10/07/2026
Durante más de un siglo, Panamá construyó su identidad económica alrededor de un canal interoceánico y de una red de puertos, zonas francas y servicios logísticos. Ahora busca consolidarse también como un centro regional de arbitraje comercial y de inversión.
El desarrollo de este mercado, no obstante, es reciente. El arbitraje moderno se reguló por primera vez en 1999 mediante el Decreto Ley No. 5, pero fue la Ley 131 de 2013 la que adaptó el marco normativo a los estándares internacionales. Desde entonces, cada vez más empresas, inversionistas extranjeros y Estados recurren a tribunales arbitrales panameños para resolver controversias que antes terminaban en sistemas judiciales congestionados o en sedes extranjeras. Los datos expuestos en la segunda edición del Panama's Arbitration & ADR Week, realizada en marzo de 2026, confirman esa tendencia.
En este encuentro, José Javier Rivera, vicepresidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), reveló ante 60 especialistas internacionales y más de 200 participantes de todo el mundo un balance del periodo comprendido entre abril de 2025 y febrero de 2026, con una valor acumulado de controversias de más de 175 millones de dólares.
El 61 % de esos procedimientos correspondió a disputas nacionales y el 39 % a casos internacionales, con partes provenientes de Barbados, España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Guatemala, Honduras, Corea del Sur, Israel, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Mientras que los sectores con mayor actividad fueron bienes raíces (32 %), construcción (23 %), sociedades comerciales (9 %), acuerdos de inversión (9 %) y fundaciones de interés privado (7 %).
"En materia de arbitraje, mantenemos un seguimiento estadístico directo de los casos administrados por el CeCAP, lo que nos permite medir y mejorar nuestra actuación, además de servir como referente para la región", remarcó Rivera.
El vicepresidente del CeCAP agregó que con la aprobación del nuevo Código Procesal Civil, el centro reforzó la promoción de la conciliación y la mediación empresarial como vías de solución temprana de conflictos antes de llegar al arbitraje.
El motor detrás del boom arbitral
Mayte Sánchez, socia de Morgan & Morgan y especialista en litigios y resolución de conflictos, explica que los proyectos de infraestructura, energía y desarrollo inmobiliario concentran buena parte de la actividad, junto con una creciente sofisticación de los actores económicos que ya entienden el arbitraje como una herramienta de gestión de riesgo, no solo como un mecanismo de última instancia.
A ello se suma un fenómeno panameño: el uso intensivo de vehículos jurídicos como sociedades, fundaciones de interés privado y fideicomisos en estructuras de inversión y financiamiento internacional. Estas figuras, utilizadas por inversionistas extranjeros para estructurar activos, generan relaciones contractuales complejas que, cuando entran en disputa, requieren foros especializados capaces de manejar elementos transfronterizos.
Esta descripción coincide con los datos que ha publicado el propio CeCAP. Bienes raíces y construcción acaparan la mayor parte de las controversias administradas en el último periodo, una tendencia que, lejos de alarmar a la firma, se interpreta como una señal positiva.
"No resulta sorprendente que exista una concentración en construcción y bienes raíces. Son sectores donde los contratos suelen ser altamente técnicos, de largo plazo y con múltiples partes involucradas, lo que incrementa la probabilidad de disputas. Más que una señal de conflictividad, esa concentración refleja la madurez del mercado. Las partes están recurriendo al arbitraje no solo para resolver disputas, sino como una herramienta estratégica de gestión de riesgo contractual. Es un indicio de confianza en el sistema, no de debilidad", opina.
La ventaja comparativa frente al resto de la región
Si el volumen de casos refleja el presente, el marco legal ayuda a entender por qué Panamá le está ganando terreno a otras jurisdicciones centroamericanas.
Menalco Solís, asociado Morgan & Morgan con amplia experiencia en arbitraje comercial internacional y casos de inversión, describe que el país cuenta con un entramado normativo particularmente atractivo para el arbitraje internacional, que parte de su reconocimiento constitucional como una jurisdicción autónoma e independiente.
A esto se añade la Ley 131 de 2013, alineada con los estándares de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que facilita la interacción con partes y abogados extranjeros y que reconoce principios como la autonomía de la voluntad, la separabilidad del convenio arbitral y la doctrina conocida como Kompetenz-Kompetenz.
Entre los elementos que más valoran los inversionistas extranjeros, según Solís, se encuentran los siguientes:
- La limitación de los recursos contra el laudo, donde el recurso de anulación es la única vía de impugnación posible y sus causales son taxativas.
