El tema energético ha sido clave en el discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Como candidato, dejó claro que los contratos petroleros, asignados a empresas privadas en el marco de las reformas estructurales, estarían en el ojo del huracán en caso de ganar las elecciones. En su primer discurso como presidente electo lo ratificó: "Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción e ilegalidades", declaró la noche del primero de julio frente a periodistas en un popular hotel de la Ciudad de México. 

 

También dijo que, en caso de encontrar "anomalías que afecten los intereses nacionales" en dichos convenios, su equipo acudirá a las instituciones del Estado.

 

"No actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación, ni expropiaciones".

 

Ante este panorama, en el ambiente del sector energético mexicano se respira cierta cautela e incertidumbre. Por una parte, la idea de que los contratos sean sometidos a revisión es bien vista, pues promover la transparencia a través de una mayor fiscalización fortalecerá la competitividad del sector. Pero por la otra, también se vive un ambiente de preocupación ante los cambios que podrían venir, así como la forma de implementarlos.

 

A pesar de que el ambiente está cargado de expectativas, hasta el momento no se han detenido proyectos que ya estaban encaminados, ni tampoco se perciben señales de inversionistas que, desde ya, hayan abandonado el barco.

Señales poco alentadoras

 

Aunque para Claus Von Wobeser, socio fundador del despacho Von Wobeser y Sierra, es difícil saber qué pasará en el sector, las señales del momento no son muy alentadoras:

 

"La suspensión de las subastas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el nombramiento del nuevo director general de Pemex (sin experiencia en el sector) y la insistencia en construir una nueva refinería cuando las actuales están subutilizadas, así como la idea de cambiar la sede de Pemex a Campeche, son medidas muy desafortunadas que hacen temer por el futuro del sector".

 

Uno de los cambios que podrían sentirse en el sector, en opinión de Jorge Oria y Anaya, socio del despacho Ritch Mueller, es una reducción en la velocidad de las licitaciones petroleras. "Creo que existe la posibilidad de que el ritmo de las licitaciones se reduzca. De parte de la administración saliente había un gran incentivo por demostrar que la reforma energética rendiría frutos, pues fue un proyecto que ellos mismos impulsaron. Pero no creo que AMLO tenga el mismo incentivo", comenta Oria y Anaya.

Pero si los contratos petroleros muestran resultados exitosos, entonces podríamos ver un escenario distinto: ese "éxito" podría llamar la atención de la administración entrante, como una vía para mostrar resultados tempranos de su propia gestión.

 

Por su parte, Arturo de la Peña, abogado del despacho Gloria Ponce de León y Hernández, comenta que podrían venir cambios en el formato en que se realiza el procedimiento para otorgar las licitaciones a capitales privados. "En particular, es muy difícil cancelar algún contrato ya otorgado, lo que sí puede cambiar es el formato o la manera de otorgar los siguientes contratos. Pero de forma unilateral rescindir los contratos otorgados sería algo que los inversionistas verían como falta de seguridad jurídica en nuestro país, así como una falla en el estado derecho, lo que afectaría el comercio a gran escala en México".

 

El especialista de Von Wobeser agrega que es posible que el nuevo gobierno utilice su tremendo capital político para impulsar proyectos que a menudo enfrentan la resistencia de la población, como la apertura de nuevos campos a la exploración y explotación petroleras e infraestructura de transmisión, por mencionar algunos. "El gobierno de AMLO tiene la oportunidad de lidiar con el sindicato petrolero y obtener concesiones importantes que permitan mejorar la situación fiscal y financiera de Pemex, como el régimen de pensiones, por ejemplo". 

 

Lucha contra la corrupción: una medida bien vista

 

Emprender una lucha contra la corrupción en el sector energético, como ha dicho AMLO desde que era candidato, es una iniciativa aplaudida por muchos, pues una mayor transparencia debería mejorar la confianza y la competitividad en el sector. Buscar esas "anomalías" en los contratos ya asignados, aunque sería una ardua y larga tarea, es una medida bien vista en esta industria.

 

Para Oria y Anaya la revisión de contratos no debe ser considerada como "algo malo" para el sector; por el contrario, debe ser visto como algo positivo. "Y si, efectivamente, se encuentran contratos que se adjudicaron de forma irregular, habrá que sancionar", indica.

 

Von Wobeser asegura que si estas revisiones se hacen de forma correcta y con apego a la ley, serán muy favorables. "Creo que serán bienvenidas por el sector", dice.

 

"Hay un lado positivo en el cambio de gobierno y la alternancia, pues es claro que hay mucha corrupción en el sector, especialmente en lo que respecta a Pemex. AMLO ha sido enfático en poner la lucha anticorrupción al frente de su agenda de gobierno. Eliminar, o al menos reducir, la corrupción en Pemex sería bienvenido por toda la industria y una bocanada de aire fresco".

 

Arturo de la Peña coincide en que "quitar de tajo" la corrupción en el sector energético es "un buen augurio" que fortalecería las finanzas de la empresa y del país. "Uno de los lemas de AMLO en su campaña fue quitar de tajo la corrupción en todas las áreas de gobierno, y obviamente el sector energético no sería la excepción, ya que uno de los mayores problemas de Pemex es la corrupción, tanto en sus trabajadores de confianza, como en el sindicato". 

 

Brian Minutti, socio de Chávez Vargas Abogados S.C., explica que las empresas no tienen miedo de que se investigue la corrupción. "Por el contrario, lo pedimos a gritos: que se pelee contra la corrupción, siempre bajo los fundamentos de la Constitución y del marco legal, respetando el estado de derecho y las normas. Entre más transparencia, más competitividad habrá", indica. Además asegura que esto se alinearía con la expectativa que tienen los ciudadanos. "No creo que haya un mexicano que no esté de acuerdo en que haya consecuencias para los que hayan manejado estos contratos de manera incorrecta", indica. 

