¿Cómo impacta en el sistema financiero y la inversión la salida de Panamá de la lista gris de la Unión Europea?

Recientemente, Panamá salió de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea, a la que ingresó en 2020 ante las deficiencias estratégicas que presentaba su régimen de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El anuncio fue hecho el 9 de julio con la aprobación del Acto Delegado C (2025) 3815, con el que el Parlamento Europeo modificó el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que, el 14 de julio de 2016, dio origen a la lista de la UE tomando como referencia las del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"Esta decisión refleja la confianza de la comunidad internacional en las reformas implementadas y en la capacidad de Panamá para garantizar la transparencia y la cooperación efectiva", dijo el Ministerio de Economía y Finanzas.

Unas 30 naciones siguen siendo parte de la lista de terceros países que representan un alto riesgo para el sistema financiero de la Unión Europea en función de una metodología desarrollada en 2020. Cada cierto tiempo la lista se actualiza, salen unos países y entran otros, y el 5 de agosto de este año fueron incluidos a Angola, Argelia, Costa de Marfil, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. 

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Los pasos dados ante el rezago

En 2023, y después de cuatro años, el país del istmo también celebró su salida de otra lista, la del GAFI, cuyas recomendaciones también son consideradas por la Unión Europea, que es parte de esa organización.

Las recomendaciones y estándares internacionales del GAFI están dirigidos a promover que se haga buen uso del sistema financiero global, por lo que los países deben implementarlas como políticas y acciones ejecutables, explica Luis Chalhoub, socio de Icaza, González - Ruiz & Alemán. 

Periódicamente, el organismo, creado en 1989, realiza revisiones para determinar si los países están cumpliendo con esas recomendaciones y, para 2020, Panamá estaba “un poco rezagada”. 

Chalhoub agrega que, de las recomendaciones que hace la GAFI a los países, unas 40 en total, quizás la más destacadas eran, en el caso del país centroamericano, la actualización del marco legislativo, la identificación de los beneficiarios finales, la efectividad de las medidas para el congelamiento de activos y la cooperación internacional.

Calcula que a Panamá le tomó más de dos años para completar todo el proceso de actualización y, después de esto, tuvo que esperar a que se hicieran las revisiones, las inspecciones y se emitieran los informes, para salir de la lista del GAFI.

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• LexLatin: En relación con la salida del país de la lista gris de la UE, ¿qué avances ha habido en materia regulatoria?

Luis Chalhoub: En Panamá, el sector financiero está regulado por diferentes entes regulatorios. El sector bancario tiene su ente regulatorio, la Superintendencia de Bancos. El mercado de valores también tiene su ente regulatorio, que es la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Y el sector seguros cuenta con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Quedaban por fuera algunas actividades que no eran objeto de regulación directa por parte de estos tres entes reguladores y se creó una Superintendencia de sujetos no financieros para recoger ahí ciertas otras actividades que no estaban sujetas a un regulador específico, pero que podían representar algún riesgo de mal uso del sistema financiero para efectos de blanqueo. Los cambios en materia regulatoria se traslucen a lo largo de las regulaciones individuales de cada uno de estos sectores. El sector bancario tuvo que adaptar o actualizar sus regulaciones, lo mismo que el mercado de valores y el sector seguros.

De acuerdo con el socio de Icaza, las carencias relacionadas con la cooperación internacional se referían a que no se diligenciaban, con suficiente prontitud, los requisitos del intercambio de información. Sin embargo, destaca que se hicieron los correctivos, se contrató personal adicional para poder atender ese asunto, además de que se adoptó el sistema de riesgos y se establecieron los manuales de cumplimiento.

“Se detallaron con mayor precisión, las medidas necesarias para conocer al cliente con mayor precisión y todas las reporterías que se tienen que hacer”, señala.

• Mientras tanto, ¿cómo sorteó el país las consecuencias de estar en esta lista?

