El caso Odebrecht ya ha alcanzado proporciones mastodónticas y se ha ido convirtiendo en uno de los pleitos judiciales con más ramificaciones y consecuencias en la región.
Brasil convulsiona aún con la Confesión del fin del mundo, en la que 77 ex ejecutivos de la compañía acusan a unos 200 políticos de haber recibido sobornos a cambio de contratos de obras públicas. Pero, como bien sabemos, no es el único país afectado.
El escándalo salpica a 10 países latinoamericanos: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala. Y aunque las investigaciones fueron iniciadas por las autoridades brasileñas, fue Estados Unidos el país que, el 21 de diciembre de 2016, puso la presunta trama en la agenda internacional.
Brasil: las claves y origen del caso
7.000 millones de reales. O lo que es lo mismo: 2.250 millones de dólares. Esa es la cantidad que la policía calcula que la también investigada petrolera Petrobras desvió a la constructora Odebrecht. Pero ¿cuáles son las claves y el origen del caso?
En marzo de 2014, la Operación Lava Jato cayó sobre el tapete con la detención de 24 personas en Brasil. La investigación se llevaba a cabo desde el verano de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.
Las pruebas llevaron a los investigadores hasta uno de los personajes claves de la trama, Alberto Youssef -experto en blanqueo de dinero- que llegó a un acuerdo de delación con la policía. Así, supimos de la existencia del ‘club’ de 16 empresas contratistas que se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos. Y cuyas acciones ilícitas en conjunto han alcanzado los 788 millones de dólares.
El 21 de diciembre de 2016, los representantes de Odebrecht -la empresa de ingeniería más grande de América Latina- y su filial petroquímica Braskem S.A. –en la que Petrobras también es accionista- se declararon culpables de haber realizado sobornos a cambio de contratos con la petrolera brasileña Petrobras.
Desde entonces, los dimes y diretes se han multiplicado. Y, con ellos, el miedo de algunas compañías y autoridades por ser implicadas, las cábalas de abogados de distintos países sobre la evolución del caso y los artículos de prensa con las novedades en cada país nombrado.
En el informe del caso, se explica el procedimiento empleado: “Los fondos eran canalizados por la Division of Structured Operations a una serie de entidades (sociedades) offshore en diversos países. Muchas de estas transacciones se estructuraron mediante múltiples capas de entidades offshore y cuentas bancarias alrededor del mundo, en ocasiones transfiriendo fondos ilícitos por hasta cuatro niveles de cuentas bancarias offshore, antes de que llegaran al beneficiario final. De este modo, [Odebrecht] buscó distanciar el origen de los fondos de sus beneficiarios finales”.
Roberto de Michele, Modernization of the State Principal Specialist del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), califica el fenómeno de Odebrecht como un caso global porque “ha requerido del uso de muchas jurisdicciones para que el dinero fluya, se vaya ocultando y se haga más difícil la determinación del dinero ilícito así como el receptor y emisor de ese dinero”. Una influencia internacional que podría ser una muestra de la cooperación global en casos de corrupción.
Aunque De Michele resalta un matiz sobre esa afirmación, que se refiere a la responsabilidad de cada país: “Las empresas son globales pero los sistemas judiciales son locales. Y si bien la corrupción puede producirse en una jurisdicción, las empresas globales involucradas en este tipo de prácticas requieren de las facilidades de un sistema financiero y corporativo a nivel global”.
Pensemos entonces en el país de origen del escándalo. ¿Ha sido positivo el papel de la legislación brasileña? De Michele cree que sí y achaca a gran parte de los críticos que “no piensen en los antecedentes de las reformas institucionales previas que tuvieron que ocurrir para que estas investigaciones fueran posibles”.
Unas reformas que “les han permitido contar con mejores instrumentos para, por ejemplo, lograr la colaboración de las personas implicadas” gracias a un acuerdo que en algunas esferas se ha tachado de ‘indulgente’; algo que De Michele no comparte porque, para esa evaluación, necesitaríamos un “metro patrón de qué es una sanción justa”.
Entre los instrumentos empleados, destaca por supuesto la Ley Anticorrupción 12,846/2013 o “la reunión que se organizó en Brasil con los fiscales e investigadores de 15 jurisdicciones distintas, conectadas al caso Odebrecht”, subraya.
Aclara que el derecho continental no es un derecho acostumbrado a la utilización de “mecanismos que permiten la negociación entre el ministerio público y la parte investigada para obtener una colaboración” pero opina que “la colaboración es la manera de reducir la asimetría enorme que hay entre la facilidad eventual de ocultar dinero y la dificultad de transformar eso en una evidencia en un juicio”. Y añade: “La gente debe entender que hay que hacer un balance entre ser eficaz en la aplicación de las penas y seguir un criterio de justicia perfecta".
Por otro lado, F. -abogada y socia de un bufete brasileño que desea permanecer en el anonimato- concuerda con el buen papel de la legislación brasileña. “Brasil es un bebé en el mundo del compliance. Por un lado, nuestros reglamentos deben ser aplicados con mayor efectividad; pero por otro, Brasil está dando al mundo una lección de aplicación”.
