Los estragos de la pandemia no solo han tenido un impacto a corto plazo, sino que han desafiado algunos de los planes más estructurados del futuro. En Chile, los tres retiros sobre las pensiones para los trabajadores desmoronaron la estructura más antigua de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Latinoamérica, el modelo que nació en los 80 y se exportó a diversos países de la región: se espera que la generación más joven tenga que ahorrar cerca de 40 años para acceder a un monto de retiro.
El presidente Piñera firmó la iniciativa de Ley Corta al Sistema de Pensiones este lunes. Pretende aumentar el pilar solidario que aporta el Gobierno (18 dólares más y un 80 % de cobertura a la población vulnerable) y evitar un cuarto retiro de los fondos de pensiones de los chilenos. La discusión de la iniciativa de reforma a la ley corta inició bajo la dirección de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, la tarde de este martes (21).
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— Fundación Ciudadanos en Acción (@FCEA_Chile) September 21, 2021
En este escenario el diagnóstico de Guillermo Larraín, ex superintendente de Pensiones, cargo que ocupó entre 2003 y 2006, es que fue un “error” aprobar los retiros. Y ese error, además, fue presentado como una respuesta a la pandemia.
Al inicio de la pandemia, el gobierno chileno usó su modelo focalizado para la transferencia de recursos a las personas más pobres al mismo tiempo que realizó algunos movimientos —como la renovación de créditos, préstamos para capital de trabajo— para que las empresas se mantuvieran saludables. Sin embargo, la clase media chilena, amplia y frágil, en opinión de Larraín, se quedó en el limbo.
En un recuento, el especialista comenta que, al observar que la clase media no tenía ahorros para financiar la crisis salvo los ahorros de los fondos de pensiones, quienes querían terminar con el sistema de fondos "aprovecharon la situación y permitieron los tres retiros. Entonces el Gobierno se dio cuenta de su error, pero llegó tarde para universalizar la oferta del gasto público”, explica Larraín en entrevista exclusiva para LexLatin.
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Hasta abril de este año se registraron 11,1 millones de afiliados al sistema de pensiones, según registros de la Asociación de AFP (AAFP), dirigida por Alejandra Cox. Luego de los tres retiros realizados, 20 % de ellos -cerca de 2,1 millones de personas- no tienen saldo en sus cuentas de ahorros individuales, es decir, estas quedaron completamente vacías.
El impacto, de acuerdo con los registros de AAFP, fue mayor para las mujeres: casi el 62 % es población femenina (1,3 millones de ahorristas) y el resto, 38 %, son hombres (793.000).
Si se autoriza un cuarto retiro el impacto podría pronunciarse aún más para las mujeres y los jóvenes, advierte la AAFP. Esta medida dejaría al 40 % de los afiliados con sus cuentas vacías.
El cuarto retiro, señalado como urgente en la Comisión de Trabajo y Seguridad que debatirán 13 diputados, tendrá lugar en breve. Una batalla de tiempo para la Ley Corta de Pensiones de Piñera. El presidente declaró hace unos días que su objetivo es bloquear el cuarto retiro.
“Un cuarto retiro es muy absurdo porque en los hechos muy pocas personas van a poder beneficiarse: la gente más pobre sacó todo después del tercer retiro, ya sacó lo que tenía. Quienes pueden sacar son personas de la tercera edad o de la clase media-alta”, apunta Larraín.
La pregunta, de acuerdo con diversos actores políticos, no es si se debe reformar el sistema de pensiones, sino cómo y hacia dónde deben apuntar estos cambios.
La reforma vista desde la Constituyente
El reclamo por la reforma al sistema de pensiones se ha hecho más presente, no solo por los retiros y las cuentas vacías de los trabajadores chilenos, sino que -como la mayoría de las leyes vigentes en el país- se estructuró bajo la sombra de la dictadura de Augusto Pinochet.
La ley que dio cuerpo al sistema de pensiones actual fue decretada en 1980 y forma parte de las prioridades de análisis para los constituyentes. Y, aunque los cambios tendrán que ir hacia la Ley 3500, los integrantes del Constituyente buscan verter algunos lineamientos generales en la redacción de la nueva Carta Magna, especialmente para diluir los vestigios de la dictadura.
Guillermo Larraín explica que el Constituyente solo debe fijar parámetros genéricos y no que toda la estructura del sistema de pensiones esté en la Constitución, por su complejidad.
“Ojalá lo que diga la Constitución sea sobre los principios que regirán a leyes, la mayor parte de los participantes del Constituyente está en esa línea y eso quiere decir que el ánimo de reforma es un ánimo que va a tener que ser contagiado al Parlamento siguiente”, señala Larraín.
