Hace más de un año, al registrarse un abrumador aumento en los casos de contagios y muertes por COVID-19, India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la liberación de las patentes de las vacunas contra el virus. Hoy la cifra de defunciones vinculadas al virus asciende a 5.1 millones de personas en el mundo y a 259 millones de contagios desde la aparición del nuevo virus.
El llamado de estas naciones encontró acogida en la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien en mayo aseguró que propondría la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual que protegen al desarrollo tecnológico detrás de las vacunas.
Este reclamo, que nace en los países periféricos, no ha podido materializarse, pese al apoyo de países productores como Estados Unidos y China. Apenas el 14 de octubre la OMC tuvo un tropiezo, pues los países fabricantes de vacunas, como Gran Bretaña y Francia, rechazaron la suspensión de patentes propuesta.
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La proposición de un grupo de países pobres consta de la suspensión de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que protegen los medicamentos, vacunas y tecnologías desarrolladas para enfrentar la pandemia.
El rechazo inicial de la solicitud, explicó la OMC, respondió a que los criterios de protección de propiedad intelectual entre los países no son los mismos y no queda claro cómo se utilizarán las patentes en caso de liberarse, ni las reglas o los alcances en el tiempo.
Sin embargo, el organismo que regula el comercio internacional llamó a los países que se oponen a no tener una visión binaria, sino a que se trabaje por lograr acuerdos que permitan el acceso del desarrollo médico relacionado con la pandemia a todos los países, especialmente los de bajos ingresos.
Pero la puerta para llegar a un consenso continúa abierta: el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) tendrá una nueva oportunidad de debatir el tema en el marco de la Conferencia Ministerial de la OMC, que se llevará a cabo entre el 30 noviembre y el 3 de diciembre.
Mecanismos alternos a la liberación
De acuerdo con la plataforma Our World in Data, solo 5.2 % de las personas que viven en países con ingresos bajos ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19.
Pero ¿liberar las patentes ayudaría a tener una mejor cobertura? ¿Es la oposición de las farmacéuticas y sus países una privación del acceso a la salud de los países con menos recursos?
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Para Fabiola Sáenz Quesada, abogada experta en propiedad intelectual en el despacho Consortium Legal en Costa Rica, la clave no está en quitar los candados de las patentes de las vacunas, sino en buscar los mecanismos que permitan el acceso a los países pobres sin descuidar la calidad de los medicamentos.
Sáenz Quesada explica, en entrevista para LexLatin, que la liberación de los derechos de Propiedad Intelectual que protegen los fármacos contra la COVID-19 desincentivarían la innovación e investigación tecnológicas que realizan las empresas farmacéuticas, toda vez que estas necesitan continuar con sus análisis y obtener ingresos por ese desarrollo médico para poder hacer frente a las nuevas cepas o variantes del nuevo coronavirus.
“La existencia y la protección de la propiedad intelectual es crucial para la inversión en investigación en innovación, lo que se traduce en un beneficio para la sociedad. Se ha recorrido un largo camino en la sociedad para hacer entender que el resguardo de la PI es un punto clave”, apunta la abogada de Consortium Legal Costa Rica.
Precisamente ese fue el país que, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó en mayo el ‘Repositorio de Derechos del Covid-19’, conocido como C-TAP, por sus siglas en inglés. Este mecanismo pretende que los medicamentos, vacunas y tecnologías relacionadas con la pandemia puedan ser accesibles a todos los países y sean considerados como “bienes públicos globales”.
Tanto esta propuesta como la diseñada sobre el sistema COVAX, que permite la donación de vacunas de países ricos a naciones pobres, ha sido calificada de carácter humanitario. Sáenz Quesada opina al respecto que el debate sobre el acceso a los fármacos debería -además- contener las inversiones de los países en sus sistemas de salud.
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Un punto crucial para la abogada experta en propiedad intelectual es que, aun si las patentes estuvieran a la ‘mano’ de todos los países, habría problemas en su producción, ya que los estándares de calidad que mantienen las farmacéuticas estarían en duda en países que no tienen la infraestructura para garantizar la inocuidad de los fármacos.
“Aun cuando las patentes estuvieran abiertas, hay otros elementos que vienen a jugar un rol de imposibilidad para poder producirlas: si las mismas casas farmacéuticas que tienen todo el potencial, toda la tecnología, no han podido dar abasto para proveer al mundo entero, no es un tema de patentes, sino de que la vacuna sea desarrollada con estándares de calidad y bajo la demanda extrema que requiere una pandemia, por más que se abrieran las patentes, estoy segura de que no llegarían a todos los países, incluidos los pobres”, asegura Sáenz.
