Recuperación judicial en Brasil: las pymes ganan protagonismo en la reestructuración empresarial

Las pymes brasileñas también han recurrido a la recuperación judicial para reorganizar sus pasivos y evitar la quiebra. /Foto: ChatGPT.
Las pymes brasileñas también han recurrido a la recuperación judicial para reorganizar sus pasivos y evitar la quiebra. /Foto: ChatGPT.
Aunque cada vez más pequeñas y medianas empresas recurren a este proceso, sigue siendo un mecanismo costoso y muchas veces tardío. De acuerdo con abogados especializados, el éxito del proceso depende menos del sector y más de la capacidad de actuar antes de que la crisis sea irreversible.
Fecha de publicación: 07/10/2026

La recuperación judicial en Brasil ha dejado de ser una herramienta casi exclusiva de las grandes empresas. Las altas tasas de interés, el endeudamiento postpandémico, una mayor restricción del crédito y el aumento de los costos operativos han presionado particularmente a compañías pequeñas y medianas (pymes), con menor capacidad de generación de efectivo y menor acceso a fuentes alternativas de financiamiento, a buscar la recuperación judicial para reorganizar sus pasivos y evitar la quiebra. 

“Unos pocos meses de desajuste entre ingresos y obligaciones pueden ser suficientes para comprometer la continuidad de una pyme”, advierte Thayana Tenório Macanhan, abogada de Araúz Advogados.

Desde 2023, las solicitudes de microempresas en reorganización judicial han crecido aproximadamente un 133 % y las de pequeñas empresas un 69 %, según datos de la consultora RGF.

La atención de este tipo de casos, especialmente cuando se trata de sociedades económicamente viables que enfrentan una estructura de deuda incompatible con su generación de efectivo actual, ha sido favorecida por la maduración del sistema de reorganización brasileño. Incluso, una mayor difusión de la herramienta ha contribuido a reducir parte del estigma asociado al proceso, visto casi como un signo de incompetencia o absoluta ineficiencia por parte del empresario.

Además, el aumento del volumen de reorganizaciones judiciales que involucran a pymes ha provocado cambios en la prestación de los servicios legales en un ámbito como el de la insolvencia, que siempre se ha considerado un nicho de mercado, con firmas altamente especializadas y equipos dedicados.

 


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Endeudamiento heredado de la pandemia

Para Fábio Percegoni de Andrade, socio de BVZ Advogados, la expansión de las recuperaciones judiciales responde a una combinación de factores económicos y regulatorios.

"Quienes financian capital de trabajo a tasas superiores al 25 % anual no están pagando deudas, están refinanciándolas".

A ello se suma el endeudamiento acumulado tras la pandemia del Covid 19, que llevó a muchos pequeños negocios a sobrevivir recurriendo a préstamos de emergencia, deuda que hoy están amortizando con márgenes reducidos y una demanda ralentizada.

Priscila Ziada Camargo Fernandes, socia de Ernesto Borges Advogados, hace referencia a un cambio importante en la estructura de financiamiento de las pymes:

“Las estructuras de financiamiento y garantía privadas se han vuelto más sofisticadas y estas empresas han obtenido acceso a mercados e instrumentos que, históricamente, estaban mucho más asociados a las grandes empresas, como el propio mercado de capitales”.


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Cambio legal: reorganización judicial en Brasil

El auge de procesos de reorganización judicial en Brasil ha dejado en evidencia no solo un cambio en el perfil de quienes enfrentan dificultades financieras.

La abogada de Araúz comenta que también ha cambiado la percepción de que la reorganización judicial puede ser un instrumento para la reestructuración empresarial y no necesariamente la etapa inmediatamente anterior a la quiebra.

La evolución de la Ley 11.101/2005 (ley de quiebras) y de la jurisprudencia, así como la reforma de esa norma, a través de la Ley 14.112 de 2020, han simplificado el procedimiento y creado alternativas de negociación. 

“Los pequeños empresarios descubrieron que la reorganización judicial existe y que también está disponible para ellos”, dice el socio de BVZ Advogados. 

Aunque no es el único instrumento, ni la solución adecuada para todas las situaciones, en un escenario de crisis la reorganización judicial puede representar una vía eficaz para la recuperación de la actividad.

