La disputa legal entre Perú y Odebrecht no se acaba. Ahora la constructora demanda 1.200 millones de dólares al Gobierno por indemnización de la cancelación del proyecto Gasoducto Sur. El órgano responsable en revisar la demanda es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Sobre el contexto del caso y los puntos clave para comprenderlo, este medio buscó a Rafael Chanjan, investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), cuya línea principal de trabajo es la lucha contra la corrupción, quien opinó que "aquí existe contradicción y mala fe. Por un lado, solicita se inicie un procedimiento contra Perú y paralelamente está reconociendo su responsabilidad por hechos de corrupción y, por tanto, comprometiéndose a pagar una reparación civil; es decir, como es lógico, aparejado por el reconocimiento de responsabilidad penal”. Es importante mencionar que LexLatin contactó a los despachos que representan tanto a Perú como a la constructora ante el CIADI, Arnold & Porter (Estados Unidos y Reino Unido) y Clifford Chance - Estados Unidos, respectivamente, pero ninguno de los dos agregó comentarios a lo ya expresado en medios locales.
Estos son los cinco puntos más relevantes de la nueva disputa:
1. Gasoducto Sur Peruano, la obra en discordia
El pasado 21 de enero, Odebrecht Latinvest presentó la solicitud de inicio de procedimiento ante el CIADI contra Perú por la cancelación de la obra Gasoducto Sur, un proyecto para transportar gas en el sur del país. Para el momento de su cancelación (2017), la constructora asegura que había un avance de 33 % de la ejecución de la obra y una inversión de más de 2.000 millones de dólares.
A modo de preámbulo, durante el periodo presidencial de Ollanta Humala (2012), el Gobierno anunció la licitación internacional para la realización del megaproyecto del gasoducto, mismo que tendría un presupuesto de 7.8 mil millones de dólares. La constructora Odebrecht, en consorcio con la española Enagás y la peruana Graña y Montero, ganaron la buena pro de la obra.
Además de Odebrecht, Enagás y Graña y Montero presentaron solicitud para iniciar el procedimiento ante el CIADI. Graña y Montero, al llegar a un acuerdo de colaboración eficaz por el caso ‘Club de la Construcción’ con la Fiscalía, desistió de su acción.
2. Acuerdo de colaboración eficaz
Desde que estalló el escándalo internacional de los sobornos de la constructora, el Ministerio Público peruano conformó al equipo especial de investigación, mismo que suscribió un convenio de colaboración eficaz con la empresa brasileña.
Por este convenio, Odebrecht se ha declarado culpable en seis casos y se ha logrado procesar a distintos actores políticos y expresidentes como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
3. Corrupción para la adjudicación de la obra
A mediados de 2019, luego de investigaciones periodísticas que revelaron el pago de al menos tres millones de dólares registrados por el “departamento de sobornos” de la constructora, además de declaraciones ante la Fiscalía por colaboradores eficaces y el trabajo del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, Odebrecht aceptó, desmintiéndose, que había ofrecido pagos para la adjudicación del Gasoducto Sur.
Esta aceptación está firmada ante el equipo especial. Sobre este punto, Chanjan comentó que “aquello que se gestó de un acto ilícito no puede generar derechos y tampoco beneficios económicos porque el proceso estuvo viciado desde el inicio”.
4. La constructora condicionó al Estado para retirar la demanda
Mediante un comunicado, la constructora Odebrecht se dijo dispuesta a suspender el proceso arbitral, pero como condición el proyecto del Gasoducto Sur Peruano debía reiniciarse por otro inversionista privado sin costos para el Estado.
En ese mismo comunicado, Odebrecht explica que con la solicitud ante el CIADI está buscando resarcir su capital invertido como derecho de sus acreedores, más no está buscando hacer ganancias indebidas.
5. Postura del Estado
Por su parte, el Gobierno ha declarado que tiene todas las herramientas para ganar esta disputa. Además, para mantener los acuerdos de colaboración eficaz, la Fiscalía ha enviado una misiva a la empresa brasileña para comunicarle que de no desistir de la solicitud ante el CIADI reactivará el fideicomiso, como se estableció en el convenio de colaboración eficaz, para que la compañía no pueda realizar transferencias al exterior o vender activos sin autorización del Ministerio de Justicia. La Procuraduría podría usar las pruebas que tiene en su poder contra Odebrecht en todos los procesos arbitrales que plantee contra el Estado y se incluirá en la investigación a la constructora y todos los exejecutivos que delinquieron para ganar la buena pro del Gasoducto Sur.
Rafael Chanjan refirió que este caso tendrá que concluir “a partir de la confirmación de la posición que tenga Odebrecht, que como se ha comunicado se ratifica en que hubo pagos ilícitos y asume culpabilidad por corrupción en el caso. Lo que se esperaría es que se desista de esa demanda y luego, cuando se fije la reparación civil y la forma de pago, se llegue a una negociación como ha ocurrido con los otros proyectos. Es lo que se espera en aras de asegurar la buena fe que tiene que existir en este tipo de casos”.
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