LCh.: Estar en las listas causa problemas. Yo diría que, fundamentalmente, se podría resumir de dos maneras. El efecto de estar en una lista de estas, en el peor de los casos, es la imposibilidad de realizar transacciones a nivel internacional y, en el mejor de los casos, ralentiza la realización de transacciones a nivel internacional que tienen que ver con el mundo comercial y con el mundo financiero. Como todos los países están sometidos al mismo estándar y a todos se les exige que conozcan a sus clientes y que evalúen los riesgos de lidiar con una persona que tenga determinadas características, más medidas de seguridad hay que tomar o más investigaciones hay que realizar. El solo hecho de que Panamá o cualquier país, esté en una lista gris obliga a cualquier contraparte, en cualquier transacción, a tomar medidas adicionales con respecto a las empresas que estén domiciliadas en el país al momento de realizar transacciones o hacer negocios. Impone una carga tanto a la contraparte como a la empresa en Panamá a la que se le va a estar requiriendo más información y más explicaciones de las que normalmente se estaría pidiendo. 

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Costo financiero

Como bien comenta Chalhoub, Panamá es una economía fundamentalmente de servicios que depende de la buena reputación que debe tener para que su oferta resulte atractiva en el ámbito internacional. De allí que a la mala imagen que representó para el país estar en la lista de la UE, o antes en la del GAFI, se suma el encarecimiento del crédito, que ha sido uno de los factores a considerar por las entidades calificadoras de riesgo y por las entidades financieras a la hora de considerar el riesgo-país. 

El país cuenta con un centro financiero que depende, en buena medida, de las corresponsalías bancarias en el exterior, operación que se dificulta estando el país en alguna de las listas grises. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el Centro Bancario Internacional (CBI) va en camino de consolidarse como uno de los pilares fundamentales del sistema financiero de Panamá. 

Haber perdido el grado de inversión para algunas calificadoras o mantenerse en perspectiva negativa, según la evaluación de otras, es otro elemento que termina impactando el costo del financiamiento, señala Chalhoub.

Sin embargo, asegura que el hecho de que el país haya salido de la lista gris de la Unión Europea, representa, de entrada, limpiar su imagen, reputación y reconocer el esfuerzo que ha hecho para ponerse a tono con los estándares internacionales. 

La apuesta ahora es que esta noticia estimule la inversión extranjera hacia el país porque la facilidad para hacer negocios, igual que la buena reputación, son factores que los inversionistas tienen en cuenta al tratar de localizar sus capitales.

“Al no tener obstáculos que dificulten la realización de las transacciones, al hacerse más fácil o menos oneroso cumplir con los estándares de conocer al cliente y la carga probatoria informativa que hay que suministrar para poder entablar relaciones comerciales o financieras, Panamá vuelve a estar en el radar de los inversores como un lugar donde se pueden realizar inversiones”, destaca.

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Trabajo continuo

• ¿Qué medidas debe tomar el país para mantener una jurisdicción que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? A partir de esto, ¿qué debe seguir haciendo?

LCh: Este es un proceso continuo, no tiene un final por una razón muy sencilla, los delincuentes se dedican a estudiar las formas de cómo sortear las trabas que la legislación y los reguladores ponen para impedir el buen uso del sistema financiero. Por un lado, están los reguladores y los países, los estados, estableciendo políticas y regulaciones para prevenir el uso indebido del sistema financiero y, por otro lado, están trabajando los delincuentes buscando métodos de cómo librarse de esos obstáculos o restricciones que se les imponen. Esto obliga a los países y a todos los organismos internacionales a estar constantemente revisando y adoptando los estándares para evitar que queden obsoletos e ineficaces en el corto plazo.

La recomendación de Chalhoub es que los países revisen siempre los estándares internacionales y se adapten a las nuevas realidades, tratando de cerrar cualquier rendija y áreas grises que puedan existir para evitar dar cabida a los delincuentes para el mal uso del sistema financiero.

• ¿Dónde haría falta poner foco frente a un contexto cambiante y desafiante, y qué desafíos se enfrenta en esta materia?

