El nearshoring dejó de ser una tendencia económica para convertirse en una de las grandes conversaciones estratégicas de México. La cercanía geográfica al mercado más grande del mundo, una base industrial comprobada, la red de tratados comerciales, la experiencia exportadora, el talento técnico, la reconfiguración de cadenas de suministro, las tensiones comerciales internacionales y la necesidad de reducir riesgos logísticos han puesto al país en una posición difícil de ignorar para empresas extranjeras en sectores altamente competitivos.
Ahora, detrás de ese panorama optimista hay una pregunta inevitable: ¿está preparada la infraestructura jurídica mexicana para sostener una nueva ola de inversión extranjera de largo plazo?
La respuesta, en mi opinión, es que sí desde el punto de vista técnico, aunque con insuficiencias desde la perspectiva institucional. Hablar de infraestructura jurídica no se reduce solamente a que exista regulación, sino también a las formas en que se realizan los trámites y en que las autoridades aplican criterios y resuelven para dar a las inversiones cierto grado de predictibilidad.
Los problemas muy pocas veces radican en la ausencia de instrumentos jurídicos, sino más bien se relacionan con la interacción entre esos instrumentos y la realidad regulatoria.
Después de participar durante años en operaciones de adquisiciones, expansiones industriales, reorganizaciones corporativas y proyectos de inversión transfronterizos en México, he identificado una constante: muchas operaciones no se complican porque falten contratos sofisticados o estructuras corporativas adecuadas, sino porque el entorno administrativo no siempre permite anticipar con certeza tiempos, costos, requisitos o criterios de la autoridad.
En efecto, México cuenta con un marco jurídico competitivo que permite estructurar vehículos de inversión y operación eficientes desde una perspectiva corporativa, operativa y fiscal. Asimismo, el régimen de inversión extranjera es abierto en la mayoría de los sectores, existen mecanismos de financiamiento, garantías y solución de controversias razonablemente sólidos y la práctica legal mexicana cuenta con experiencia en operaciones internacionales complejas. El desafío no está solamente en diseñar nuevas reglas, sino en aplicar con mayor eficiencia y consistencia las que ya existen.
Una operación no se limita a la firma del contrato respectivo. Dependiendo del tipo de inversión, particularmente si se trata de proyectos industriales, puede requerir autorizaciones ambientales, permisos locales, protección civil, energía, comercio exterior, cumplimiento laboral, de seguridad social, fiscales, de prevención de lavado de dinero, protección de datos y con ciertos estándares internacionales. Nada de esto es extraordinario por sí mismo. Lo complejo es que intervienen autoridades federales, estatales y municipales cuyos tiempos y criterios no siempre se encuentran coordinados y en ocasiones pueden parecer contradictorios.
Esta realidad se vuelve especialmente evidente al asesorar a inversionistas de jurisdicciones con modelos regulatorios distintos. En esos casos, los principales desafíos no suelen ser estrictamente jurídicos. Superadas las diferencias entre sistemas legales y las particularidades de cada proyecto, la conversación suele girar hacia temas prácticos: coordinar equipos en distintos husos horarios, con distintas culturas de negocios e, incluso, distintos idiomas de trabajo y, sobre todo, explicar por qué un trámite que en otras jurisdicciones podría resolverse con relativa rapidez puede depender, en México, de distintas autoridades, requisitos y tiempos administrativos.
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De igual manera, la óptica hacia el cumplimiento regulatorio ha evolucionado significativamente. Hace algunos años, una auditoría legal se concentraba principalmente en aspectos corporativos, fiscales y laborales. Hoy, el análisis es mucho más amplio y los inversionistas ponderan con el mismo nivel de importancia temas como el cumplimiento ambiental, las políticas anticorrupción, el comercio exterior, la protección de datos, la ciberseguridad, la trazabilidad de las cadenas de suministro, los derechos humanos y los criterios ASG, entre otros. Esto representa una carga mayor que se traduce en más políticas internas, mayores controles, auditorías permanentes, procesos de documentación más robustos y una inversión creciente en áreas de cumplimiento y gestión de riesgos que antes no eran habituales. En ese sentido, una contingencia que hace algunos años podía considerarse secundaria hoy puede afectar la valuación de una empresa, dificultar el acceso a financiamiento, generar costos elevados de remediación o incluso detener una operación.
No es una cuestión de mejores o peores sistemas, sino de comprender que cada jurisdicción tiene su propia lógica institucional y que, para invertir con éxito, esa lógica debe entenderse desde el primer día.
Para un inversionista, la diferencia entre un trámite de dos semanas y uno de tres meses puede cambiar el calendario financiero, la relación con clientes, la fecha de arranque de operaciones y, en ocasiones, la decisión misma de invertir. Cuando esa diferencia no se anticipa desde el inicio, el problema deja de ser jurídico y se convierte en comercial. México tiene ventajas que otros países no siempre pueden replicar, pero esas ventajas no son inagotables. Los inversionistas comparan jurisdicciones, miden tiempos, evalúan riesgos y asignan recursos donde encuentran una combinación razonable de oportunidad, estabilidad y ejecución. Por eso, la inversión internacional hoy no sólo busca ubicación; busca confianza.
Esto también ha cambiado el papel del abogado. La asesoría jurídica ya no empieza, o no tendría que empezar, cuando ya existe una negociación en curso, sino cuando el inversionista analiza dónde instalarse, cómo estructurar su entrada al mercado, qué permisos necesita, qué riesgos regulatorios enfrenta, cómo protegerá sus activos y qué contingencias podrían afectar la viabilidad financiera del proyecto, incluso antes de llevar a cabo una auditoría formal. Ese cambio exige asesores multidisciplinarios y coordinados bajo una misma estrategia, no solamente para documentar el proyecto, sino para que pueda ejecutarse jurídica, comercial y operativamente.
¿Está preparada entonces la infraestructura jurídica mexicana para el nearshoring? Sí, en cuanto a talento, práctica legal y marco normativo. Pero todavía hay trabajo por hacer en materia de simplificación administrativa, coordinación entre autoridades, predictibilidad regulatoria y seguridad jurídica. El reto ya no consiste únicamente en atraer nuevas inversiones, sino en demostrar que México también puede ofrecer las condiciones que los inversionistas buscan para permanecer y crecer.
*Eduardo Pizarro Suárez y Carlos Fernández son socio y asociado senior, respectivamente, de SMPS Legal.
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