La OMS, impulsada por una serie de países y aliados internacionales, ha buscado mecanismos para que la propiedad intelectual sea parte de un bien compartido en el caso de la pandemia. Sin embargo, ni la iniciativa de ‘Acceso Mancomunado a Tecnología contra la Covid-19’ ni el ‘Llamamiento a la Solidaridad’ del gobierno costarricense han surtido efecto en la cobertura de personas vacunadas.
Sáenz explica que, pese a la voluntad de los países, hay leyes nacionales y tratados internacionales que regulan no solo la propiedad intelectual, sino las formas de comerciar con esos bienes, que tienen algún resguardo por su valor tecnológico.
Lo anterior -además- retrasa la rapidez con la que podrían celebrarse acuerdos, negociaciones o cualquier tipo de levantamiento de candados de las patentes de medicamentos y vacunas que permiten contrarrestar los efectos del nuevo coronavirus.
Precios de los fármacos
Otro de los argumentos que se han esgrimido contra la propiedad intelectual, explica la experta en la materia, es que las farmacéuticas lucran de forma abusiva con la venta de medicamentos y vacunas. Esto para Sáenz, no es del todo cierto, pues si bien están teniendo su beneficio, el tema, considerando la investigación y los recursos invertidos, no es "de poca monta".
Sobre el tema, por ejemplo se sabe que la empresa alemana BioNTech recibió un pago de 185 millones de dólares de la farmacéutica Pfizer para iniciar la investigación y desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. En el acuerdo inicial entre las firmas, se estableció un pago total de 748 millones por los recursos que pudieran facturar las empresas por la venta de la, entonces, potencial vacuna.
Según el reporte financiero del tercer trimestre de Pfizer, sus ingresos por la venta de vacunas pasaron de 4.574 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2020, a más de 28.700 millones de dólares en el mismo periodo, pero de este año.
Esos ingresos significaron el 49.7 % del total de facturación reportada por Pfizer entre enero y septiembre de este año, mientras que, durante el mismo periodo del 2020, es decir, en los primeros tres trimestres, la contribución de la venta de vacunas a los ingresos totales de la farmacéutica solo fue de 15.1%.
Sáez indica que más allá de la liberación de las patentes, los gobiernos deben apuntar a una mayor inversión en el desarrollo tecnológico, en este caso en el campo de la medicina, para poder enfrentar de mejor forma los padecimientos de sus poblaciones sin que ello implique un perjuicio a la propiedad intelectual.
“Es importante que le demos un giro a ese sesgo, a esos criterios que dicen que la PI viene a entorpecer el acceso a los menos beneficiados; sí hay un perjuicio a ciertos segmentos de la sociedad, pero no es por las patentes o la propiedad intelectual”, concluye la abogada de Consortium Legal Costa Rica.
las exigencias por el acceso a vacunas
Luis Diego Castro-Chavarria, socio de Propiedad Intelectual en Arias - Costa Rica, coincide con la evaluación de Sáez, y explica que más allá de la liberación de las patentes de las vacunas, los países fabricantes han realizado donaciones a países que han tenido dificultades para acceder a los fármacos para inmunizar a sus poblaciones.
Más allá de la eliminación de barreras legales para el acceso a las investigaciones para producir las diferentes dosis, el socio de Arias, en Costa Rica, considera que es sería mejor el envío directo de vacunas a través de donaciones de corte humanitario.
Castro-Chavarría detalla que la infraestructura para fabricación de vacunas de vanguardia es casi inexistente en los países pobres y en vías de desarrollo.
“La licencia, de encontrarse protegida con patente la vacuna en ese país, únicamente les permitiría ir a contratar a un fabricante de otro país para que les produzca la vacuna”, asevera el abogado experto en Propiedad Intelectual.
Desde la perspectiva de Castro-Chavarría, la PI de ninguna manera obstruye el desarrollo de la investigación en salud, pero apunta que hay preocupaciones “reales” de algunos sectores que buscan una distribución más equitativa de los medicamentos, sin evitar o causar perjuicio a los derechos intelectuales.
El experto detalla que estos sectores, que velan por un acceso más extendido, sobre todo de los países pobres, a los desarrollos médicos, también buscan evitar dos tipos de abusos que son relacionados con la industria farmacéutica.
El primero de los problemas que identifica el socio de Arias es el abuso en el que podrían incurrir los titulares de derecho de patente sobre un medicamento al aprovecharse de una situación de emergencia, como una pandemia o emergencia sanitaria, para incrementar de forma desmedida el precio del medicamento patentado.
Y el segundo está relacionado con la venta solo a países que puedan pagar, con un margen rentable para la farmacéutica, las vacunas o medicamentos, aislando a los países pobres de la proveeduría de ese fármaco.
“La legislación de muchos países ya contiene disposiciones que buscan evitar estos abusos, pero la pandemia ha dejado patente que varios países no las tienen, o que teniéndolas su procedimiento de ejecución impide que se implementen ágilmente, tornando en ineficaz la norma”, remarca Castro-Chavarría
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