Pandemia, pobreza y populismo, una radiografía de México, Brasil y Perú

Brasil, México y Perú se encuentran en las primeras cinco posiciones por número de contagios de coronavirus en América Latina.
Brasil, México y Perú se encuentran en las primeras cinco posiciones por número de contagios de coronavirus en América Latina.
La apuesta por inyectar recursos en transferencias monetarias y la mejora en los sistemas de salud y educación no están dando resultados
Fecha de publicación: 20/08/2021

La crisis sanitaria evidenció no solo las carencias de las estructuras de salud de los países, sino también de los sistemas de educación y de los programas sociales. En México, Perú y Brasil las medidas tomadas no han frenado el alza en las cifras de la pobreza y tampoco se aprecia un refuerzo para las instituciones públicas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que, al cierre del año anterior, la pandemia sumó 22 millones de personas en las listas de la pobreza. La cifra global de la región latina es de 209 millones de personas en esa condición.

Brasil, México y Perú están en las primeras cinco posiciones por número de contagios de coronavirus en la región. Según información de Statista, en conjunto estos tres países acumulan el 61.4 % de los casos registrados de infección desde el inicio de la pandemia.

Los Gobiernos de México, Perú y Brasil han apostado por inyectar recursos en programas de asistencia social, transferencias monetarias y una serie de promesas sobre la mejora en los sistemas de salud y educación. Pero estas ‘banderas’ no solo no han tenido los resultados esperados, de acuerdo con los expertos consultados por LexLatin, sino que han agravado la situación de marginación de los ciudadanos.

México, ‘primero los pobres’

En el discurso oficial, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se define con el lema ‘Por el bien de todos, primero los pobres’. Paradójicamente, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población en esa condición ha aumentado en 3.8 millones de personas a tres años de su gobierno. Además, al revisar el coeficiente Gini, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la desigualdad no ha variado drásticamente: pasó de 0.426 en el primer año del actual Gobierno, a 0.415 en 2020.

Fátima Masse, quien es directora de sociedad incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expone sobre el contexto mexicano que las decisiones de política social en el país han fracasado, pues se han concentrado en la transferencia de recursos monetarios. 

 

Con el Gobierno actual se desmantelaron ciertos programas como Prospera, destinado a personas en situación de pobreza extrema. Este buscaba generar ingresos, bienestar económico, de alimentación y salud, así como la inclusión financiera, laboral y de educación, su alcance abarcaba entre el 15 y el 18 % de los hogares del grupo económico al que estaba destinado. En su lugar se creó Becas para el Bienestar Benito Juárez que, aunque tienen una cobertura de entre el 5  y el 6 % de la población, sus criterios de selección son amplios.

A decir de Fátima Masse, con la eliminación de candados que garantizaban el acceso a los recursos para personas que lo necesitaban, ahora quien sea -cumpliendo requisitos básicos como la edad- puede, por ejemplo, acceder a una compensación económica por tener 65 años.

También se cerró el programa de estancias infantiles que apoyaba a madres trabajadoras; a cambio se les giró dinero en efectivo para pagar las guarderías. Según evaluaciones del Coneval, al menos 93 programas federales eran exitosos, de esos, el Gobierno de Obrador decidió eliminar 12.

Señala Masse que es evidente un fracaso en términos de focalización. Si bien los recursos de programas sociales tienen un aumento del 13 %, en términos reales, durante los últimos tres años, hay una caída en las transferencias recibidas por las familias de menos recursos y un crecimiento del 15 % para los hogares de mayores recursos. “En ese sentido es en donde se nota que el diseño simplista no es efectivo para llegar a los grupos más vulnerables. Con el diseño universal de los programas, automáticamente se pierde el primero los pobres”, destaca.

A esta opinión se suma Adriana García, coordinadora de análisis económico de México ¿cómo vamos?, la universalidad de programas como el de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es “irresponsable” porque no se cuenta con una administración eficiente de los escasos recursos públicos.


