
Chile es reconocido en América Latina por sus avances en materia de compliance. Francisca Franzani, socia de DLA Piper - Chile, señala que el país ha aumentado el compromiso con la adopción de programas de cumplimiento en comparación con otros de la región, siendo, en efecto, uno de los pocos en contar con una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica.
“Chile ha seguido los estándares internacionales de Europa y Estados Unidos, lo que le ha permitido posicionarse dentro de América como un país con estándares altos de cumplimiento y, en efecto, tener índices de corrupción más bajos que otros países de la región”, dice la abogada.
Para Cristián Conejero Roos, socio director de Cuatrecasas Santiago, en comparación con otros países de la región, el país se distingue por su enfoque proactivo y estructurado en materia de cumplimiento, promovido por un sólido marco regulatorio que rige tanto a nivel público como privado.
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“Esto ha llevado a una mejora en la transparencia, a una gestión de riesgos más eficiente y preventiva, lo que redunda en una mayor reputación empresarial, posicionando a nuestro país como líder regional en la adopción de este tipo de programas”, asegura el abogado al destacar que se ha avanzado significativamente en temas ambientales, de prevención, cumplimiento tributario, laborales y protección de datos, lo que ha implicado adecuar políticas y protocolos al interior de las empresas y una constante necesidad, por parte de estas, de conocer e integrar las nuevas reglas del juego.
La más reciente encuesta de Miller & Chevalier, con apoyo de firmas de la región, da cuenta de una mejora en la percepción de los ciudadanos sobre el procesamiento de delincuentes involucrados en casos de corrupción y del creciente esfuerzo de las empresas para prevenir el flagelo a través de programas de cumplimiento, seguros de que este se convierte en un obstáculo para hacer negocios. El informe cita los casos de Corpesca y Convenios, que hacen patente la necesidad de contar con programas de compliance efectivos para combatir la corrupción.
Para Franzani, los programas de cumplimiento se han convertido, en cierto sentido, como mandatorios para las empresas, no solo en referencia a modelos de cumplimiento relacionados con la Ley de Delitos Económicos, sino también en materia de datos personales, protección al consumidor, libre competencia y laboral.
Agrega que para los directorios ha cambiado la importancia de la prevención y de contar con programas de cumplimiento, por lo que desde una gobernanza de “tone from the top” ha sido más fácil la adopción de estas medidas de control.
“Si bien no siempre se encuentra aparejada una sanción a las empresas por no contar con un programa de cumplimiento, hoy en nuestro país es algo latente, que agrega valor y que es absolutamente indispensable para la prevención de riesgos”, agrega.
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Las acciones en esta dirección continúan y, tal como comenta Conejero Roos, hay hitos muy relevantes y variados en cuanto a aprobación de leyes en el país, como la Ley de Delitos Económicos sobre las empresas, que entró en plena vigencia el año pasado y que pone foco en el cumplimiento normativo, la prevención de irregularidades y la adecuada cultura de gobernanza. Esto ha impulsado las acciones de empresas y sus directorios para que revisen y actualicen sus protocolos y funcionamiento para cumplir con los nuevos estándares establecidos.
En materia laboral han entrado en vigencia la Ley N° 21.651, que reduce la jornada de trabajo semanal de 45 a 44 horas en 2024 y a 40 horas en 2028, y la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, que exige a las empresas implementar un protocolo de prevención de acoso y violencia laboral, así como un procedimiento de investigación y sanción, que —de acuerdo con Conejero Roos— han impactado tanto al sector legal como a las empresas, promoviendo la adopción de nuevos procesos y protocolos en materia de transparencia y eficacia, así como en una necesidad de la especialización para afrontar adecuadamente su implementación en el entorno laboral.
A las leyes mencionadas se suman la nueva normativa tributaria, la Ley N° 21.713, el tratado para evitar la doble tributación con Estados Unidos y la nueva ley de protección de datos, que desde sus diversas complejidades y especificidades, impactan en los procesos de gestión y funcionamiento de las empresas, señala el especialista.
Motivo de preocupación
Varias son las preocupaciones esbozadas por los clientes de las firmas legales en relación con las normativas que han entrado en vigencia en Chile. De hecho, ha aumentado la demanda de asesorías en relación con la implementación de modelos de prevención de delitos y la adaptación a la nueva normativa tributaria y de protección de datos.
Franzani las resume así:
- La Ley de Delitos Económicos y los cambios en el régimen de responsabilidad penal empresarial, como el endurecimiento de las sanciones para el C-Level de las compañías y el incremento de los riesgos para las personas jurídicas debido a los nuevos delitos incorporados en la ley.
- Las modificaciones introducidas por la Ley Karin, que establecen un nuevo estándar en aspectos críticos para las empresas, como la convivencia y el clima laboral.
