Hace tan solo unos días, el 30 de mayo, el presidente Donald Trump (EE.UU.) anunciaba por su cuenta de Twitter que a partir del 10 de junio de 2019 los Estados Unidos impondrían aranceles adicionales a todos los artículos importados a los Estados Unidos desde México. El mandatario estadounidense advertía que esta subida se impondría si México no hace mayores esfuerzos para detener el flujo de migrantes “ilegales” a los Estados Unidos.
Mencionaba, además, ese 5 % solo como el principio de una subida escalada. En el comunicado que seguidamente envió desde la Casa Blanca, Trump amenazó con: aumentar los nuevos aranceles a un 10 % el 1 de julio de este año; a un 15 % el 1 de agosto; a un 20 % el 1 de septiembre; y finalmente a un 25 % el 1 de octubre de 2019.
“Las tarifas se mantendrán permanentemente en el 25 % al menos y hasta que México detenga, sustancialmente, la entrada ilegal de extranjeros que ingresan a través de su territorio. Los trabajadores que vienen a nuestro país a través del proceso de admisión legal, incluidos los que trabajan en granjas, ranchos y otras empresas, podrán pasar fácilmente”, añadió.
Los abogados expertos en comercio exterior Adriana Ibarra -socia en Baker McKenzie Abogados, S.C. (México) - y Juan Carlos Partida (socio de EC Legal Rubio Villegas) nos ayudaron a analizar la coyuntura y los posibles escenarios.
La respuesta de México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una carta-respuesta a Donald Trump. En la misiva, el mandatario mexicano apelaba a la cooperación, apuntando también que “los problemas sociales no se resuelven con impuestos”. Así, funcionarios mexicanos visitaron Washington D.C. para dialogar con el gobierno estadounidense.
Al cierre de esta edición, la prensa daba cuenta de un acercamiento de posiciones. La secretaria de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero, anunció que México reforzará la frontera con Guatemala “con el envío de hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional”, aunque la Casa Blanca manifestó que la postura de la Administración estadounidense no había cambiado.
Cabe preguntarse qué respuesta hubiese sido la más responsable y beneficiosa para México.
“Lo óptimo para México sería llegar a un acuerdo en el tema migratorio y evitar la imposición de los aranceles. Sin embargo, si el presidente Trump decide imponerlos, México tendría que adoptar una represalia calculada, afectando a sectores estratégicos cuyos productores ejerzan presión política con el gobierno de Estados Unidos hasta lograr la eliminación de los aranceles. Para México, la mejor solución es lograr separar el tema comercial del migratorio, ya que el imponer aranceles en nada resuelve la migración ilegal. Al contrario, genera desempleo y agrava la posibilidad de aumentar la migración en busca de empleo hacia Estados Unidos”, responde Adriana Ibarra.
Juan Carlos Partida consideró, en general, la respuesta del gobierno mexicano apropiada y responsable. Apuntó, sin embargo, que la mención de otros asuntos —AMLO se refería en la carta a las “excelentes” relaciones que mantuvieron Benito Juárez y Abraham Lincoln en el siglo XIX— no aporta nada. En su opinión, una carta en el mismo sentido que la enviada pero mucho más directa podría haber sido más efectiva:
“La amenaza de medidas de represión o contramedidas hubiese fracturado la relación entre los dos gobiernos. Sin embargo, la extensión de la misma, incluso haciendo alusión a personajes históricos no ayuda en nada. Al interlocutor (Trump) no le interesa (y es muy probable que ni siquiera conozca) la historia de las relaciones entre los dos países”.
A quién afectaría la subida de aranceles
Ambos expertos, Ibarra y Partida, hablan de la industria automotriz (incluida la fabricación de vehículos y autopartes) como la más afectada, entre otras. Adriana Ibarra advierte que el encarecimiento de los aranceles también afectaría a la industria de electrónicos, la fabricación de computadoras, televisores y refrigeradores, así como a la elaboración de dispositivos móviles; el sector agropecuario, mediante la exportación de vegetales; la aeronáutica con la fabricación y exportación de motores y piezas para aeronaves; y la de bebidas alcohólicas.
Juan Carlos Partida añade en su lista al sector eléctrico y, como apunta Ibarra, el agrícola.