"Dependiendo del momento en que se encuentre la empresa, la estructura del negocio y, especialmente, la composición de su deuda, la reorganización puede permitir, al mismo tiempo, preservar las relaciones de la empresa con el mercado y sus acreedores", explica la experta de Ernesto Borges Advogados.


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La legislación brasileña prevé la posibilidad de adoptar un procedimiento simplificado para microempresas, pequeñas empresas y productores rurales, (clasificadas como empresas con ingresos anuales de hasta USD 68.961,48, equivalente a BRL 360.000 al 6 de octubre, y USD 919.705,18, es decir BRL 4,8 millones anuales.

Diogo Dias, socio de Motta Fernandes, advierte que, dado que los ingresos son el factor de elegibilidad, en la práctica existen empresas que pueden considerarse pequeñas, pero que no pueden acogerse al régimen especial.

La Ley 14.112 contempla un procedimiento simplificado, que implica la reestructuración de la deuda, afecta todos los créditos existentes a la fecha de la solicitud (excepto los derivados de transferencias oficiales, créditos fiscales y aquellos que no están sujetos a reorganización judicial ordinaria) y prevé el pago de la deuda en cuotas hasta en 36 meses, ajustadas según la tasa Selic, y la propuesta del deudor puede incluir una reducción de la deuda.

La primera cuota debe pagarse dentro de los 180 días siguientes a la presentación de la solicitud de reorganización y establece la necesidad de autorización judicial para que el deudor contrate empleados o aumente gastos.

El marco legal también establece un procedimiento especial, menos complejo, con normas más estandarizadas y que exime de la necesidad de celebrar una junta general de acreedores para deliberar sobre el plan. Esta alternativa permite el pago de los créditos cubiertos en hasta 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con la posibilidad de reducir el importe de las deudas. 

Se trata de un modelo opcional, pues la micro-empresa o la entidad de propiedad pública también pueden acogerse al régimen ordinario de reorganización judicial cuando necesiten mayor flexibilidad para negociar plazos, descuentos y otras condiciones con sus acreedores.

“Las limitaciones que contiene la ley terminan llevando a las pequeñas y medianas empresas a optar por el procedimiento ordinario, ya que permite una mayor flexibilidad en el diseño de la reestructuración de la deuda, con la posibilidad de obtener mayores descuentos (quitas) y extender el plazo de la deuda”, precisa Diogo Dias.


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Agronegocios encabeza la tendencia

En 2025, Serasa Experian registró un récord de solicitudes de recuperación judicial en la última década, cuando 2.466 empresas -la cifra más alta desde 2012- recurrieron a esta alternativa, mientras que la cantidad de procesos en curso ascendió a 977 (puede abarcar a varias empresas de un mismo grupo). Agronegocios y servicios representaron el 30 % de los casos de reorganizaciones judiciales, mientras que comercio el 22 % e industria el 18 %. 

La Ley N° 14.112/2020 consagró la posibilidad de que los productores rurales, distribuidores de insumos, empresas de transporte, comerciantes de granos y proveedores de maquinaria recurran a la reorganización judicial, lo que podría explicar el fenómeno que se observa en el sector respecto a estos procedimientos. 

"Este tipo de negocio atraviesa un ciclo turbulento, signado por cambios significativos en los costos de producción, presiones derivadas del escenario externo, incluidos conflictos internacionales, fluctuaciones en los precios de las materias primas y una tasa Selic de dos dígitos, que ejerce presión sobre los costos operativos y reduce los márgenes de los productores", especifica la socia de Ernesto Borges Advogados. 

Algo que queda claro es que el éxito de la recuperación judicial depende menos de la actividad económica y más de la anticipación. 

Para la abogada de Araúz, una empresa que conserva clientes, proveedores estratégicos y capacidad de producción y flujo de caja, pero necesita reorganizar su deuda, se encuentra en una situación muy diferente a la de una que inicia el proceso de recuperación tras haber perdido proveedores esenciales, no haber podido cobrar sus obligaciones y carecer de capital circulante para mantener su actividad.