- La actualización en la protección de datos personales, donde —considera— el estándar de cumplimiento sigue rezagado en comparación con muchas legislaciones de la región y el mundo.
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“Afortunadamente, estas preocupaciones han comenzado a abordarse mediante la implementación de programas de cumplimiento transversales, diseñados para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo y promover un desarrollo empresarial sostenible. En este contexto, hemos tenido un progreso significativo en el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales”, expresa la abogada de DLA Piper - Chile.
A modo de ejemplo, el socio director de Cuatrecasas en Chile señala que los clientes deben entender cuáles de los nuevos delitos económicos son aplicables a su operación empresarial y las consecuencias de estos, ya que muchas veces no hay claridad por la diferencia subyacente entre la responsabilidad administrativa y penal, mientras que, en el caso del tratado para evitar la doble tributación suscrito entre Estados Unidos y Chile, las empresas deben evaluar las condiciones de sustancia para acceder a sus beneficios y reorganizar operaciones para evitar la elusión fiscal y garantizar que las reestructuraciones no sean impugnadas.
Refuerza que con la nueva ley de protección de datos personales las empresas deben comenzar a identificar sus brechas en la seguridad de cómo gestionar este tipo de información y trazar un plan de cumplimiento, por lo que no solo lo ve como una cuestión de cumplimiento legal, sino también una oportunidad para mejorar la confianza y competitividad a través del manejo ético y responsable de los datos.
“Todas estas medidas, que buscan adecuar nuestro cuerpo legal a los requerimientos propios de los tiempos que corren, presentan un gran cambio para generar un entorno regulatorio más robusto y transparente que favorezca la inversión, que sin duda van en línea con las recomendaciones de la OCDE”, explica Conejero Roos al admitir que todavía queda por avanzar.
Resaltar la posición privilegiada de Cuatrecasas para asesorar a sus clientes en las particularidades de estas leyes que, en su gran mayoría, siguen modelos europeos o recogen buenas prácticas internacionales con las que el despacho está muy familiarizado para conocer la normativa, entender su implicancia práctica, identificando y mitigando riesgos específicos en los más variados sectores, con base en experiencias pasadas.
Franzani coincide con su colega al señalar que hoy las firmas full service tienen una ventaja comparativa en el mercado a raíz de la incorporación de todas estas regulaciones, que requieren de distintas especializaciones.
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Perspectivas
Este año comienza la cuenta regresiva del mandato del presidente chileno Gabriel Boric, cuyo gobierno ha reforzado el cumplimiento con la aprobación de un paquete de leyes como las de cumplimiento tributario, delitos económicos, Karin y de datos personales. ¿Qué esperan las firmas legales para los próximos años?
Cristián Conejero Roos, socio director de la oficina de Cuatrecasas en Santiago de Chile, cree que en los próximos años se seguirá fortaleciendo la senda hacia la construcción de un entorno regulatorio más robusto y transparente, lo que incluye avances en materias como la transición energética y la simplificación de procesos regulatorios.
Espera que el gobierno introduzca y avance en proyectos de ley para mejorar la eficiencia y transparencia en sectores estratégicos, entre los que destaca la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, cuyo objetivo es reducir los tiempos de tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos estratégicos, lo que -sin duda- facilitará significativamente el crecimiento del portafolio de proyectos a nivel país que puedan entrar en fase de ejecución.
Además, prevé que se priorice la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo proceso legislativo culminó muy recientemente, por lo que piensa que las empresas deberán estar atentas a los nuevos requisitos y comenzar a preparar sus estructuras internas para cumplir con esta normativa, que incluye la creación de nuevos procedimientos para la gestión de datos, la respuesta a incidentes de seguridad, así como también la capacitación continua de su personal para asegurar que todos los niveles de la organización estén alineados.
“Creemos firmemente que la proactividad en la adaptación a las nuevas leyes disminuirá los riesgos legales y fortalecerá la reputación y competitividad en un mercado cambiante como el actual”, manifiesta el abogado.
Para Franzani, la nueva legislación probablemente amplíe el alcance del cumplimiento hacia nuevas áreas, adoptando un enfoque centrado en la prevención de riesgos, que se refleja en los cambios que se espera introduzca la Unidad de Análisis Financiero, particularmente en lo relacionado con la persecución de la corrupción y el lavado de activos, ajustes que cobran especial relevancia ante la incorporación de nuevos actores al mercado, como las empresas fintech. También anticipan avances significativos en el compliance en el sector público.
“Estamos atravesando un periodo de ajuste en el que tomar decisiones acertadas no solo genera beneficios a corto plazo, sino que también se convierte en un elemento estratégico para las empresas. Muchas organizaciones están en pleno proceso de implementación de programas de cumplimiento y adaptándose a nuevas formas de organizar el trabajo. El gran desafío será observar cómo la autoridad responde a estos cambios legislativos, destacando la prevención como la primera línea de defensa”, resaltó.
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