01/06/2026
El representante de la extrema derecha apoyado por Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas celebrada este 21 de junio, con lo cual representa el regreso de la derecha tras cuatro años del primer mandato izquierdista en el país suramericano.
De la Espriella, un abogado y empresario de ideas ultraderechistas recién llegado a la política, se impuso con una votación histórica de unos 13 millones de sufragios a favor, pero con un ajustado margen de apenas 1% sobre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, en un proceso que marcó un nuevo hito de participación, con más de 63 % del padrón electoral y cuyos resultados no dejan chance a la duda sobre la alta polarización de la sociedad colombiana.
Los resultados son cruciales para definir el rumbo de una nación aquejada por el recrudecimiento de una violencia doméstica que se creía superada tras casi ocho décadas de conflicto armado, aspecto que, según analistas, ha contribuido en la desaceleración de la economía.
En efecto, el próximo gobierno asumirá el control de un país con crecimiento ralentizado, una inflación muy por encima de la meta gubernamental y un limitado margen de maniobra fiscal, aspecto este último que hace más necesario el concurso de la inversión privada como motor que impulse la economía.
“El principal objetivo en el corto plazo debe ser el regreso de Colombia a una senda de crecimiento que se alimente por un incremento saludable en la actividad económica, recuperando su grado de inversión y alcanzando la sostenibilidad fiscal”, señala Manuel Quinche, socio director de la oficina del despacho español Cuatrecasas en Bogotá, cuyas palabras contextualizan la realidad actual del país.
Más polaridad
Políticamente polarizada desde épocas coloniales, algunos analistas estiman que nunca como ahora la sociedad colombiana ha estado tan dividida a la hora de acudir a unos comicios, pues las últimas encuestas prácticamente dividen en dos partes iguales el porcentaje de electores que apoyan el continuismo de la gestión izquierdista y quienes se apuntan por el retorno de un gobierno de derecha.
Al respecto, Juan Felipe Roldán, socio de la firma bogotana Gamboa, García, Roldán & Co. Abogados, señala que esta incertidumbre política se ve magnificada por la agenda de la administración actual, que ha priorizado la confrontación institucional y las declaraciones incendiarias sobre la estabilidad y respeto por las instituciones del Estado.
Algunos analistas añaden una creciente frustración en buena parte de la población, insatisfecha por los magros logros del primer gobierno izquierdista de Colombia, en particular en materia de seguridad social, freno a la inflación y atención a los sectores más necesitados. A ello se suma el auge de la violencia en muchas áreas del interior de la república.
El país heredado
Si bien Colombia exhibe cifras macroeconómicas positivas, los analistas coinciden en advertir sobre la desaceleración del ritmo de crecimiento observado hasta la primera década de este siglo, agravada por una profundización del déficit fiscal y del endeudamiento público.
“La inflación anual está en 5,6 %, muy por encima de la meta del 3 %. El PIB creció sólo 2,2 % en el primer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del gobierno (2,6 %). Sectores como construcción (-5,4 %) y agro (-1,4 %) muestran contracciones significativas. El dinamismo de la economía depende en exceso del gasto público y el consumo de los hogares, lo que no garantiza sostenibilidad”, apunta Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia.
Motivo de preocupación es el incremento del déficit fiscal, tomando en cuenta su incidencia en el costo del financiamiento tanto para el gobierno como para el sector privado, lo cual ha devenido en la reciente rebaja del grado de inversión dado a Colombia por algunas de las principales calificadoras de riesgo.
Rondando el 6,4 % del PIB, el déficit fiscal mantiene su curva ascendente y mientras la recaudación tributaria oscila alrededor de los 302 billones de pesos, el gasto público se ha disparado por encima de los 420 billones de pesos, haciendo necesario acudir al endeudamiento.
Tras calificar el déficit como el primero de los problemas enfrentados por la nación, José Daniel Porras, socio de la firma antioqueña Suma Legal, añade otros indicadores a la ecuación:
- Alta carga impositiva que, lejos de incentivar la formalización y la inversión productiva, castiga desproporcionadamente a la pequeña y mediana empresa
- Inseguridad jurídica derivada de la proliferación de reformas —laboral, pensional, tributaria—, cuyos efectos están aún por verse.