LCh: Este es un tema al que hay que estar siempre muy atentos. Panamá siempre está dispuesta a cooperar, a escuchar, a mantenerse al día con las actualizaciones que se van llevando a cabo y transmitir toda esa información, todos esos requerimientos, todos estos nuevos estándares a los distintos entes regulatorios internamente para que vayan adaptando sus regulaciones o para que se tomen los correctivos necesarios.

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El rol del compliance 

Para Chalhoub, el cumplimiento hoy es algo bastante usual en Panamá porque la regulación exige a las entidades reguladas del sector financiero, bancos, compañías de seguros, reaseguradoras y casas de valores, contar con un oficial de cumplimiento que se haga responsable por velar de que la entidad cumpla con las normativas en materia de prevención de blanqueo.

Relata que, al principio, fue un poco problemático porque no había suficiente personal en la capacidad de ocupar una posición como esa por el entrenamiento y los conocimientos que requería, pero esa realidad ha cambiado.

“La gente está muy acostumbrada a eso. Por supuesto, siempre habrá alguien que otro que se incomode cuando se les exija una serie de documentos para sustentar la política de conocer al cliente o cuando se piden explicaciones para conocer, por ejemplo, la procedencia de fondos. Pero cada vez son menos porque creo que todo el mundo entiende que esto forma parte de las reglas de juego”.

El socio de Icaza resalta que el desafío es mantenerse siempre muy al día, no solo respecto a la normativa, sino también en relación con los riesgos, pues la delincuencia no descansa y también tiene fondos suficientes para pagar a personas capacitadas o entrenadas, con conocimientos suficientes, para tratar de sortear las regulaciones. Siempre hay que estar muy atento a las nuevas modalidades que la delincuencia pretende implementar. De lo contrario, como esto es un mundo muy dinámico, muy cambiante, estima que el oficial de cumplimiento quedaría obsoleto e ineficaz en el muy corto plazo.

La exigencia para los oficiales de cumplimiento también es mantenerse permanentemente actualizados, con educación continua, y hacer permear ese conocimiento a los empleados de la empresa porque hay que hacerlos un poco conscientes, porque todos tienen que contribuir de alguna manera a evaluar los riesgos y a prevenirlos.

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¿Reformas pendientes?

Los sectores regulados en Panamá se rigen por la Ley 23 de 2015, que establece las políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, reformada entre 2023 y 2024, lo que obligó a las entidades reguladas a adaptarse a esos cambios legislativos. Pero, además de acatar una normativa general como esta, tienen que cumplir con las regulaciones de sus sectores.

"De momento, creo que la mayoría de los sectores financieros regulados tienen su legislación adaptada a la normativa más reciente, que a su vez se ajusta a los estándares”, dice Chalhoub.

• ¿Cuáles son las recomendaciones de la firma para sus clientes teniendo en cuenta estos desafíos para las empresas en Panamá?

LCh: Que se mantengan al día con las regulaciones, que traten de mantenerse informados, que no escatimen recursos para mantener actualizados a sus oficiales de cumplimiento y a su personal, porque es la única manera de prevenir, además de evaluar adecuadamente los riesgos, dependiendo de los sectores económicos de actividad del que son parte.

A los abogados, considerados sujetos no financieros bajo la supervisión de la Superintendencia de Entidades no Financieras, la norma exige que pongan en práctica políticas y regulaciones de conocer al cliente y de prevención. Incluso, están expuestos a sanciones que fueron incrementadas recientemente y que pueden alcanzar hasta 1 millón de dólares. Esto exige que conozcamos muy bien a nuestros clientes, que conozcamos los orígenes de fondos, especialmente para la creación de una plataforma legal para los servicios internacionales y la creación de sociedades y fundaciones; algunos pueden hacer un mal uso de estos vehículos legales. 

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A los controles que se llevan a cabo, suma la implementación de los registros contables, de exigir a los clientes la información contable que indique quiénes son los que llevan los registros de contabilidad y tener esa información disponible para atender, por ejemplo, los requerimientos de intercambio de información cuando sea el caso.