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Pese al auge de solicitudes de reorganización judicial por parte de pymes, su efectividad sigue siendo numéricamente baja, lo que resulta en altas tasas de conversión a quiebra en comparación con las reorganizaciones de grandes grupos económicos, analizan los especialistas.

El socio de BVZ Advogados señala que aprobar el plan es relativamente fácil. De hecho, según datos del Observatorio de Insolvencia de la Asociación Brasileña de Jurimetría, cuando el plan llega a la asamblea, la tasa de aprobación supera el 90 %. Sin embargo, cumplirlo es difícil. 

Cifras de RGF indican que, de los procesos iniciados en 2023, aproximadamente el 65 % aún están en curso, el 26 % han finalizado el proceso de reestructuración y poco más del 3 % han terminado en quiebra, con una duración media de unos cuatro años.

Según Luis Roux, socio de Motta Fernandes Advogados, el principal obstáculo para llevar a buen término el proceso de reorganización judicial radica en el perfil de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas, masivamente concentrado en el sistema financiero bajo la modalidad de garantías fiduciarias, como la cesión fiduciaria de créditos y la enajenación fiduciaria.

"Si bien en algunos casos excepcionales la jurisprudencia verifica el abuso por parte de los acreedores financieros, levantando o limitando el bloqueo bancario, existe un notable cuello de botella de liquidez asociado a la dificultad para obtener nuevos créditos, lo que impacta significativamente las perspectivas de continuidad de la empresa. Esta situación se agrava por el acceso prácticamente inexistente al mercado de financiación DIP para las pequeñas empresas", destaca.

Dias agrega que, para las pymes con pasivos predominantemente no garantizados, la reorganización judicial puede ser una vía muy eficaz para permitir la recuperación de la empresa, especialmente en casos donde el modelo de negocio subyacente se mantiene sólido y la crisis se deriva de factores cíclicos, como la contracción del mercado, el aumento de los costos de los insumos o el incumplimiento de plazos, y no de la obsolescencia irreversible de la actividad empresarial.


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Proceso costoso

Aunque la legislación prevé mecanismos específicos para microempresas y pequeñas empresas, los costos siguen siendo una barrera importante a la hora de recurrir a la reorganización judicial.

Tanto a pymes como a grandes empresas la Ley 11.101/2005 exige dos años de actividad regular, documentación contable y lista completa de acreedores, entre otros. Para microempresas y pequeñas empresas establece exenciones específicas, como una contabilidad simplificada y un límite máximo del 2 % (en lugar del 5 %) para la remuneración del administrador judicial, límite que el Tribunal Superior de Justicia ya ha confirmado en una sentencia sobre la materia.

No obstante, honorarios legales, asesoría contable, elaboración de proyecciones financieras, supervisión judicial y otras exigencias del procedimiento pueden representar una carga significativa para compañías con recursos limitados.

Ellen Leão, socia fundadora de LA – Leão Advocacia, asegura que persisten desafíos relacionados con las obligaciones tributarias, que, en muchos casos, se convierten en un obstáculo mayor que la propia negociación con acreedores privados.

“La quiebra no cubre las deudas tributarias, ni los créditos con garantías fiduciarias, los arrendamientos financieros ni los adelantos en divisas, y es precisamente ahí donde se concentra una buena parte de la deuda bancaria de las pymes. A veces, la empresa reestructura solo una parte de sus pasivos y sigue asfixiada por el resto”, refuerza Percegoni de Andrade.

El abogado menciona la existencia de una limitación aún mayor: la reorganización judicial resuelve problemas de pasivos, no problemas del modelo de negocio, por lo que, si la operación genera pérdidas antes de intereses, el proceso solo pospone la quiebra.


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Desde la perspectiva de los acreedores, a los especialistas también les preocupa el aumento de procesos con información financiera limitada o documentación insuficiente, lo que dificulta evaluar la viabilidad real de los planes de recuperación.

Respecto a los productores rurales, Camargo Fernandes aclara que no siempre la reorganización judicial es el camino a seguir. No obstante, cuando se recurre a esta alternativa hay que evaluar variables como la composición de la deuda, la porción de obligaciones efectivamente sujetas a reorganización y el momento en que la empresa decide actuar. 