 

Posible rescisión de contratos

 

Los abogados consultados aseguran que es posible revisar y rescindir los contratos asignados hasta el momento, sin embargo, apuntan a que se trata de una tarea complicada que requiere tiempo y dinero.

En México una revisión de este estilo nunca antes se había dado, así que la primera que se haga, marcará un precedente. Minutti recuerda que se trata de 170 nuevos proyectos sólo en el sector de hidrocarburos, de los cuales tres están en etapa de preinversión, 56 en licitación y 110 en fase de ejecución. "Pensando en que esto es un procedimiento jurisdiccional, no será de la noche a la mañana", dice. "Estamos hablando de que tiene que darse un juicio, y que en menos de un año no podría concluir".

 

En sintonía con esto, Oria y Anaya considera que revisar estos contratos no es un ejercicio menor, que dependerá de la "voluntad política" de los que estén a cargo. "Supongamos que se da el banderazo de salida a una revisión el primero de diciembre. Dudo mucho que podamos obtener resultados antes de que finalice el segundo trimestre de 2019", dice.

 

Para Von Wobeser, revisar los contratos es perfectamente posible a través de auditorías. En caso de que haya indicios de fraude, podrían iniciarse investigaciones de tipo penal por parte de la Procuraduría General de la República. "Normalmente estos procesos toman de 6 a 12 meses, y derivado de ellos, pueden imponerse sanciones administrativas a los funcionarios públicos involucrados, las empresas que hayan incurrido en prácticas indebidas y rescindirse o anularse los contratos definitivos". Minutti agrega que las sanciones, en caso de encontrar irregularidades en los contratos, son múltiples y pueden ir desde una multa, pasando por cárcel para los socios hasta la suspensión automática de las actividades de la empresa.

 

Oria y Anaya considera que es probable que el nuevo presidente, a medida que pase el tiempo, tome conciencia de que es complicado dar marcha atrás a esos contratos, para lo cual necesitará que se den ciertas condiciones, como la mayoría en el Congreso de la Unión. "Creo que ha moderado mucho el discurso", dice Oria y Anaya. "Durante su campaña llegó a decir que iba a cancelar la reforma energética y se dio cuenta de que eso es algo que no necesariamente se puede hacer de la noche a la mañana", dice.

 

Arturo de la Peña menciona que en el artículo 20 de la ley de Hidrocarburos están previstos los siguientes aspectos como causales de una rescisión de contrato:

• Que por más de 180 días naturales de forma continua el contratista no inicie o suspenda las actividades previstas en el plan de Exploración o de desarrollo para la Extracción en el área contractual, sin causa justificada
• Que se presente un accidente grave causado por dolo o culpa del contratista, que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción
• Que el contratista por más de una ocasión remita de forma dolosa o injustificada, información o reportes falsos o incompletos, o los oculte a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público o de Economía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o a la Agencia, respecto de la producción, costos o cualquier otro aspecto relevante del contrato
• Que el contratista incumpla una resolución definitiva de órganos jurisdiccionales federales, que constituya cosa juzgada, entre otras.

 

De la Peña agrega que existen otras causales dentro de cada contrato y que el contratista tiene un tiempo estipulado para su defensa. "El procedimiento para las causales de rescisión administrativa o alguna controversia en derivados de los contratos pudiera tardar dos a cuatro años aproximadamente".

 

Nuevas refinerías y reconfiguración de las existentes

 

Otros temas están en la agenda energética de AMLO, como la construcción de dos nuevas refinerías (una en Campeche y otra en Tabasco, que producirían 300.000 barriles de combustibles diarios), proyectos que requerirían una inversión de 6.000 millones de dólares. 

 

Oria y Anaya cree que la construcción de una refinería es un proceso que podría tardar no menos de seis años, tomando en cuenta todo lo que está relacionado con el proyecto, desde la gestión de permisos ambientales hasta la selección de los terrenos adecuados. En cambio, remodelar las refinerías existentes tomaría entre dos y tres años.

 

Con respecto a la construcción de las dos nuevas refinerías, dos preguntas se hace Minutti:

 

¿De dónde van a sacar el dinero? De Pemex, no. La segunda duda es si realmente las refinerías son la apuesta de México hacia el futuro, tomando en cuenta que cada vez hay más coches híbridos, proyectos de energías limpias y sustentables. ¿Queremos sentarnos hoy a construir una refinería que va a estar lista en cinco años? ¿Es la inversión correcta dados los cambios globales?".

 

Aún es muy pronto

 

Las medidas que vendrán, y el discurso en materia energética de AMLO mantienen en vilo, aunque no paralizado, al sector. "No hemos visto que nadie se vaya. Todos siguen caminando con prudencia y los ojos abiertos a ver qué pasa", indica Minutti. Por su parte, Oria y Anaya percibe un ambiente similar. "Los veo cautelosos en general, pero trabajando. Dando pasos hacia adelante, pero sí pensándolos mejor, cosa que no me parece una idea equivocada. Hay muchos inversionistas involucrados con intereses y puntos de vista distintos. Pero la verdad es que no he visto señales radicales como ´vámonos de aquí". De la Peña comenta que aunque al inicio los empresarios y AMLO tuvieron "desencuentros", hoy en día han mantenido reuniones y canales de comunicación abiertos que permitirán hablar sobre las políticas en favor de esta industria en México.