- Baja inversión privada, que se mantiene en niveles mínimos de dos décadas, limitando la capacidad de generar empleo y la diversificación productiva.
“El bajo recaudo tributario, el elevado déficit fiscal y el alto nivel de endeudamiento frente al PIB representan retos muy importantes para el próximo gobierno, en especial porque limitan la posibilidad de destinar una mayor proporción del presupuesto a inversión y gasto social. Sin duda, este será uno de los temas más relevantes para la próxima administración”, acota Jairo Higuita, socio del despacho Esguerra JHR.
Coincidiendo con la opinión de Porras sobre la erosión de la seguridad jurídica, Juan Felipe Roldán añade que la seguridad pública ha dejado de ser simplemente una debilidad institucional y se ha convertido en una restricción operativa concreta, limitando la operatividad de importantes proyectos de infraestructura, energía y agroindustria en varias zonas del interior del país.
Ley 2540 de 2025: Qué es el arbitraje ejecutivo y por qué transforma al sistema judicial de Colombia
Reformas necesarias
Ante el debilitamiento de las bases económicas, no son pocas ni ligeras las medidas que, a juicio de los analistas, deberá emprender el próximo gobierno, entre ellas la truncada reforma del sistema de salud, la transformación del régimen pensional y, sobre todo, concretar la completa reforma tributaria que el gobierno de Petro no puedo lograr.
“Es prácticamente seguro que habrá nuevas reformas tributarias en el próximo cuatrienio, gane quien gane. La diferencia estará en el contenido y la filosofía”, afirma Juan Felipe Roldán.
A su juicio, un gobierno de continuidad probablemente insistirá en aumentos sobre patrimonio, dividendos, sector extractivo y ampliación de bases, mientras que si la oposición gana la segunda vuelta tendería a acompañar la reforma tributaria con una agenda de reducción del gasto en diferentes sectores.
El verdadero debate, en otras palabras, no será si hay reforma tributaria, sino qué tan fuerte y cómo se implementará respecto al gasto y la institucionalidad económica.
Convencido de que recuperar la confianza de los inversores y del sector privado es prioridad, Manuel Quinche aboga por una reforma tributaria para eliminar las “cargas fiscales insostenibles para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas”.
Esta opinión es compartida por José Daniel Porras, para quien una reducción decidida de la carga impositiva a las pymes beneficiará a más del 90 % del tejido empresarial colombiano.
Jairo Higuita concuerda con ello y agrega que esta reforma no debería enfocarse únicamente en aumentar el recaudo, sino también en revisar la estructura misma del sistema tributario y brindar mayores garantías de estabilidad y seguridad jurídica, tanto en materia de renta como de patrimonio.
“Será importante evaluar beneficios, exclusiones y exenciones tributarias que hoy existen, para determinar cuáles realmente están generando resultados positivos y cuáles deberían revisarse”, dice.
Juan Felipe Roldán secunda que la reforma tributaria será, sin duda, una de las primeras acciones de un gobierno de oposición, dado la “preocupante falta de disponibilidad de recursos públicos” dejada por el actual gobierno.
Guerra en Irán: ¿Puede América Latina sacar ventaja de la actual coyuntura bélica?
Déficit en alza
La escasez frente a la gran demanda de fondos para atender compromisos contraídos ha sido una constante en la administración saliente de Colombia. De hecho, ante la falta de recursos, en 2025 el gobierno emitió 92,7 billones de pesos en títulos de corto plazo, un alza del 368 % frente a las emisiones de 2024. Por ello los especialistas consultados estiman prioritario un cambio en materia fiscal.
Para Mauricio Piñeros, independientemente de su tendencia, el nuevo gobierno deberá aplicar una “política fiscal responsable que reduzca el gasto público”. Con ello se buscaría el equilibrio de las cuentas estatales y cumplir con la Regla Fiscal, la ley que limita el gasto y el endeudamiento del Gobierno a 55 % del PIB, suspendida en los últimos tres años ante la imposibilidad de cumplirla. Una reducción del gasto ayudaría a hacer más potable la aprobación de las reformas necesarias por parte del Congreso.
“Para lograr cumplir la Regla Fiscal el nuevo gobierno deberá alivianar la estructura estatal y racionalizar el gasto público recurrente, reestructurar el perfil de la deuda pública, y apalancar las inversiones sociales en un esquema articulado con la cooperación internacional y del sector productivo”, apunta José Daniel Porras.
