Hubo solo un año de diferencia. En septiembre de 2018, Walmart anunció que compraría una participación mayoritaria de Cornershop por 225 millones de dólares. La salida fue celebrada con bombo y platillo, representaba una de las más importantes del ecosistema emprendedor de México y Chile, país donde nació la startup. Pero en octubre de 2019 hubo otro anuncio similar. Esta vez cambió el nombre del comprador, ya no sería la cadena de retail la que adquiriría una fracción controladora de la plataforma de entregas de comestibles a domicilio, ahora era Uber la que pagaría 459 millones de dólares.
Ninguna de las dos transacciones se ha completado. La primera fue frenada luego de que, el 5 de junio de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en México resolvió no autorizar la concentración entre Walmart y Cornershop pese a que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile dio luz verde a la operación apenas unos meses antes, el 11 de enero. El argumento principal de las autoridades mexicanas fue que corría el riesgo de que la cadena de retail desplazara indebidamente a sus competidores en el mercado del servicio logístico de exhibición, compra y entrega inmediata de productos de tiendas de autoservicio y club de precios a través de páginas de internet y apps. Ahí terminó el primer intento de compra.
La segunda transacción sigue pendiente. En octubre de 2019, Uber notificó a la Cofece la intención de compra. Sin embargo, el 11 de noviembre, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reclamó y se declaró competente para analizar y aprobar la concentración, tras argumentar que la actividad de Uber y Cornershop va más allá del servicio de logística y la venta al menudeo de alimentos y abarrotes, pues también –dijo– permite conectar a los usuarios a través de medios electrónicos y eso les atañe. La comisión no estuvo de acuerdo y aseguró que no se vería afectado el sector de telecomunicaciones. Así fue como esta operación enfrentó a las dos principales autoridades de competencia en México.
Una batalla territorial
Definir los mercados que se verán impactados con esta operación es un reto, particularmente en un país como México donde un regulador sectorial (IFT) es también una autoridad de aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica. Esta legislación indica, en su artículo 5, que cuando hay diferendos entre las dos autoridades –Cofece e IFT– sobre quién tiene jurisdicción la decisión final se toma en tribunales:
"Si el órgano solicitado estima no ser competente deberá remitir el expediente dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud. Si considera que lo es, en igual plazo hará saber su resolución al órgano solicitante, en cuyo caso suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien fijará la competencia en un plazo de diez días".
Y es ahí donde se encuentra el proceso en México. En redes sociales, los cofundadores de Cornershop –creada en 2015 por Oskar Hjertonsson, Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas– han expresado su preocupación por el tiempo que ha tomado resolver este diferendo y obtener la autorización para concretar la venta, incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el acuerdo entre ambas empresas caduque.
Oskar Hjertonsson, CEO de Cornershop en México y Chile, habló incluso del desafío de financiamiento y supervivencia que enfrentan mientras se determina qué ocurre con la transacción.
El 22 de abril, la Cofece informó a LexLatin que el caso de la concentración entre Uber y Cornershop seguía en revisión del Poder Judicial de la Federación. “En la comisión estamos a la espera de la resolución que al respecto se emita para tener una postura”, indicó el área de comunicación del organismo.
Uno de los asesores legales de la operación, que prefirió mantenerse en el anonimato, consideró que, todavía con la resolución del tribunal, se corre el riesgo de que no se resuelva de manera clara la jurisdicción. “Lo que creo que va a pasar es que el Poder Judicial va a decir algo bastante etéreo como: ‘cada quien conforme a sus facultades y responsabilidades’ y que eche poca luz en este asunto. Ahí se verán forzadas las autoridades a ponerse de acuerdo y establecer qué dice cada quién”.
Evan Epstein, director ejecutivo del Centro de Negocios de la Universidad de California, explicó que en Estados Unidos también hay dos entidades que comparten la jurisdicción de libre competencia. La división antimonopolio del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). “Muchas veces lo que hacen es que se coordinan para poder analizar los casos de distintas empresas o fusiones”, describió el especialista. “Nunca queda una situación como la que está pasando en México, que se pelean en tribunales para tomar la jurisdicción del caso”.
Los expertos coinciden, con buena voluntad el diferendo entre Cofece e IFT se arreglaba. Eso hubiera marcado un precedente importante, pues se corre el riesgo de que estos enfrentamientos sigan ocurriendo en operaciones similares.
La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) propuso una serie de modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica a fin de agilizar los procesos para los emprendimientos del país. Entre ellas se encuentran que el análisis de concentración se haga una vez que se haya cerrado la transacción; eximir a los inversionistas de ser requeridos como parte notificante en el proceso y establecer que el procedimiento simplificado y expedito de revisión de concentraciones, previsto en el artículo 92 de la legislación, se aplique a las transacciones que involucran startups e, incluso, que en ciertas transacciones se estipule la exención de notificación del artículo 93.
Además, sugiere la asociación que la Cofece y el IFT colaboren en el análisis y resolución de concentraciones relacionadas con mercados digitales y que si los tribunales no resuelven la disputa entre ambos organismos, la jurisdicción recaiga en la autoridad donde los agentes económicos notificaron la concentración.
Esto ayudará a resolver el obstáculo que, según Epstein, puede tener un impacto en las inversiones a emprendimientos del país. “El efecto es muy malo, es terrible, demuestra una falta de institucionalidad muy grande que deja una inseguridad jurídica ante una operación que es muy importante y que es muy negativa para México internacionalmente y, sobre todo, para las partes involucradas”, agregó.
Ulrick Noel, presidente de la ASEM, coincide con Epstein pero matiza, “no quiere decir que si esto no pasa el ecosistema se detiene, ni que si esto pasa el ecosistema explota. Hay que verlo con cautela y analizarlo como lo que es, una transacción que puede mandar señales de certidumbre por un lado y de incertidumbre por el otro”.
El tiempo corre. Mientras en México todavía no se define en cancha de quién está el balón, la Fiscalía Nacional Económica de Chile –que también analiza la transacción– anunció el 24 de enero que extendió a fase II el plazo de análisis de la operación de concentración entre Uber y Cornershop.
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