- El reforzamiento jurisprudencial reciente, con fallos de la Corte Suprema de Justicia que han consolidado la separabilidad del convenio arbitral y la autonomía de los tribunales arbitrales.
- El alto porcentaje de reconocimiento judicial de la validez de los laudos arbitrales, que reduce el margen de interferencia posterior.
"En el caso de Panamá, destacan positivamente la alineación del marco arbitral con estándares internacionales, ser una jurisdicción proarbitraje y la eficiencia en el reconocimiento y ejecución de laudos. Adicionalmente, factores prácticos como la conectividad, el uso del dólar y la infraestructura también influyen en la decisión. Pero el posicionamiento internacional de una sede también depende de la confianza que genere en la práctica. El fortalecimiento institucional sigue siendo un elemento central para consolidar la confianza de los usuarios internacionales", menciona.
El perfil de las disputas más complejas
En Panamá, una de las características recurrentes de los conflictos más complejos es la participación del Estado, particularmente en proyectos de infraestructura y construcción, casi siempre en contratos de alto valor, ejecución prolongada y carga técnica significativa.
Según Sánchez, el propio Estado ha venido adoptando modelos contractuales internacionales en estos proyectos, lo que introduce dinámicas propias del arbitraje internacional, incluso en disputas de naturaleza local.
En el sector energético, añade, la línea entre lo contractual y lo regulatorio se vuelve delgada. En estos casos, el Estado no siempre comparece como parte en sentido estricto, pero su rol regulador termina incidiendo de forma determinante en la controversia, generando disputas híbridas que combinan elementos de derecho privado y administrativo. Eso exige tribunales capaces de manejar esa intersección con criterio técnico y sensibilidad institucional.
“Además, estamos observando una mayor sofisticación en las reclamaciones, con análisis cuantitativos avanzados, uso intensivo de peritos y una creciente incorporación de herramientas tecnológicas para la gestión de evidencia y audiencias. Esto exige equipos legales multidisciplinarios y una coordinación muy cuidadosa”, resalta.
En ese fortalecimiento institucional también ha jugado un papel relevante el propio CeCAP, puntualiza Sánchez. El centro ha avanzado en la consolidación de reglas claras y procedimientos eficientes, con un énfasis particular en la internacionalización del arbitraje, lo que incluye una mayor participación de árbitros extranjeros y una interacción más estrecha con usuarios y firmas de otros países.
La capacitación permanente de árbitros, secretarios y usuarios, explica, ha sido un elemento decisivo para elevar el estándar general del servicio.
"El fortalecimiento técnico del ecosistema arbitral no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que también resulta determinante para atraer casos con componentes internacionales", enfatiza la abogada.
Mediación, megaproyectos y el rol del Estado que viene
Pese al avance del arbitraje, existe un mecanismo que todavía no termina de despegar en Panamá: la mediación. Solís reconoce que, en comparación con otros mercados, sí se observa una apertura progresiva hacia mecanismos alternativos, especialmente en disputas comerciales donde las partes buscan preservar relaciones de largo plazo. Sin embargo, admite que en controversias de alto valor o de gran complejidad técnica, el arbitraje formal sigue siendo, por mucho, el mecanismo predominante en el país.
La clave, afirma el asociado de Morgan & Morgan, está en lo que viene. El especialista prevé un aumento de las disputas asociadas a megaproyectos, en línea con el impulso que el Gobierno busca dar a la inversión en infraestructura y desarrollo. La complejidad técnica de estas iniciativas y la diversidad de actores involucrados hacen que los conflictos sean más frecuentes y encuentren en el arbitraje un mecanismo natural de resolución.
"Será particularmente relevante observar cómo evoluciona el rol del Estado, no solo como parte contractual en estos proyectos, sino también en la prevención de riesgos y en la gestión estratégica de sus disputas, especialmente a nivel internacional. La forma en que el Estado articule sus decisiones contractuales, regulatorias y de defensa tendrá un impacto directo en la sofisticación y el volumen de los casos que se vean en los próximos años", agrega.
Esa proyección cobra sentido a la luz de lo que ya está ocurriendo. Con disputas activas que suman miles de millones de dólares en reclamos, un laudo reciente que refuerza la imagen de un sistema judicial predecible y un centro de arbitraje cada vez más conectado con la práctica internacional, Panamá enfrenta un momento bisagra.
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