Según una encuesta realizada por Pauta, medio digital chileno, de los 155 integrantes del Constituyente, 46 se han pronunciado por eliminar las AFP argumentando que solo las empresas aprovechan el financiamiento proveniente del ahorro de los trabajadores.
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“Si el privado tiene fines de lucro va a terminar dañando el sistema. El sistema está dañado actualmente por el lucro. Que sea el Estado (el encargado de gestionar las pensiones)”, señala Carlos Calvo, constituyente independiente de la Lista de Apruebo en el ejercicio de Pauta.
En contra, 37 integrantes señalan que el sistema de pensiones debe tener la presencia de privados o que la ley sea más flexible para que los chilenos puedan decidir sobre uno u otro sistema de gestión.
Para Larraín recrear el sistema previsional es una tarea que debe realizarse pronto: se debe evitar que los jóvenes, particularmente las mujeres o la población en pobreza, tengan más problemas para obtener una pensión al final de su vida laboral.
De cara a las elecciones de noviembre y con la pandemia, la negociación y los cambios en la ley, incluidas las directrices generales en la Constitución, ocurrirán en un ambiente de poca certidumbre.
“Eso le da una dosis de poca certeza sobre hacia dónde va a ir esa reforma”, concluye Larraín.
Más sobre el sistema AFP y la Pensión Básica Universal
En el sistema de pensiones chileno, la administración de los ahorros la realizan empresas privadas. Es decir, instituciones bancarias o financieras a diferencia de otros países como España, Alemania o incluso Argentina, en donde el Estado ha tomado esa responsabilidad.
La estructura de las pensiones chilenas tiene un componente tripartito: un pilar solidario, que es la contribución del gobierno a través de la transmisión de recursos provenientes del cobro de impuestos, este se deposita en las cuentas de los ciudadanos que no pudieron ahorrar lo suficiente para acceder a una pensión, según la AAFP. El segundo pilar es el contributivo o el que tiene que ver con las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y que permiten financiar ingresos para la vejez. El tercer pilar tiene que ver con el ahorro individual, es decir, en la voluntad (o posibilidad) del empleado para ahorrar para su retiro.
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Todo ello, a su vez, tiene tres fuentes de ingresos: trabajadores, empresas y gobierno, que forman esa mesa de tres pies que es el sistema de pensiones en Chile.
Para Larraín, el pilar voluntario puede complicar en el largo plazo una de las condiciones para que funcione un sistema de ahorro para el retiro: la viabilidad financiera en el futuro.
“El sistema de pensiones chileno tiene una dependencia excesiva del ahorro individual y lo que hay que hacer es complementar ese ahorro con otras fuentes que sean más flexibles. El ahorro individual es muy rígido, lo que entró a mi cuenta es mío y no hay nada que hacer”, apunta el exsuperintendente de Pensiones.
Larraín está convencido de que un pilar de ahorro colectivo y un seguro de longevidad para la cuarta edad son instrumentos universales que permiten dar transferencias internas a los trabajadores para que se estabilicen los saldos de los empleados que vaciaron sus cuentas y dejar de depender exclusivamente de los ahorros individuales.
La Asociación dirigida por Cox también se ha decantado por un sistema similar. A este le llaman Pensión Básica Universal (PBU) que, como su nombre lo indica, es una transferencia de recursos para todos los chilenos que cumplan una edad mínima de 65 años y que acrediten su residencia en el país.
Con este sistema universal de transferencias se ampliaría la cobertura del pilar solidario, ese que pone el gobierno, y crecería en un 50 % de aplicarse a partir del siguiente año.
La PBU incluye a las personas que hayan tenido ingresos formales, pero también a aquellas que se emplearon en la informalidad durante algún periodo o toda su vida. El financiamiento de estas pensiones, que al inició beneficiaría a 2,5 millones de chilenos, sería de 417 dólares por persona, es decir, costaría a los contribuyentes cerca de 1.042 millones de dólares anuales.
En opinión de Larraín, cargar demasiado las aportaciones a los impuestos puede significar un riesgo, pues para los siguientes años, sectores como el de salud necesitarán una mayor fuente de financiamiento gubernamental, pues la pandemia detuvo algunos tratamientos médicos que deberán ser atendidos en los siguientes años y, para los cuales, se necesitará ampliar la infraestructura hospitalaria.
“Las pensiones no son la prioridad para los siguientes años, entonces generar un esquema de financiamiento en los siguientes años a través de mecanismos de ahorro de seguros para la cuarta edad o de un sistema de ahorro colectivo son las salidas razonables”, detalla Larraín.
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