“En algunas reorganizaciones judiciales de productores rurales, observamos que la solicitud se presenta muy tarde, cuando las relaciones con los acreedores y el mercado ya están extremadamente tensas y, a menudo, las medidas para la recuperación o ejecución de garantías se encuentran en fases avanzadas. Esto, naturalmente, reduce considerablemente el margen para una reestructuración eficaz”.

Al menos en lo que se refiere al agronegocio, la jurisprudencia aún está en construcción, por lo que hay cuestiones que todavía no están completamente resueltas y ello genera un grado adicional de inseguridad jurídica. 

“Se trata de un proceso natural de maduración, pero que también coexiste, en algunos casos, obviamente no en la mayoría, con usos erróneos o incluso abusivos de la institución”, apunta Priscila Ziada Camargo Fernandes.


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¿Herramienta preventiva o último recurso?

¿Brasil está entrando en una etapa en la que la recuperación judicial sea utilizada de forma preventiva y estratégica? Las opiniones de los abogados consultados divergen.

"Hay una transformación en marcha. La reorganización judicial no debe subestimarse, pues es un procedimiento complejo con consecuencias significativas, pero tampoco debe considerarse como último recurso, pues cuando se utiliza en el momento oportuno y dentro de una estrategia de reestructuración coherente, puede evitar precisamente que una crisis financiera se convierta en una crisis empresarial irreversible", opina la abogada de Araúz.

Para el socio de BVZ, el cambio se está produciendo desde arriba. De hecho, este año se han dado reestructuraciones multimillonarias, aunque en algunos casos fueron extrajudiciales y no judiciales, como las de Raízen y GPA, negociadas antes de la crisis aguda, sin la presión de una reorganización judicial. 

Precisamente haciendo uso preventivo de la herramienta, cada vez más las empresas recurren a reestructuraciones extrajudiciales, justo antes de que la crisis alcance niveles críticos.

Al respecto, la socia fundadora de LA – Leão Advocacia comenta que la reorganización extrajudicial es más económica y rápida que la reorganización judicial, con procedimientos de conciliación y mediación y medidas cautelares que permiten suspender las ejecuciones hasta por 60 días para intentar llegar a acuerdos. 

En 2025, Serasa Experian registró 62 solicitudes de recuperación extrajudicial frente a 977 procesos de recuperación judicial, solo un 6 %, a cinco años después de la reforma que buscaba incentivar las salidas negociadas estas representan una fracción del total, de acuerdo con Ellen Leão.

“Una empresa que se prepara inicia el proceso con efectivo, antes de carecer de capital de trabajo para pagar a proveedores y nóminas. No creo que estemos frente a un cambio cultural respecto a las insolvencias en Brasil. De ser así, la vía preventiva crecería más rápido que la judicial entre las pequeñas empresas y eso no es lo que muestran las cifras”, manifiesta.

Con ella coincide la socia de Ernesto Borges Advogados, para quien, pese a que ha habido una evolución, aún es necesario madurar para llegar al punto de utilizar la reestructuración de manera efectiva como herramienta preventiva y no, como suele ocurrir hoy en día, como una herramienta tardía.

En ello es clave la transparencia, contar con cifras claras, saber qué áreas o segmentos del negocio son realmente eficientes, comprender dónde radican los problemas y permitir que los acreedores accedan a información que les permita construir, junto con el deudor, una solución a la crisis.


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Cambios en la práctica de insolvencias

"El aumento del volumen de reorganizaciones judiciales que involucran a pequeñas y medianas empresas también se refleja en la prestación de los servicios legales, donde ha habido una transformación del modelo de servicio, el tamaño y la estructura de los despachos, los precios y el perfil profesional de los abogados, especialmente frente a los casos de menor envergadura", señala Diogo Dias.

Percegoni de Andrade menciona una función hasta pedagógica con los propietarios de pequeñas empresas, que, a menudo, desconocen los procesos de reestructuración y donde el trabajo consiste en gestionar las expectativas, explicarles que la reorganización judicial no es un incumplimiento autorizado, sino que tiene costos, limita las operaciones de la empresa y la expone a riesgos.

Pero, independientemente del abordaje y de quienes participan en grandes o pequeñas reorganizaciones, el papel del abogado de insolvencia se ha vuelto mucho más preventivo y multidisciplinar. 

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