Los casos confirmados de COVID-19 en México superan los 360.000 y las muertes rebasan las 40.000. Los pronósticos de crecimiento anual del PIB para 2020 van del -11 % al 1.8 %. El estimado de empresas que cerrarán por las afectaciones económicas derivadas de la contingencia es de 500,000 compañías. La tasa de desempleo supera el 32 % con más de 21 millones de personas sin trabajo. En medio de este panorama, el pasado 22 de julio el Gobierno presentó su propuesta para reformar el sistema de pensiones.
La iniciativa se cocinaba desde, al menos, hace un año. En julio de 2019, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que plantearían una reforma de pensiones para incrementar las aportaciones del 6,5 % y cambiar la edad de retiro. “Será la mejor reforma de pensiones que podamos hacer”, afirmó en un encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores el año pasado.
386 días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma al sistema de pensiones que, dijo en su conferencia matutina, cuenta con el aval del sector empresarial liderado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los sindicatos de trabajadores. La reforma propone incrementar las aportaciones al ahorro para el retiro, pasaría de 6,5 % a 15 %. En un periodo de ocho años –que inicia en 2022– las aportaciones que hacen los patrones irían de 5,15 % a 13,87 %. Además, se establece reducir las semanas de cotización de 1.250 a 750 y aumentar la pensión mínima garantizada.
Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE, la propuesta es positiva, sin embargo, el momento de presentarla no es el adecuado. “Este año se espera una caída tremenda en la actividad económica, en junio se acumula una pérdida de empleo cercana al millón de personas solamente de los asegurados del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y proponer subir la aportación patronal encarece el empleo y pone en riesgo la recuperación”, enfatizó. Esto aun y cuando el aumento de la aportación patronal será paulatino.
Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE, afirmó que mejorar las condiciones sociales de los trabajadores es una muestra del compromiso y la dimensión social del empresariado mexicano. “Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucha mayor trascendencia”, indicó. “Algunos queríamos más, pero no se puede en las condiciones en las que estamos y encontramos definitivamente algo que nos permite modificar los dos grandes faltantes que tenía nuestro sistema de pensiones”.
Esta es la primera vez en 23 años que el sistema de pensiones enfrentará una reforma profunda. Con el modelo vigente, puesto en marcha en 1997, los especialistas identifican dos áreas de oportunidad principales. La primera, el monto de la pensión, pues un trabajador con hasta cuatro salarios mínimos actualmente se retira con el 30 % de su sueldo. La segunda es la cobertura: “Cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, 25 años de trabajo. Al no tener todas las semanas en el sector formal no se tiene acceso a una pensión garantizada”, destacó Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, en una conferencia de prensa.
En un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se señala que entre 1981 y 2014 una treintena de países privatizaron total o parcialmente sus pensiones públicas obligatorias, 14 de ellos de América Latina. Sin embargo, afirma que por los impactos sociales y económicos negativos, el experimento no funcionó.
La OIT destaca que la baja cobertura y los bajos montos de beneficios pagados son dos de las razones del fracaso. Según las últimas estimaciones, la tasa de cobertura del sistema de pensiones mexicano en 2017 era de 64 %, cifra inferior al promedio de Latinoamérica. Mientras tanto, las tasas de reemplazo se sitúan entre el 16 % y el 26 %.
La firma Lockton México calcula que con el esquema de 1997, el 70 % de la población no tendría derecho a una pensión por parte de la Seguridad Social y aproximadamente 75 % de los trabajadores solo tendría la pensión mínima cuando se jubilaran.
Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), consideró que la propuesta permitirá corregir algunas deficiencias propias del modelo vigente y logrará que los trabajadores en edad de jubilación obtengan mejores condiciones de retiro. “La iniciativa, además de permitir que más trabajadores alcancen una pensión mínima garantizada, atiende a la necesidad de que se acumulen más recursos y que la tasa de reemplazo sea de un nivel que permita mantener razonablemente el estilo de vida de cada familia durante la jubilación”, destacó.
Gabriela Siller considera que esta propuesta no necesariamente subsanará los bajos montos de las pensiones y la cobertura de la pensión mínima garantizada. “En todo hay que irnos a tiempos adecuados. Lo que sí es un hecho es que las pensiones eran bajas y el ahorro interno también. Esta propuesta es buena pero se tenía que haber presentado junto con una política fiscal contracíclica, con un mayor acto de Gobierno dirigido precisamente a tratar de apoyar a las empresas y que no se pierdan muchos empleos”.
Desde su perspectiva, la política fiscal contracíclica debiera incluir un mayor gasto público dirigido a infraestructura para poder recuperar empleos perdidos, además del aplazamiento de impuestos para que, de alguna manera, se ayude a que no se perdieran tantos empleos y se sienten las bases para una pronta recuperación económica. “Sobre todo porque estamos viendo a nivel global que la mayor parte de los gobiernos ha puesto una política fiscal contracíclica. No hacerlo ante un choque externo como es COVID-19 es como pensar que existe la mano invisible, como se pensaba en la gran depresión, que la economía solita se va a corregir y en realidad esto no va a suceder y es una caída libre”.
Ana María Montes, directora de Consultoría Actuarial de Lockton México, afirma que el reto va a ser que no se vean afectados los esquemas de contratación donde afiliaban a los empleados al seguro social y se termine por contratar servicios de manera externa a consultores independientes. “Este cambio va a beneficiar a aquellas personas que cotizan en el Seguro Social y que se preveía que no iban a alcanzar las 1.250 semanas de cotización y que, con este esfuerzo, finalmente van a poder acceder a una pensión al menos de 70% de un salario mínimo que es lo que se plantea. Realmente este grupo va a ser el más beneficiado de este cambio”, agregó.
No obstante, la especialista señala que la universalidad es uno de los aspectos que quedó fuera de la propuesta. Asegura que todavía falta regular los otros esquemas pensionarios que hay en el país, no solo el del IMSS sino también los que existen a nivel estatal, municipal y en universidades.
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