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García destaca que para una familia en situación de pobreza la transferencia de recursos puede traducirse en la oportunidad de que algún miembro de un hogar acuda a la escuela o le sea posible mantener una alimentación y no caer en desnutrición. “Estos recursos significan, en algunos casos, la única forma de no caer en la pobreza. Entonces, que los recursos estén siendo aprovechados por mexicanos que no están en la primera línea de necesidad, complica el desarrollo de una política social”, expone.

Entre los riesgos está —advierten ambas expertas— que el número de mexicanos en pobreza aumente el siguiente año y el gobierno ya no tenga la ‘justificación’ de la pandemia. “Calificaría los programas de altamente regresivos y probablemente con un componente clientelar y sin ver por el desarrollo del país a largo y mediano plazo”, apunta García.

Brasil, la construcción de un presidenciable

De acuerdo con Rodrigo Prando, profesor de Ciencia Política por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, la administración de Jair Bolsonaro se ha concentrado en confrontar al Poder Judicial, al Legislativo, a la prensa y a los científicos en lugar de atender la pandemia, lo que ha dejado poco más de 600 mil muertos en Brasil. Según datos de CEPAL, durante la crisis sanitaria el país suramericano perdió 10 millones de empleos.

 

 

Mientras la crisis brasileña se agudiza —apunta el analista político— Bolsonaro ha subido de nivel en sus pugnas con el Supremo Tribunal Federal. Este ahora lo investiga por un supuesto fraude en el sistema de votos electrónico.

Primero, el Supremo exhibió un video de una reunión privada en donde Bolsonaro expresa su preocupación por seguir en el poder; con ello comenzó a poner en duda el papel del máximo tribunal de justicia y a cuestionar su imparcialidad en las elecciones del próximo año. Hace poco Bolsonaro acusó al tribunal de haber realizado un fraude en las elecciones del 2018 y sugirió que el organismo tiene la intención de perjudicar su intento de mantenerse en el poder.

Para Prando, la actitud del presidente apunta a colocar una serie de dudas en el sistema electoral de cara a las próximas elecciones. Y es que su principal oponente será Luiz Inácio Lula da Silva.

En este escenario los programas sociales, sobre todo ‘Bolsa Familia’, se han agotado. Millones de brasileños regresaron a condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con la Fundación Getulio Vargas. Casi el 13 % de la población, es decir, cerca de 27 millones de habitantes, vive con menos de 50 dólares al mes.

El trabajo de Bolsonaro en su imagen no le ha dado los resultados esperados. La última encuesta de Datafolha, un instituto de investigaciones, muestra que en julio la desaprobación del ejecutivo se ubicó en 51 %, la más alta en lo que va de su Gobierno. De acuerdo con Prando, la reprobación de la gestión de Bolsonaro está ligada al aumento de muertos por la pandemia y a los problemas económicos de Brasil.

“El presidente no presentó ninguna idea, ningún proyecto que permita retomar la economía y avanzar la vacunación, sino que fueron los gobernadores de los estados quienes impulsaron las medidas”, detalla el profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.


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Con un elevado nivel de deuda, producto de las transferencias monetarias del programa ‘Bolsa Familia’, que significó alrededor del 5 % del PIB brasileño durante el año pasado, el mandatario ha comenzado a voltear la página para mantener a toda costa el poder.

“El único objetivo de Bolsonaro es mantenerse el poder, es el único proyecto concreto que él tiene, por eso esta situación de confrontación con la sociedad para poner en duda la realización de las elecciones en 2022”, estima Prando.

Perú, la elección de la clase olvidada

Pedro Castillo, hoy presidente del Perú, fue el candidato más votado en primera y segunda vuelta. En la primera fue marcado en 2,7 millones de boletas y en la segunda alcanzó 8,8 millones de votos.

Su insignia es su sombrero serrano. Es el primer presidente con acento de provincia, de Cajamarca, y que ha sido profesor rural. 

