesión en una sede alterna, en la que, con 100 votos a su favor, se reeligió a Juan Guaidó, como presidente del Parlamento.  

Hoy se habla de dos ejecutivos, dos Tribunales Supremos y ahora dos presidentes electos de la Asamblea Nacional, aunque hay otra Asamblea creada por iniciativa de Nicolás Maduro, ya que la elegida popularmente fue declarada en desacato por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto, Pedro Ignacio Sosa, socio de la firma venezolana ARAQUEREYNA, especialista en derecho administrativo, regulatorio, económico, arbitraje y medios alternos de solución de conflictos, explicó para LexLatin que para poder pensar en asuntos legislativos siquiera, “el retorno al Estado de Derecho es lo fundamental”.

Sosa comentó que desde 2015, el órgano legislativo no ha podido cumplir con sus funciones por la crisis política: “todas las acciones legislativas y gubernamentales a las que hemos hecho referencia han sido llevadas a cabo por órganos que, desde el punto de vista Constitucional, no tienen esa competencia y cuya legitimidad está seriamente cuestionada. Un retorno al Estado de Derecho traería consigo la seguridad jurídica y la necesaria confianza en las instituciones para que el resto de las causas de la crisis por la que atraviesa el país puedan encontrar soluciones”. 

Para comprender el contexto legislativo en Venezuela durante el 2019, ¿qué debemos saber? ¿Podemos referirnos a reformas importantes?

Pedro Ignacio Sosa
Pedro Ignacio Sosa

Al igual que en años pasados, las modificaciones legislativas así como todas las actividades gubernamentales se han visto afectadas y caracterizadas por la crisis económica, política y social por la que atraviesa el país. Una pregunta que ha sido recurrente durante el año es: ¿qué órgano es el competente para dictar legislación en Venezuela? Para algunos observadores externos, Venezuela es un país con dos presidentes, dos cuerpos legislativos y dos tribunales supremos. Por supuesto, las preguntas de legitimidad y poder fáctico siempre se hacen presentes en esas discusiones. Otro elemento que ha caracterizado la actividad reguladora en el país son las sanciones que ha impuesto el Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. 

  1. Posible modificación del Código de Procedimiento Civil:

En el mes de octubre se publicó una sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la que se pretende modificar el Código de Procedimiento Civil. La modificación busca unificar los distintos procedimientos civiles en uno solo que haga énfasis en la oralidad y la celeridad. Uno de los tantos problemas con la propuesta es que se busca modificar un código de casi 1000 artículos con un poco más de dos páginas de una sentencia que decide un caso no relacionado. 

Aunque la búsqueda de celeridad a través de la oralidad del proceso civil podría considerarse un fin loable, cuando se hace de la forma apresurada y no estructurada que se hizo, trae consecuencias negativas como incoherencias procedimentales y potenciales violaciones al derecho a la defensa, además de la garantía de debido proceso que debe tutelar los intereses de las partes en un juicio. 

La Sentencia hace referencia expresa a que las modificaciones no entrarán en vigencia hasta que la Sala Constitucional del mismo Tribunal las apruebe. En este sentido, es importantísimo dejar claro que ni la Sala de Casación Civil ni la Sala Constitucional tienen la competencia para llevar a cabo esta modificación, ni ningún tipo de actividad legislativa.

Tomando en cuenta que las modificaciones fueron hechas de manera apresurada y sin llevar a cabo un procedimiento legislativo sensato, por supuesto que las modificaciones propuestas requieren de muchísimas regulaciones que expliquen cómo podría funcionar el nuevo procedimiento en la práctica. Este tipo de regulaciones, entre otras, tendrían que referirse a la promoción y evacuación de pruebas y a la forma de las notificaciones electrónicas que se contemplan. 

  1. Nuevo Impuesto a los Grandes Patrimonios:

Por primera vez en Venezuela, en noviembre de 2019, se tuvo que pagar el impuesto a los grandes patrimonios. Este fue un impuesto creado por la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad es debatida. 

El impuesto pecha con una alícuota del 0.25 % los patrimonios de personas y compañías que se consideren contribuyentes especiales, es decir grandes contribuyentes, sobre los patrimonios que excedan un valor aproximado de 300.000 dólares. El impuesto grava todo tipo de propiedad o activos y limita considerablemente las deducciones que se pueden hacer. 