Además, cree que la aplicación de la ley brasileña ha sido clave en este caso y que debido a ella, “la FCPA fue indulgente con estas compañías porque su propio país tomó las medidas necesarias para castigar a las empresas” como por ejemplo “poner a su CEO, Marcelo Odebrecht, entre rejas”.
La FCPA, su jurisdicción ¿universal? y las reformas por venir
En los años 70, la Comisión de Bolsa y Valores descubrió que más de 400 empresas registradas en Estados Unidos habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos a autoridades estadounidenses extranjeras.
En ese contexto, surgió la FCPA para potenciar una política legislativa con incidencia extraterritorial, es decir, tratar de expandir sus políticas internas más allá de sus límites territoriales. El objetivo de esta ley era penalizar los actos de corrupción cometidos fuera de Estados Unidos por personas naturales o jurídicas que posean vínculos directos con este país.
En teoría, la FCPA tiene jurisdicción por nacionalidad y por territorio. Sin embargo, la consecuencia de la globalización empresarial ha provocado que la ley crezca hacia una globalización legislativa anticorrupción que le otorga jurisdicción casi planetaria. Y es que el 90 % de las empresas multinacionales del mundo tienen relación directa con EE. UU., según afirma Raymond Vernon en su libro Soberanía en peligro: la difusión multinacional de las empresas de Estados Unidos.
Para Carlos Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), director del Programa CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance) y socio de BDO en Argentina, la aplicación de la FCPA en el caso Odebrecht no es un exceso. “La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados hoy por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Algo que hace pensar lo justo de la aplicación de la Ley es que el 80 % del resultante de la multa se quedara en Brasil como medio de reparación de los daños producidos”.
Cree que el impacto del caso Odebrecht se podría convertir con el tiempo en un “antecedente bisagra” y que acabará siendo un modelo para futuras resoluciones fronterizas.
De Michele cree que la aplicación de la FCPA “sobresale porque el resto de los países no han utilizado todos los mecanismos que también tienen a su disposición” aunque sí concuerda con la probable repercusión del caso para sentar nuevos modelos de gestión de futuros escándalos.
Divide las consecuencias del caso en responsabilidad hacia el pasado y hacia el futuro. “La investigación del caso se centra actualmente en determinar qué ocurrió y la responsabilidad de cada agente que ha intervenido. Pero también hay una responsabilidad hacia el futuro: mejorar los mecanismos de prevención para conseguir que esto no vuelva a ocurrir. Y creo que ahí el caso Odebrecht nos da varias señales de qué áreas deberíamos mejorar”.
Para De Michele hay tres medidas claras que se deberían tomar.
Primero, dotar a los organismos de investigación de mecanismos adecuados frente a casos de esta complejidad; segundo, medidas preventivas en el sector financiero y no financiero para prevenir el lavado de activos; y tercero, establecer sistemas regulatorios de supervisión aplicables a las empresas de América Latina.
El impacto en la región: el caso en Argentina
Más de una decena de países están involucrados de una u otra forma en el caso Odebrecht. Para medir en cuál de ellos ha tenido más impacto, De Michele propone tener en cuenta los siguientes factores:Cuánto se habría pagado en coimas en cada país.
- La generalización de la práctica. ¿Se ha convertido en un modus operandi o es un caso aislado?
- La importancia de la empresa Odebrecht en ese país, tanto en puestos de trabajo como en obras adjudicadas.
Valorando estos tres puntos, en primer lugar viene a la cabeza Argentina, donde se había extendido la idea de que el caso Odebrecht era un problema del kirchnerismo ya que, durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, la multinacional brasileña hizo grandes negocios.
En opinión de Carlos Rozen, “la legislación argentina ha jugado un papel lamentable hasta el momento, considerando que aún no se ha discutido en el Parlamento el proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para delitos de corrupción, que ha redactado la Oficina Anticorrupción” porque “no ha sido capaz de condenar la inmensa mayoría de hechos de corrupción, que fueron realmente cuantiosos”.
Concretamente, hablamos de 35 de millones de dólares en pagos de sobornos a intermediarios entre los años 2007 y 2014, según se explica en el acuerdo judicial de Odebrecht y Braskem, reproducido por Reuters.
“La corrupción de los funcionarios públicos involucrados está penada, pero las consecuencias recaen teóricamente sobre las personas, siendo muy complejo llegar a las condenas. De esta forma, las pocas empresas (en su mayoría filiales de compañías extranjeras) que han cometido delitos de corrupción en nuestro país, fueron sancionadas por FCPA; no por leyes locales, reiteramos, inexistentes”, insiste Rozen.
Actualmente, el escándalo ha alcanzado dimensiones aún mayores al tocar de cerca al jefe del espionaje argentino, Gustavo Arribas, -íntimo amigo del presidente Macri- por supuestas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. Ahora, la empresa tiene hasta el 1 de junio para presentar las pruebas y los testimonios del pago de las coimas citadas.
