
El sector minero ha ganado cada vez más espacio en la economía ecuatoriana como generador de divisas. El concentrado de plomo y cobre y otros productos mineros son dos de los siete rubros que, junto al camarón, cacao, banano, pescado enlatado y flores naturales, tienen el mayor peso en la oferta exportable del país.
Entre enero y marzo de este año, las exportaciones no petroleras representaron 75,8 % de los ingresos del país, con un crecimiento de 26,8 % en valor respecto al mismo periodo del año pasado, según informe del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De los poco más de 7.000 millones de dólares que ingresaron al país por esa vía, los dos rubros de minería representaron en conjunto 628 millones de dólares y un crecimiento diferenciado de 24 % y 41 %, respectivamente, por una demanda que se mantiene en medio de la transición energética y a pesar de la volatilidad que ha marcado los precios en los mercados internacionales.
Se espera que por la vía de las ventas de productos mineros a destinos como Perú, México, China, Corea del Sur y otros en Asia, el país reciba entre USD 3.500 millones y USD 4.500 millones este año. También se proyectan inversiones de hasta 14.000 millones de dólares impulsadas por proyectos a gran escala que están en distintas etapas de desarrollo.
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Exportaciones mineras en Ecuador: crecimiento récord en 2025
En consonancia con este movimiento, del lado transaccional se observa dinamismo en M&A a juzgar por operaciones como la adquisición de Lumina Gold Corp. y su proyecto minero Cangrejos, la mayor reserva primaria de oro del país, por parte de la china CMOC Group Ltd, en abril pasado.
También es notable la actividad del lado del financiamiento. Otra transacción significativa en el mercado ecuatoriano en lo que va de año es el acuerdo de financiamiento por USD 200 millones entre Solaris Resources y una subsidiaria de Royal Gold, Inc. para el proyecto de cobre Warintza.
Andrés Donoso, socio de Robalino y quien intervino en la reciente transacción de financiamiento para el proyecto Warintza en representación de Solaris Resources, comenta que, si bien no ha habido impulso regulatorio, los proyectos mineros históricos, que ya venían de actividades de exploración, han tenido apoyo político, además de que se han venido ejecutando los procesos previstos. En el caso particular de Warintza, este ha accedido al financiamiento necesario tras un arduo trabajo de varios años con algunas instituciones financieras y con streamers en otros casos.
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Inversión extranjera directa en minería
La estabilidad política, con un modelo de gobierno de cuatro años, es clave para que los inversionistas extranjeros volteen a ver un destino que luce atractivo en el área minera y positivo para la toma de decisiones de la magnitud que amerita este tipo de proyectos, de acuerdo con el abogado.
“Los proyectos mineros, son de muy largo plazo, entonces, las decisiones, se toman en la medida en que van avanzando, con horizontes de desarrollo en el mediano y largo plazo, y eso es lo que se está viendo”.
Ecuador ha venido atrayendo a inversores especialmente canadienses. Sin embargo, es notable el interés de inversionistas chinos, como es el caso de CMOC Group Ltd., y de streamers, compañías dedicadas a comprar minerales de forma anticipada, como Royald Gold.
Para el socio de Robalino, el diferencial entre este sector y otros de la economía para captar inversión extranjera directa (IED) está en el potencial geológico, el apoyo político evidente, una regulación que se ha mantenido sin cambios y la experiencia que tienen jugadores como, por ejemplo la canadiense Lundin Gold, que opera la mina de oro Fruta del Norte, y Ecuacorriente SA (ECSA), subsidiaria de la estatal china CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd., dueña y operadora de la mina de cobre Mirador, en las actividades de explotación, ganada en tantos años.
Principales proyectos mineros en desarrollo
Ecuador espera un repunte de las inversiones en diferentes proyectos mineros para este año. Entre ellos destacan los mencionados por Donoso como Warintza, Cangrejos, Mirador y Cascabel, que están en línea de desarrollo, y La Plata, que está muy avanzado. Se suman San Carlos Panantza, Loma Larga y Curipamba, ubicados en diferentes provincias del país, como Imbabura, Morona Santiago, El Oro, Bolívar, Azuay y Cotopaxi.
“Hay muchos proyectos en construcción, en las fases finales de exploración, son proyectos de miles de millones de dólares en donde los jugadores grandes van a tener la oportunidad de invertir porque solo ellos tienen los músculos para tomar el riesgo de la construcción de estas grandes minas y de llevarlas a la nueva fase de explotación”, explica Donoso.
Reapertura del Catastro Minero: nuevas oportunidades
Se abren otras oportunidades de inversión con el reciente anuncio del Ministerio de Energía y Minas, sobre la suscripción del Acuerdo Ministerial Nro. MEM – MEM – 2025- 0018 – AM, para reabrir el Catastro Minero Nacional, a partir del 16 de junio y en fases hasta finales de año, sin duda, va a generar nuevas oportunidades de inversión en exploración.
A través de este mecanismo, que estuvo cerrado desde hace siete años, el gobierno ecuatoriano otorga concesiones de exploración, en esta oportunidad comenzará con el régimen de pequeña minería no metálica.