Pensando en el impacto para los exportadores mexicanos en la práctica, parece que las consecuencias serían demoledoras. El socio de EC Legal Rubio Villegas explica que las exportaciones mexicanas hacia EE.UU. serían de menor volumen debido al incremento que tendrían los importadores en el precio de compra, “el cual se traslada necesariamente al consumidor, que adquiriría menos producto”.
“El impacto sería muy importante, considerando el aumento gradual de los aranceles hasta llegar a un 25 %. De llegar a ese escenario sería un daño muy serio a la economía mexicana. También generaría un impacto muy importante en la economía estadounidense, ya que afectaría tanto a productos de consumo como a insumos”, dijo la socia de Baker McKenzie.
Juan Carlos añade que hay que tomar en cuenta, sin embargo, que al principio esto sería compensado “muy posiblemente con el incremento en el tipo de cambio que se daría de manera casi automática al entrar en vigor los aranceles”.
Las empresas estadounidenses, que exportan la mayor parte de su producción, se verían también seriamente afectadas. ¿Cuál sería el impacto en la inversión extranjera? Según Partida:
“En el corto plazo no sería significativo, aunque en el mediano y largo plazo, ante la incertidumbre (que de todos modos existe) sobre la duración y magnitud de los aranceles, las empresas decidirán dejar de invertir en México, con el riesgo de que algunas empresas busquen mercados mejor posicionados para exportar, por ejemplo los países centroamericanos”.
El sector más afectado, según Ibarra, sería el manufacturero en México. Advierte que, además, el incremento de los aranceles causaría que los consumidores de Estados Unidos paguen más por los productos, elevando los costos de producción a las empresas de dicho país que usan insumos fabricados en México.
El T-MEC y las políticas migratorias
Tan solo horas antes de conocerse las intenciones de Trump de aplicar una subida a los precios de los aranceles, se iniciaba precisamente el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Según el diario mexicano El Economista “el gobierno mexicano entregó de manera formal, para su análisis, a la Cámara de Senadores el texto definitivo del nuevo acuerdo, que se prevé sea ratificado el próximo 18 de junio en periodo de sesiones extraordinarias”. ¿Y ahora qué?
La socia de Baker McKenzie calificó la situación como una señal contradictoria para la ratificación del tratado. “No se puede ratificar un acuerdo que antes de firmar ya están violando”.
Juan Carlos Partida observa que, aunque ciertamente el incremento en los aranceles podría afectar la relación comercial y política entre ambos gobiernos, el proceso de ratificación “difícilmente se debería ver afectado”. El socio considera que, teniendo en cuenta que la ratificación del T-MEC debe suceder antes de las elecciones de EE.UU., “ambos países tratarán de continuar con este el proceso de ratificación”.
Organizaciones como la del Consejo Coordinador Empresarial mexicano expresaron que la subida de aranceles violaría principios establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Así lo confirmaron Adriana Ibarra y Juan Carlos Partida. Según ambos, México tendría que iniciar un panel de solución de diferencias ante la OMC.
“Se debe presentar una controversia ante la OMC de manera inmediata, aunque el gobierno mexicano no debe esperar a que se resuelva la controversia en esa instancia. Esos procedimientos son muy tardados en la OMC, máxime cuando en la actualidad Estados Unidos tiene paralizado el Órgano de Apelación”, añadió Partida.
Finalmente, y volviendo al punto de partida del asunto, es importante cuestionar si con estas medidas EE.UU. conseguiría frenar el flujo de migrantes sin papeles. Ibarra responde que "no" y añade que, de hecho, “podría agravar la migración ilegal, por la desestabilización económica que, en lugar de fortalecer las medidas para frenar la migración, podría propiciar la búsqueda de mejores salarios en Estados Unidos”.
Juan Carlos Partida comenta que esto dependería de la política migratoria que México desee aplicar. Reconoce que la política migratoria de puertas abiertas en México “no es adecuada”, pero explica que el problema principal radica en la legislación migratoria de Estados Unidos, que incentiva la migración ilegal:
“De no cambiarse la legislación migratoria en Estados Unidos, difícilmente se podrá frenar el flujo de personas hacia la frontera México-EE.UU. México también debe tomar acciones contra la inmigración ilegal a México”.
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