Mientras, Rozen considera que sería relevante plantearse cambios legislativos en Argentina. “Es importante propiciar los espacios para debatir y, en el mejor de los casos, sancionar; y luego reglamentar la citada legislación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción. Las empresas deben pagar penas de hasta el 20% de sus ingresos brutos por este tipo de delitos -según consta en proyecto de ley- y cuando el costo de la corrupción es mayor al beneficio obtenido, quienes cometen estos delitos comienzan a pensar dos veces antes de entregar un sobre”.
En Perú, expresidentes investigados
Hoy en día, el caso Odebrecht implica a más de 100 personas en Perú, convirtiendo incluso al expresidente Ollanta Humala en objeto de investigación. Y no solo a él: Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo ya están siendo investigados, ya sea por corrupción o por la relación del caso con algunos de sus colaboradores.
De una u otra forma, el escándalo roza a todos los presidentes peruanos desde la restauración de la democracia en 1980. Solo Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua -ambos fallecidos- se salvan de la quema.
Además, el caso Odebrecht afecta ya al resto de la población debido a la cancelación del contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión fue de 7.000 millones de dólares -la mayor en infraestructura en la historia del país-. El paro se debe a que Odebrecht, principal constructora del proyecto, no tenía la financiación necesaria para terminarla; por lo cual ha sido multada.
¿Y por qué se ha dado en Perú? En septiembre de 2016, Perú fue señalado por la Comisión Europea (CE) como posible paraíso fiscal. De los 86 países que fueron analizados, Perú fue uno de los 44 considerados como país con falta de transparencia y con prácticas de baja tributación -en forma de acuerdos preferenciales o en forma de nula tributación de las sociedades.
Además, según un informe de 2015 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al país ingresaron 5 mil millones de soles debido al lavado de activos procedentes del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Casualmente, los principales sectores en donde se suele blanquear ese dinero son la construcción y el comercio exterior.
Meses después de esos informes, parece que se han convertido en las primeras pistas para entender por qué Perú ha sido una de la jurisdicciones más implicadas.
En Overcoming the Shadow Economy, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ofrece consejos para evitar la opacidad en materia corporativa e incrementar la efectividad de la regulación de lavado de activos en países como Perú. “Existe un consenso cada vez mayor en el mundo de que los paraísos fiscales plantean un problema global: facilitan tanto el lavado de dinero como la elusión y evasión fiscales, contribuyendo no solo a la comisión de delitos sino a niveles inaceptablemente altos de desigualdad en la riqueza mundial”.
En Colombia
11 millones de dólares en sobornos es la cantidad que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia. Y no es solo relevante por su cuantía sino porque ha acabado salpicando al Gobierno del Presidente de Colombia –y premio Nobel de la Paz– Juan Manuel Santos, por el supuesto ingreso de un millón de dólares en su campaña para la reelección en 2014, según anunció el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Mientras tienen lugar las investigaciones, la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, ha señalado a la oposición de estar detrás de las acusaciones.
La denuncia ha surgido en la antesala de las elecciones de 2018. Y se suma al escándalo político que involucra a la campaña del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga, acusada también de recibir apoyo financiero de Odebrecht.
Además, el excongresista del Partido Liberal, Otto Bula, fue detenido en enero, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.
En México
En este país, Odebrecht ha reconocido pagos de hasta 10,5 millones dólares a funcionarios, realizados entre octubre de 2013 y diciembre de 2014.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera que el escándalo de Odebrecht en México es una de las 30 cuestiones de investigación prioritaria. Dentro del caso, dará especial relevancia a la construcción del gasoducto Los Ramones y al acondicionamiento del terreno en Hidalgo para la construcción de la refinería de Tula.
En otros países latinoamericanos
En Venezuela los pagos suman por ahora 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. Sin embargo, algunos expertos afirman que el monto puede ser mucho mayor debido a los importantes proyectos que Odebrecht tenía en el país y a la poca contraloría que se ejerce sobre obras públicas.
En el caso de República Dominicana, Odebrecht deberá abonar 184 millones de dólares al Estado dominicano en concepto de compensación a lo largo de ocho años, por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país. Hasta el momento, y además de Brasil, la República Dominicana es el único país latinoamericano que ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos.
Por otro lado, en Ecuador, 33,5 millones es la cantidad que funcionarios públicos recibieron entre 2007 y 2016. La Fiscalía ha pedido ayuda a España para tomar declaración a Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español.
En Panamá, Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con el Gobierno panameño para pagar una indemnización de 59 millones de dólares por los sobornos cometidos entre 2010 y 2014, así como se ha comprometido a colaborar con la investigación.
Y por último, en Guatemala, varios diputados, un exprocurador y exsecretarios aparecen citados en el expediente del Ministerio de Comunicaciones. Se valora si la imputación de cargos por cohecho pasivo, fraude, abuso de autoridad, peculado y tráfico de influencias, entre otros.
}
Add new comment