La nueva legislación minera mexicana establece que el Estado es el único que puede explorar y explotar el litio, es decir, en línea con los intereses del Ejecutivo, el Legislativo ha cerrado las posibilidades de otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones. Esto está señalado en el artículo 5 bis de la Ley aprobada el 20 de abril.
Se reconoce que el litio es patrimonio de la nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México. Las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta Ley.
En contexto, la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó un día después de la derrota de una iniciativa que pretendía dar más poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción de energía eléctrica.
El escenario que se configura para el mineral sigue la misma ruta de otros países como Bolivia. La reforma recién aprobada contempla la conformación de una paraestatal que explore, pero que también pueda usufructuar toda la cadena de suministro relacionada con el mineral.
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¿Qué sucederá con las concesiones de litio vigentes?
Bajo esa perspectiva, señala el doctor en derecho Marcos del Rosario, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), hay un par de obstáculos que enfrentarán las empresas que tienen concesiones vigentes: el primero es que si el gobierno permite que estas continúen explotando el mineral, en el mediano plazo tendrán que competir con la paraestatal creada para la explotación del litio.
“La reforma no establece qué va a pasar con las concesiones ya otorgadas y esto genera incertidumbre jurídica. Suponiendo que no hay revocación o cancelación de los títulos de concesión, va a haber un problema en el mediano plazo porque esas empresas van a tener que competir de forma desleal con el propio Estado, habrá una situación de inequidad”, detalla del Rosario, en entrevista para LexLatin.
De acuerdo con una iniciativa para regular el litio promovida hace un par de años por el senador Alejandro Armenta, de Morena (partido oficialista), desde el 2015 el gobierno mexicano explora yacimientos de litio en Sonora, Jalisco y Puebla a través del Servicio Geológico Mexicano, pero también hay una treintena de proyectos en manos de empresas privadas de origen canadiense, británico, español y australiano.
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Empresas activas
Del total de proyectos, la empresa OrganiMax Nutrient Corp reportaba, en 2020, 15 concesiones de salares de potasio y litio en las entidades de Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila, con una extensión de 424 mil hectáreas.
Además de estos yacimientos —que aún están en etapa de exploración— está la concesión otorgada a la canadiense Bacanora Minerals, que se alió con la empresa china Gangef.
Para este proyecto, ubicado en el estado norteño de Sonora, se realizó una inversión de 420 millones de dólares para la producción estimada de 17.500 toneladas anuales de carbonato de litio en una primera etapa, para luego doblar esa producción en los siguientes años.
Mining Technology calcula que este yacimiento tiene reservas probables de 243 millones de toneladas, por lo que sería el depósito más grande del mundo.
Bacanora Minerals ha señalado que el proyecto de litio de Sonora cuenta con recursos equivalentes a 8,8 millones de toneladas de carbonato de litio, con una vida útil aproximada de 250 años.
Conflictos venideros
Si, en cambio, el gobierno decide expropiar o retirar los títulos de concesión ya otorgados, explica Isidro Mendoza, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Justicia Constitucional, tendrá que establecer una indemnización y demostrar que la expropiación que impulsa cumpla con la ley, para ello deberá argumentar la causa de utilidad pública y el interés común para la nación.
La reforma a la Ley Minera ha dotado al Estado mexicano del monopolio del litio, pero no solo de su exploración y explotación, sino de toda la cadena de suministro, algo que no queda claro, según Óscar Ocampo, coordinador de Energías del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“El gobierno mexicano no cuenta con la tecnología para la exploración, tampoco para la producción de baterías”, remarcó Ocampo en entrevista.
Aunque a primera vista, puntualiza del Rosario, parecería que la reforma se limitó al no establecer qué pasará con las concesiones vigentes, el académico del ITESO indica que podría ser una estrategia del gobierno para abrir el campo de actuación y dejar en incertidumbre dichos permisos.
No obstante, si el gobierno busca eliminar las concesiones de litio ya otorgadas, es necesario que se realice bajo el procedimiento de expropiación contenido en el artículo 27 de la Constitución mexicana.
“Las empresas también pueden hacer valer la inconstitucionalidad de la ley y así como la vigencia del contrato de concesión minera, eso lo pueden hacer por vía del amparo o acudiendo a un panel internacional”, agregó Del Rosario.
Pese a ello, la industria del litio está en ciernes, pues aún no se conoce exactamente cuánto de este mineral hay en el país, agrega Ocampo.
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¿Por qué es importante el litio para América Latina?
El litio es cada vez más importante para la transición energética verde. Por ejemplo, es la pieza clave de los automóviles eléctricos, sus baterías se construyen a base de litio. La demanda de este mineral en la industria tecnológica solo va en aumento.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, México tiene reservas del mineral por 1,7 millones de toneladas cúbicas, una cifra que, comparada con las más de 9 millones de toneladas que se han descubierto en Chile, parece pequeña.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región tiene la mayor presencia de litio en el mundo, pues cuenta con el 52.3 % (sin tomar en consideración las de Bolivia) de las reservas mundiales del mineral.
En México, a partir de que el gobierno impulsara la reforma eléctrica, el litio cobró relevancia. Los debates abiertos en Latinoamérica tienen que ver con la gestión del mineral y, en específico, sobre el papel de los Gobiernos.
Hace unos días, el presidente de México anunció el interés en formar un trabajo conjunto entre México, Chile, Argentina y Bolivia para tratar este mineral.
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