Jairo Higuita agrega la necesidad de poner el ojo en la evasión, responsable de un impacto muy negativo sobre las finanzas públicas, por lo cual es preciso fortalecer los mecanismos de control para mejorar el recaudo “de manera más eficiente y sostenible”.
América Latina: ¿Hacia dónde se están moviendo las inversiones en la región?
Promesa incumplida
Paralelamente a las reformas tributaria y fiscal, el vocero de Cuatrecasas estima necesaria una agenda clara de regulación “para destrabar proyectos de inversión y desarrollo social, especialmente en sectores que no fueron una prioridad para el gobierno actual”, lo cual pasa por reformar los sistemas de pensiones y de la salud, dos áreas prioritarias a juicio de todos los entrevistados.
“Es preciso una reforma a la salud que restablezca el funcionamiento del sistema, que era bueno, pero que este gobierno deterioró”, señala Mauricio Piñeros.
Al respecto y en el supuesto de una continuidad de la izquierda, Roldán ve inminente una profundización de la reforma pensional propuesta por Gustavo Petro y aprobada en 2024, pero suspendida por la Corte Constitucional en 2025 por ‘vicios de procedimiento’ y devuelta al Congreso para subsanar la falla.
Higuita concuerda con esta tesis, pues a su entender existen aspectos que deberán volver a debatirse, especialmente frente a los ajustes y observaciones surgidos del seno de la Corte Constitucional y el Congreso. También estima pertinente una transformación estructural del sistema de salud, debate que será inevitable para el próximo ocupante de la Casa de Nariño.
A tomar en cuenta
Al margen de su tinte político, un nuevo gobierno siempre traerá adjunto la sensación de cambios regulatorios que podría alterar el panorama de los negocios. No obstante, el pasado reciente ha demostrado que, al menos en Colombia, un nuevo presidente no necesariamente significa transformaciones profundas en la economía y el desenvolvimiento empresarial.
Para Manuel Quinche, aun con los cambios introducidos recientemente, el equilibrio de poderes y la independencia institucional ha sido la constante en el país.
“Esto deja a los inversionistas el mensaje de que Colombia sigue siendo un país con seguridad jurídica y atractivo para inversiones que tienen el potencial de transformar a la sociedad”, dice.
Otro tanto apunta Juan Felipe Roldán, para quien Colombia sigue siendo, en términos estructurales, una economía con fundamentos atractivos, razón por la cual el cambio determinado por el resultado electoral sólo atañe al “ritmo, la cautela y el blindaje con que ese capital debe ingresar”.
Al margen de estas consideraciones, los especialistas recomiendan a empresarios e inversores tener claras algunas previsiones, entre las cuales destacan:
- Analizar los riesgos regulatorios que el próximo gobierno pueda generar, en particular en el tema tributario.
- Anticipar posibles impactos al modelo de negocio, carga fiscal y estructuras de inversión, determinantes para mantener la rentabilidad y la estabilidad operacional.
- Revisar los tiempos de inversión. Podría convenir acelerar decisiones antes de un cambio en las reglas de juego, pero también podría ser prudente diferir otras hasta tanto se defina la hoja de ruta del nuevo gobierno.
- En caso de un triunfo opositor, prepararse para una ventana de inversión agresiva, en atención a la mejora del riesgo político, tasas de interés tendentes a la normalización, restablecimiento de la confianza inversionista y un entorno regulatorio menos hostil.
- En caso de continuidad de la actual línea política, echar mano de la resiliencia, traducido en un mayor control del costo operativo y de la mano de obra, así como esquemas corporativos y fiscales eficientes.
- Contar con una estructura jurídica sólida para mitigar riesgos, proteger las inversiones y responder de manera eficiente ante eventuales contingencias regulatorias, contractuales o judiciales.
- Acompañar la entrada de inversión externa con un marco de protección adecuado, entre ellos acuerdos de accionistas robustos, due diligence profundo y una estructura contractual que anticipe los riesgos propios de un entorno en transición.
- Entender el comportamiento del mercado, las perspectivas de crecimiento y las condiciones regulatorias de cada industria y sector, a fin de tomar decisiones estratégicas acertadas y construir operaciones sostenibles en el largo plazo.
Add new comment