Este tipo de impuestos son comunes en otras jurisdicciones, en Venezuela, particularmente, las empresas están sometidas a una tasa efectiva de tributación de casi el 50 % de sus ingresos. Este tributo fue visto como excesivo y perjudicial para las actividades económicas al colocarlo en contexto de la profunda crisis económica y social por la que atraviesa el país: más de un año de hiperinflación y el sexto año continuo de contracción económica.

  1. Regulaciones económicas:

Para tratar de hacerle frente a la hiperinflación y a la veloz devaluación que afecta la moneda nacional, el Estado venezolano durante el 2019 tomó una serie de acciones que han tenido resultados mixtos: el Banco Central de Venezuela aumentó considerablemente el encaje que deben mantener los bancos venezolanos, lo que tuvo un impacto moderado en la situación hiperinflacionaria al reducir la masa monetaria disponible. Por supuesto, esto tuvo como contrapartida una reducción considerable en la disponibilidad de créditos. 

Otra acción del Estado, aunque no ha sido legislativa ni publicada de manera oficial, fue la desrregulación práctica de las limitaciones que se habían impuesto al comercio en Venezuela. Esta desrregularización ha tenido como resultado la reducción considerable del grave desabastecimiento que había afectado al país en años anteriores, pero los productos que se comercializan casi en su totalidad son ofrecidos en moneda extranjera, lo que los hace inalcanzables para la mayoría de la población. 

Esa dolarización en la práctica pareciera ser también política estatal, aunque de nuevo, de manera oficial no se haga referencia a ello (más allá de declaraciones televisadas del presidente). La línea oficial del Gobierno venezolano sigue siendo del uso de los “criptoactivos”, tratando de impulsar el uso de la criptomoneda oficial, el “Petro”. Este impulso llega hasta el punto de obligar a las personas y empresas a llevar su contabilidad en estas monedas. Este tipo de medidas las ha implementado el Gobierno por el importante efecto que han tenido las sanciones de los Estados Unidos en el giro comercial del país, así como en las relaciones del Estado con los particulares y el extranjero. 

¿Cuáles deberían ser las reformas de 2020 en Venezuela?

La realidad es que el Gobierno ha sido impredecible en términos legislativos y nunca actúa lógicamente. La inmensa mayoría del país, algo reflejado por todas las encuestas, quisiera una solución y un cambio urgente en las políticas económicas socialistas que han generado, según algunos, la crisis humanitaria más importante de la humanidad en un país que no está en guerra. Sin embargo, pensamos que lo más probable es que las reformas vayan en la dirección de continuar con la desrregulación de la economía y un intento por frenar la hiperinflación y la recesión. De nuevo en este punto se hace importante mencionar que, cualquiera de estas medidas se podrá ver afectada por la crisis política e institucional por la que atraviesa el país. Está claro que sin separación de poderes y un Estado de Derecho robusto, no se lograrán las inversiones que Venezuela necesita. 

¿Considera que existe un retraso en ciertas prácticas comparando su país con el resto de la región?

Sin duda. La recesión a la que hemos hecho referencia, así como la desaparición casi total de los sectores industrial y comercial del país, han traído como consecuencia que las firmas de abogados desde hace mucho tiempo no lidien con grandes asuntos mercantiles o corporativos. 

¿Qué desafíos traerá consigo el 2020?

Aunque por supuesto quisiéramos se produzca un cambio en las políticas económicas, junto con una negociación política que devuelva la institucionalidad al país y con ello la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, es difícil que se logre de forma temprana en el año. Nuestra firma deberá adaptarse para trabajar en una economía disminuida de una manera dramática, pero seguirá comprometida con el país, con sus clientes y con sus trabajadores.

¿Qué retos enfrentó su firma durante el 2019?

La crisis económica afecta directamente a los prestadores de servicios profesionales porque el mercado se ve disminuido proporcionalmente a la reducción de la actividad económica. En los últimos seis años, el tamaño de la economía en Venezuela se ha reducido en casi un 70 %. Esa limitación de la actividad económica por supuesto afectó también a nuestra firma, pero hemos logrado mantener las operaciones haciéndolas más eficientes, para así continuar con la prestación de nuestros servicios de calidad. 

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