25/07/2025
Brasil transita un momento clave, que está en manos de Lula Da Silva: ¿el presidente será capaz de vetar el proyecto de ley general de licencias ambientales? Mientras el mundo se prepara para la COP30, que tendrá lugar en la Amazonía, el mandatario brasileño enfrenta presiones de su propio gabinete, que ponen en jaque alianzas históricas con sectores agroindustriales del Brasil. ¿Por qué? Porque la ley facilita licencias ambientales sin estudios de impacto, marcando un retroceso sin precedentes en la protección de la región amazónica.
En paralelo, más de 350 organizaciones nacionales e internacionales emitieron una dura advertencia para que el mandatario dé marcha atrás de modo urgente con la medida, dado que las licencias ambientales especiales contemplan la aprobación express de proyectos “estratégicos”, es decir, sin análisis de impacto ambiental y sin considerar los posibles efectos adversos en las personas ni el planeta.
“Este proyecto no solo es perjudicial para el medioambiente, sino también para la salud, en particular de las comunidades indígenas y afrobrasileñas”, aseguró María Laura Canineu, directora adjunta de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch.
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¿En qué instancia legal está la ley general de licencias ambientales?
El 17 de julio de 2025, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley, conocido popularmente por la oposición como “PL de la Devastación”.
En mayo de este año, el proyecto había sido aprobado por el Senado con 54 a favor y 13 en contra.
El proyecto ahora está en manos de Lula Da Silva, quien tiene 15 días hábiles desde la aprobación para sancionar o vetar la ley, ya sea total o parcialmente. No obstante, el veto podría ser eventualmente anulado por la mayoría legislativa, lo que abriría una nueva disputa judicial en la Corte Suprema.
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¿Cuál es la principal controversia de la Ley general de licencias ambientales brasileña?
En principio, el texto simplifica el sistema de licencias ambientales. Por un lado, reduce los permisos a un solo paso (antes eran tres). Por otro lado, permite que los proyectos con impacto medio accedan al permiso con una autodeclaración digital, sin análisis técnico. Por eso, el veto presidencial está en un momento decisivo.
En este sentido, Human Rights Watch instó directamente a Lula Da Silva a vetar la norma, argumentando que vulnera derechos de pueblos indígenas y comunidades rurales que aún no están tituladas oficialmente.
Los puntos favorables establecidos en la ley
En contraparte, Fernanda Stefanelo, socia de las áreas Ambiental y ESG del despacho brasileño Demarest, explica que el proyecto mejora la definición de cuándo deben ser consultados los organismos representativos, mitigando la aplicación de criterios más subjetivos que se consideraban hasta ahora.
“Hay un cambio y una mejor delimitación en la forma en la que participan los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, y es a través de las autoridades que los representan, en el proceso de licenciamiento ambiental. El proyecto de ley establece que la autoridad licenciadora, ya sea federal, estatal o municipal, deberá solicitar la opinión de otros organismos, como los representativos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, cuando las actividades o emprendimientos afecten tierras indígenas homologadas; áreas restringidas por la presencia de indígenas aislados; o territorios quilombolas titulados”, diferencia.
Para la experta en derecho ambiental, a priori, el proyecto de ley no implicaría una devastación.
“Busca optimizar el licenciamiento y desburocratizar la implementación y operación de actividades y emprendimientos en Brasil, es decir, medidas necesarias para la mejora y fortalecimiento del escenario económico nacional”, sostiene Stefanelo.
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La presión ambiental
Una de las primeras fricciones de Lula Da Silva con su gabinete fue encabezada por Marina Silva, ministra de Ambiente.
“Este proyecto es un golpe mortal a la protección del ambiente”, denunció a viva voz la funcionaria.
El Instituto Socio‑Ambiental (ISA), por su parte, advirtió que la ley general de licencias ambientales pone en riesgo 18 millones de hectáreas y más de 3.000 áreas protegidas, incluidas tierras indígenas y quilombolas.
En contraste, sectores vinculados al agronegocio y autoridades proinversión respaldaron la reforma, alegando que es urgente destrabar varios proyectos de infraestructura y energía, especialmente en el contexto de exploraciones petroleras y agrícolas.
Si la norma sigue en pie, la Amazonía se expone a la deforestación severa: las empresas podrían extraer petróleo y gas, minar la zona, liderar obras públicas y favorecer los negocios agroindustriales completando una autolicencia online, sin pasar con controles ambientales, de impacto ni consultas públicas.
¿Brasil seguirá liderando la agenda ambiental global o manchará su legado justo antes de albergar la cumbre climática más relevante en el pulmón verde de América Latina?
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