Muchos analistas han explicado su triunfo con su identidad cultural y es que todas sus propuestas fueron destinadas a las personas en condiciones de pobreza y marginalidad, principalmente ubicadas en las provincias del país.

De acuerdo con Carlos Parodi, investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Castillo llegó al poder con propuestas de corte populistas: más oportunidades para los pobres, mayor gasto en educación y salud. 

El problema, de acuerdo con el experto, es que no cuenta con un respaldo económico viable. El presidente aún no cumple ni un mes en el Palacio de Gobierno, pero a partir de su toma de posesión la incertidumbre se estableció en el terreno político, económico y social del país andino.

Relatado por Parodi, lo primero que hizo Castillo fue asegurar que se nacionalizaría la industria minera, el principal motor económico del Perú, que aporta el 14 % del PIB y representa el 60 % del total de exportaciones. 

Las reacciones del mercado fueron tajantes, tanto así que el Ministro de Economía, Pedro Francke, un intelectual que asumió el cargo como compromiso de la alianza Juntos por Perú, de un partido político distinto al de Castillo, salió ante la opinión pública para decir que no se tocarían a las empresas privadas.

“Castillo ganó la elección con propuestas de corte populista extremo, ser de izquierda o derecha o centro no tiene nada de malo, pero el populismo ha demostrado en América Latina generar beneficios en el corto plazo y después destruir las economías”, precisó el investigador de la Universidad del Pacífico.

Prueba del incipiente populismo del nuevo Gobierno es el anuncio de la transferencia de 350 soles (unos 85 dólares al tipo de cambio actual) a poco más de 13 millones de peruanos, sin fortalecer ninguna de las estructuras sociales, ni emitir iniciativas de ley que atiendan las carencias de fondo.

Esta medida, de acuerdo con Parodi, pondrá en desbalance a la economía del Perú, ya que el año pasado hubo una caída del 11.2 % del PIB, el peor resultado en los últimos treinta años.

Según el análisis del catedrático, medidas como estas ponen no solo en entredicho la viabilidad económica del incipiente gobierno de Castillo, sino al gobierno mismo. Es de considerar la debilidad de convocatoria que tiene Presidencia, al ser una administración que deviene de una profunda crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

“Hay contradicciones dentro de los mismos miembros del gobierno: el ministro de Economía dice una cosa, el ‘dueño del partido’ en el poder, Cerrón, lo contradice; el presidente no dice nada, y el Primer Ministro habla poco o no sabe lo que dice”, estima Parodi.


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Vladimir Cerrón fundó, en 2012, el partido Perú Libre, el mismo que llevó a Castillo a la presidencia. La encrucijada, recordó Parodi, es que el propio Cerrón tenía la intención de participar en las pasadas elecciones, pero no pudo debido a una condena por actos de corrupción que cometió durante su gobierno en Junín.

Para el investigador de la Universidad del Pacífico la incertidumbre agravará las condiciones económicas del país, esto en el marco de una tercera ola de contagios en Perú. En su opinión, la vía adecuada para aminorar los efectos económicos de la crisis sanitaria es mandar la señal correcta de estabilidad a los mercados, designar a un presidente del Banco Central peruano (BCR) que mantenga la confianza e impulse la inversión privada, que en Perú llega al 80 %.

Con estos movimientos y distanciándose de Perú Libre, el partido que lo llevó al poder, Castillo podría comenzar a tener mayor aprobación de la población, de los inversionistas y de los mercados extranjeros.

“La solución en realidad es que Castillo tome la decisión de separarse de la izquierda radical de Cerrón y se convierta en un izquierdista moderado, eso pasa por cambiar al Primer Ministro y a otros seis de su gabinete que son muy cuestionados por corrupción y ciertos antecedentes: eso haría que la situación política se calme”, señaló Parodi. El 26 de agosto será la presentación del gabinete ante el Congreso, este podría vetarlo. 

La promesa más grande a corto plazo es la creación de un programa de empleo temporal. El Ministerio de Economía tiene confianza en la reducción del déficit, el control del dólar y de la inflación. 

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