“El catastro, sin duda, abrirá oportunidades para empresas junior, que son especialistas en la identificación de nuevos proyectos y eso es lo que dinamiza más la economía”.
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Desafíos normativos, fiscales y sociales para el desarrollo del sector
A pesar de los avances que muestra el país en materia minera, son varios los desafíos. Donoso destaca acceso a financiamiento, seguridad y confianza, sobre todo tratándose de proyectos que implican plazos largos, entre 12 y 16 años sin inconvenientes, como problemas sociales, y asumiendo que se va a acceder al financiamiento.
No duda de la presión gubernamental por acceder a recursos derivados de la actividad minera, por la vía de impuestos. De hecho, este mes se comenzará a cobrar una nueva tasa de fiscalización minera, independiente de la fase de los proyectos y excluyendo a la minería artesanal. Con los recursos se financiará el control técnico y ambiental de la industria y se planea combatir la extracción ilegal, un tema que Donoso califica de muy complicado, no solo por los daños ambientales que ocasiona sino por la inseguridad y los delitos que involucra como narcotráfico, lavado de activos y corrupción, por lo que se exige la participación activa del Estado. Según la oficina de Naciones Unidas para la Región Andina y el Cono Sur, las exportaciones ilegales de oro y otros recursos minerales de Ecuador ascendían a USD 1.300 millones a comienzos de este año.
La generación eléctrica es otro factor de presión para las empresas. En 2024, Ecuador vivió severos apagones ante la sequía que azotó al país, dependiente de centrales hidroeléctricas.
Donoso menciona la flexibilización laboral entre los retos que tiene por delante la actividad en el entendido de que se permita la incorporación y la salida de las personas en función de las fases de los proyectos de una manera más dinámica.
A esto agrega la facilidad de trámites, de manera de acelerar los procesos mineros.
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Mención especial merece el restablecimiento de los tratados bilaterales de protección de inversiones como los que el país tenía con Países Bajos, Canadá y Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, entre otras naciones, y que fueron anulados el último día del gobierno de Rafael Correa, en 2017.
Hasta ahora está vigente un acuerdo con China y se están negociando nuevos convenios, pero muy lentamente. Mientras y, ante posibles controversias, el Estado ofrece un contrato de protección de inversiones que tiene los estándares de ciertos tratados, pero, en opinión de Donoso, no es suficiente.
Explica que, en materia de minería, se tiene un proyecto técnico de inversiones, que genera ciertos incentivos y brinda cierta estabilidad a quien firme los contratos de inversión. Además, existen incentivos para actividades de generación eléctrica con ciertas tecnologías, por normas de sostenibilidad y contratación de empleo joven.
Desde hace tres años, Ecuador trabaja en el desarrollo de nuevas leyes, como la Ley de Consulta Previa o la Ley de Participación Social, que ha sido, en algún momento, un gran impedimento en muchos proyectos y se ha traducido en demoras o en que sean puestos en fuerza mayor por muchos años.
“Esta es una reforma necesaria, importante. Tratamos de estar muy conectados con el Gobierno sobre las visiones de los inversionistas, sobre sus necesidades. Obviamente el tema de seguridad tiene que ver con involucrar a la sociedad, y a las comunidades indígenas en particular, en todos los proyectos que se desarrollan.
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En síntesis
¿Cuáles son los principales proyectos mineros en Ecuador en 2025?
Los principales proyectos en desarrollo o próximos a recibir inversión son:
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Cangrejos (oro) – adquirido por CMOC Group Ltd.
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Warintza (cobre) – con financiamiento de USD 200 millones.
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Mirador (cobre) – operado por Ecuacorriente SA.
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Fruta del Norte (oro) – operado por Lundin Gold.
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También se mencionan otros en distintas etapas: Cascabel, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Curipamba.
¿Qué países invierten en minería en Ecuador?
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Canadá – con presencia de empresas como Lundin Gold.
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China – con empresas como CMOC Group Ltd. y Ecuacorriente SA (subsidiaria de CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd.).
¿Cómo afecta la reapertura del Catastro Minero?
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El Catastro Minero Nacional reabre a partir del 16 de junio de 2025, tras siete años cerrado.
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Esta reapertura permitirá otorgar concesiones de exploración, comenzando por pequeña minería no metálica.
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Se espera que genere nuevas oportunidades de inversión, especialmente para empresas junior, que son especialistas en identificar nuevos proyectos.
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Esto contribuirá a dinamizar la economía.
¿Qué desafíos enfrenta el sector minero en Ecuador hoy?
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Acceso a financiamiento, debido a la naturaleza de largo plazo de los proyectos.
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Seguridad y confianza jurídica, por problemas sociales y plazos extensos.
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Cobro de una nueva tasa de fiscalización minera, independiente de la fase del proyecto.
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Minería ilegal, con impactos ambientales y vínculos con narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
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Generación eléctrica inestable, con antecedentes de apagones en 2024.
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Flexibilización laboral, para adaptar la contratación a las fases del proyecto.
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Trámites burocráticos, que requieren mayor agilidad.
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Ausencia de tratados bilaterales de protección de inversiones vigentes con países clave (solo se mantiene uno con China).
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Necesidad de reformas legales (consulta previa y participación social), actualmente en desarrollo.
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